Desde que Corinna Larsen interpuso oficialmente la demanda contra el rey emérito en el Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido, se ha venido librando una contienda entre las partes al más alto nivel que gira en torno a un único asunto: la inmunidad de Juan Carlos I. De hecho, su defensa legal ya presentó a finales de junio un escrito de excepción procesal en el que apuntaba que Inglaterra no tenía jurisdicción para estudiar el contenido de la acción penal que inició Larsen a finales de diciembre del año pasado en calidad de presunta victima de una campaña de acoso.
Fuentes cercanas a este procedimiento consultadas por Vozpópuli explican que se ha llegado a esta vista previa después de que las partes hayan presentado diferentes informes periciales con el único fin de delimitar la competencia de los tribunales británicos para conocer este asunto. Así, tras la demanda interpuesta por la consultora alemana (que fio su defensa para este litigio al abogado James Lewis), el despacho Clifford Chance, que representa al emérito, presentó una excepción procesal en junio que fue respondida en octubre por el equipo legal de Corinna.
Los argumentos esgrimidos por la defensa del padre de Felipe VI residen principalmente en que la figura de Juan Carlos y su aforamiento viene regulada por un estatuto especial que se redactó tras su abdicación en 2014 y, por tanto, se le podría aplicar la inmunidad de la que gozaría si todavía fuera jefe de Estado. Muy en concreto, se apeló al artículo 20 de la Ley de 1978 sobre la inmunidad de los Estados (State Inmunity Act, por sus siglas en inglés) que extendería la inmunidad diplomática al jefe del Estado (Felipe VI) y a la familia más estrecha del monarca.
Frente a este argumento se sitúa el de los abogados de Corinna Larsen. De acuerdo con la documental que obra sobre en esta causa, y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, la que fuera amiga íntima de Juan Carlos I respondió que ya no gozaba de condición de jefe de Estado y que, la única persona con inmunidad de acuerdo a lo plasmado en las leyes inglesas, es Felipe VI. Al hilo explica que el demandado no es "dependiente" del rey, como así lo estipularía la normativa británica y que los objetos que se estudian en esta demanda tuvieron lugar después de su abdicación en 2014.
El ejemplo de Pinochet
A la vista de estos informes técnicos, el Tribunal Superior de Justicia que estudia este asunto requirió a las partes que remitieran una notificación en la que explicaran los puntos relativos a la inmunidad de Juan Carlos I en los que estaban de acuerdo y, también, en los que divergían. Ambos coincidieron en los hechos relativos a la condición de Rey de Juan Carlos de Borbón hasta 2014, pero discreparon en todo lo relativo a hechos posteriores a esa fecha.
Además, los abogados del prestigioso despacho Clifford Chance recurren a las relaciones de la Casa Real española con la británica y que se remontan al siglo XVIII. Al respecto, apelan al Tratado de Utrecht que se firmó en 1713 para poner fin a la Guerra de Sucesión Española. En su argumento sobre la demanda, indican que este reconocimiento entre las dos familias reales ha sido respetado durante siglos y es "piedra angular" del principio de inmunidad soberana.
Pero no solo aluden a las relaciones históricas entre España y Reino Unido, sino que también recogen ejemplos como el del dictador chileno Augusto Pinochet -detenido en Londres en 1998-, y otros casos de príncipes saudíes, de acuerdo con estas alegaciones de parte. En los mismos han participado los prestigiosos penalistas Bernardo del Rosal (como miembro del equipo que defiende al emérito) y José Antonio Choclán, integrante del equipo jurídico que asiste a Corinna Larsen. Ambos se han centrado en lo relativo a la cuestión de la inmunidad.
Ocho años de vigilancias
De este modo, las audiencias celebradas en Londres este lunes y martes estaban centradas únicamente en la competencia del tribunal para seguir el asunto, por lo que no se ha abordado el fondo del mismo. En la demanda interpuesta el pasado mes de diciembre, la consultora denunció que el monarca se habría valido de los servicios de inteligencia españoles para impulsar una serie de vigilancias que comenzaron en el año 2012, tras el famoso viaje a Botsuana del que se filtraron fotos en prensa cazando a un elefante.
Corinna relata que sintió amenaza su seguridad y la de sus dos hijos y que, además, se originó una campaña de difamaciones en su contra con el fin de desprestigiarla. La empresaria relató que se conocieron en 2004 y que, poco tiempo después comenzaron una relación sentimental. La misma habría terminado en 2009, año en el que el todavía monarca le habría pedido matrimonio. Según explica, el motivo de la ruptura residió en que descubrió que la relación "no era exclusiva, en lo que concernía al demandado". No obstante, la relación de amistad entre ambos siguió debido, en parte, al afecto que Juan Carlos I tenía al hijo pequeño de la alemana, que ahora tiene 18 años.
Con todo, los alegatos recogidos en esta demanda no son nuevos. Corinna ya se refirió al espionaje que sufrió primero en Mónaco y luego en Londres durante su participación en el juicio que enfrentó a José Manuel Villarejo con el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán. En esa vista, en la que intervino en calidad de testigo, explicó con todo tipo de detalles que el comisario jubilado no se inventó las amenazas de muerte que dijo que había sufrido, sino que eran ciertas. Además, dijo que llegó a reunirse con Sanz Roldán en Londres y que le avisó de las consecuencias acerca de si hablaba de su presunta relación el emérito. El general, por su parte, negó los hechos.
