El juez Francisco Javier Tejeiro, titular del Juzgado 3 de Madrid, ha dictado un auto en el que prepara el juicio contra 120 controladores aéreos, en relación con el cierre del espacio aéreo en 2010 y por supuestos delitos de abandono de funciones públicas en relación con otros de sedición y falsedad.
En su auto el juez termina su investigación de los citados hechos y considera que hay indicios de los citados delitos, de los que podrían ser autores más de cien controladores y también los miembros de la Junta Directiva del sindicato Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), a quienes considera responsables del cierre del espacio aéreo.
Durante el puente de la Constitución de 2010, dice el juez, hubo entre los imputados "un concierto previo de voluntades orientado al abandono voluntario y general de sus funciones, negándose a atender el servicio con la falaz argumentación de verse ficticiamente afectados por una supuesta crisis de ansiedad y stress". Los imputados, sigue el juez en su auto, convinieron "en redactar de forma masiva, y en términos muy similares (...) los impresos de solicitud de baja médica".
De este modo, siguiendo instrucciones de los responsables del sindicato mayoritario (USCA), presentaron formularios de disminución de capacidad psicofísica de "manera coordinada e imprevisible", lo que provocó el cierre del espacio aéreo con declaración del estado de alarma y, en último término, el caos generalizado en los aeropuertos, expone en su escrito el juez.
En su auto, el magistrado pregunta al fiscal y al resto de las acusaciones para que en dos meses formulen escrito de calificación de estos hechos, que según el magistrado podrían constituir los citados delitos, y pidan la apertura de juicio oral contra los imputados o, si lo consideran oportuno, el archivo o la práctica de alguna nueva diligencia.
La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) había solicitado al Juzgado 3 de Madrid el archivo de la investigación sobre el supuesto abandono de sus puestos de trabajo por los controladores aéreos, con el argumento de que el cierre del espacio aéreo fue una decisión "unilateral" de AENA, por lo que es previsible que recurran contra la decisión del magistrado. El abogado de los imputados señalaba en su solicitud al juez que un total de diecinueve juzgados y fiscalías de toda España, donde se han visto procedimientos judiciales contra los controladores aéreos, han estimado que no había delito y han decretado el cierre de las causas.
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