Corinna Larsen ha eliminado todas las referencias al CNI de la demanda por acoso que presentó contra el rey emérito Juan Carlos I en diciembre de 2020 en Londres, según ha adelantado este sábado el diario El Mundo. El objetivo de la modificación de la demanda es "adaptarse a las últimas novedades del caso" y mantener íntegros los 64,8 millones de euros que Juan Carlos le transfirió en el año 2012.
Con esta modificación, desaparecen de su denuncia todas las supuestas acciones de seguimiento que los servicios de inteligencia habían realizado contra ella desde el año 2012, siguiendo, presuntamente, órdenes tanto del entonces Rey como del exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán. En su denuncia, aseguraba que el seguimiento rozaba el acoso a ella y a su entorno y solicitaba, entre otras cosas, una orden de alejamiento para el rey Juan Carlos.
La empresaria alemana se centra en estas últimas versiones en acusar directa y personalmente al propio Rey Emérito y a Félix Sanz Roldán (en calidad de amigo personal y no como director del CNI) "del seguimiento abierto y encubierto" que había sufrido durante años en Londres y Montecarlo, ciudades en las que tenía residencia.
Según el citado diario, la eliminación de todas las referencias a los servicios de inteligencia tiene como objetivo reforzar la idea de que el Emérito actuó como ciudadano privado, y no como Jefe de Estado, para que, de esta manera, pueda ser juzgado y quede libre de inmunidad.
Además, con este movimiento, el propio Estado español quedaría libre de cualquier responsabilidad, algo que el Gobierno siempre ha deseado, alegando que se trata de asuntos privados del padre del actual Jefe de Estado.
Asímismo, Corinna Larsen reclama una compensación económica por daños y perjuicios. Aunque no se especifica la cantidad exacta que solicita, fuentes conocedoras del caso explican explican al diario que se corresponde con la suma a la que tiene que renunciar en caso de que se le aplique la legislación española sobre el dinero que el exmonarca le transfirió en el año 2012.
Si se le aplica la ley, las infantas Elena y Cristina podrían reclamar parte de este dinero como herencia (el rey Felipe VI renunció a ella) y Corinna tendría que renunciar a parte de la transferencia, pese a que ella asegure que es una "donación sin retroceso" e "irrevocable" que no podrían reclamar sus herederos.
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