Primera toma de contacto. Así resumen fuentes presenciales la reunión que ha tenido lugar este viernes en la sede de la Fiscalía Provincial de Madrid entre las defensas de los controladores que provocaron el cierre del espacio aéreo en 2010 y los representantes del Ministerio Público y la Abogacía del Estado.
En el encuentro, que se ha prolongado durante dos horas, las distintas partes han hecho su planteamiento de cómo debería ser el posible acuerdo de conformidad que evitaría la celebración de un juicio, donde están obligados a sentarse en el banquillo de los acusados 136 controladores aéreos.
Para alcanzar una sentencia de conformidad, los controladores deberían reconocer los hechos delictivos que se le atribuye y, a partir de ahí, se pactaría la letra pequeña de la condena. Sin embargo, sus defensas -gran parte de los encausados están representados por el sindicato mayoritario, la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA)- han puesto una condición por encima de todas: si la condena que les impone el tribunal les obliga a dejar sus puestos de trabajo no se alcanzará ninguna conformidad. O dicho de otro modo: para que haya conformidad deben evitarse los despidos.
Los controladores están acusados de haber cometido delitos de abandono de función pública, de falsedad documental y de sedición. En su escrito de acusación, la Fiscalía pide que se les suspenda de su empleo por el plazo de un año por abandono de función pública y que se les condene a pagar una multa por la huelga salvaje que protagonizaron en diciembre de 2010. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas explican que el Estatuto de los controladores sostiene que serán expulsados de sus puestos de trabajos si lo delitos por los que se les ha condenado están relacionados con el ejercicio del cargo. Pero es más, si resulta una sentencia condenatoria en vía penal, la empresa a través de la vía laboral podría proceder a su despido procedente.
Hubo 70.000 afectados
Se trata de la primera de múltiples reuniones que se llevarán a cabo en las próximas semanas entre la Fiscalía y el resto de partes personadas en esta causa que se instruye desde hace siete años. Está previsto que los representantes del Ministerio Público se reúnan en los próximos días con las acusaciones particulares y, en enero, de nuevo con las defensas.
En estos momentos, la intención de la Abogacía del Estado -representante del Ministerio de Fomento- es alcanzar un acuerdo de conformidad con los controladores que lleve a una sentencia condenatoria pactada evitando la celebración de un juicio que podría prolongarse durante más de año y medio y donde AENA es para el Ministerio Público la responsable civil subsidiaria de los hechos atribuidos a los 136 controladores aéreos.
Los daños causados durante las 24 horas que entre los días 3 y 4 de diciembre de 2010 los aviones no pudieron sobrevolar el territorio español en las vísperas del puente de la Constitución -lo que provocó que se decretase el estado de alarma- ascenderían a cientos de millones de euros. Se cancelaron 5.000 vuelos y hubo 70.000 afectados.
Sin embargo, para que una conformidad pueda ser alcanzada deben poner de acuerdo todas las partes personadas en la causa: defensas y acusaciones. De hechos, las distintas fuentes consultadas apuntan a que si se logra cerrar un acuerdo finalmente, se trataría de una conformidad histórica dado el gran número de afectados e investigados que hay en esta causa.
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