La presencia de foráneos irregulares en las islas Canarias llegados por vía marítima no es una cosa de ahora . Hace 500 años comenzó formalmente a operar el Santo Oficio en las islas. Antes de 1524 hubo algunas medidas adoptadas pero fue con el nombramiento en ese año del bachiller Martín Jiménez como inquisidor apostólico de Canarias dio comienzo un período marcado por el progresivo control de la disidencia religiosa aunque en realidad era contra la presencia de extranjeros en tránsito en las islas.
El profesor Anaya González describe de esta forma los paralelismos de hace 500 años a los de ahora: "emigraciones dolientes de ida y vuelta, tolerancia e intolerancia, conforman esta trastienda histórica que permite atisbar en el presente la complejidad desde la que se va adecuando el estatuto de una población y sus múltiples mentalidades".
El marcaje de la Inquisición no solamente era a los navíos extranjeros ya que "desde el comienzo se controló barcos españoles cuando había alguna sospecha como la de tener tripulantes extranjeros", detalla el profesor Fajardo Spínola. Los malentendidos entre la Inquisición con los gobernadores militares de Lanzarote y de La Gomera indican que esta práctica estuvo vigente en 1808.
Cinco siglos después, el Vaticano prepara una visita a Canarias del Papa, que ha sido cuestionado por Vox por defender la apertura de fronteras a migrantes. El control fronterizo insular también tenía sus matices: a los procedentes de Berbería se les daba 30 días de plazo para que se convirtieran con orden de expulsión si no pasaban por sacristía.
Mientras las autoridades buscaban mano de obra, los comisarios canarios de la Inquisición subían a los barcos que hacían escala en Canarias ya no solamente para verificar que sus tripulaciones se marcharan sino para evitar que se mezclaran con los isleños, como señala Rumeu en 'Piraterías y ataques navales contra las isla Canarias'.
En 1558 se hizo un nuevo decreto de revisar la carga de los navíos más duro, "y fue el principio de la puesta en marcha de uno de los mecanismos de control con que hasta el final del Antiguo Régimen, que le permitió conocer los movimientos de los extranjeros, su procedencia, la carga de los navíos, quiénes venían a bordo", apunta el historiador Francisco Fajardo Spínola, que sentencia sobre esta medida: "era la impermeabilización de las fronteras frente a las ideas foráneas y a su principal vehículo de transmisión, los libros".
Martín Jiménez no era jurista y debió rodearse de asesores laicos que no le frenó a ejercer con dureza contra la presencia de judíos llegados de la Península a los que atribuía la ausencia de lluvias, peste y hambre. El gobernador de Gran Canaria de entonces, Diego de Herrera, intentó calmarlo y pidió a las autoridades de Sevilla que moderasen el aprendiz de jurista dirigiendo desde Andalucía los procesos insulares. A todo ello, tenía que inventarse el trabajo porque desde 1609 hubo amnistía a los moriscos canarios porque no eran musulmanes que hubiesen vivido de antiguo sino recién llegados) y al peligro de despoblación de las islas siendo el gobernador de Gran Canaria, Valderrama Tobar.
Sobre 1595, de acuerdo con las cifras del historiador Luis Alberto Anaya, profesor de la Universidad de Las Palmas (ULPGC), los moriscos sumarían unos 1.800 para todo el archipiélago, el 3,6%. Lobo Cabrera, profesor de la ULPGC, señala la existencia en Gran Canaria de 243 moriscos en e siglo XVI de una isla que no superaría los 5.000 habitantes. En Tenerife, en 1541, se afirma la llegada de 2.000 personas como mano de obra. En Agaete o Telde el 15,5% sería morisca en aquellos años.
Entre 1566 y 1610 la inmigración era clave en la agenda del Santo Oficio en Canarias siendo los asuntos de herejes un 25% de la carga de trabajo. "El tribunal se esmeró especialmente en combatir los delitos cometidos por extranjeros, constituyendo estos casi la mitad de los procesos", señala el abogado Eduardo Navarro Medina en un estudio publicado por la Universidad de La Laguna llamado 'Los inicios de la Inquisición en territorio de ultramar. Primer siglo de la actividad del Santo Oficio en Canarias'.
A medida que la Inquisición se fue implantando ya molestaba porque dañaba la economía de las islas con tanta obsesión contra los inmigrantes. Y es que si aparecían mercaderes con activos líquidos del norte de Europa con gente que buscaba quitarse el hambre en el archipiélago.
Con el paso del tiempo los jefes del Santo Oficio en Canarias se fueron acomodando y mandaban a la Península cifras altas de procesos en un intento de mantenerse en sus puestos siendo los portugueses los extranjeros que lideraban las denuncias. El profesor Fajardo Spínola detalla que en islas como Tenerife, con 1.500 extranjeros protestantes de Inglaterra y Países Bajos, la Inquisición inflaba las cifras para que no mermara su influencia social.
Claudio de la Cueva incrementó su presión sobre ingleses y holandeses, aspecto que fue protestado por la burguesía ante las autoridades de la Península, que lograron frenar el ataque al comercio exterior y lograr también que un total de 40 presos que eran marineros de buques de otras nacionalidades fueron puestos en libertad por el riesgo de que se colapsase la economía de las islas. También hacían especial seguimiento a la llegada de buques procedentes de Arguin, que está en Mauritania; pero no le sometían a sumarios porque era defensor de la Corona de España en esos lares.
Anaya González destaca un dato sobre la organización de la presencia morisca en Canarias: "el método para venir solía consistir en una previa negociación con las autoridades para conseguir garantías de buen trato a los que llegaban, generalmente grupos familiares, y quizás incluso la concesión de tierras. La causa radicó en la necesidad de repoblar que llevaba a sus señores a fomentar una política en este sentido, aceptando sin problemas a los que lo solicitaban. Los beneficios que aportaban estos emigrantes no consistían sólo los derivados de su trabajo como pastores y más tarde como agricultores, sino sobre todo su participación como adalides".
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