Como "incoherencias" y "contradicciones" que pueden revertir de forma negativa en la gestión de la pandemia y generar "una mayor confusión e incertidumbre" entre la población española. Así definen los epidemiólogos tres medidas anticipadas esta semana por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón: relajar "en cuestión de días" el uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos, vacunar a todos los adolescentes de entre 12 y 16 años antes de que comience el nuevo curso escolar y dejar que sean los más de un millón de españoles menores de 60 años que ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca quienes, en última instancia, decidan entre recibir la segunda dosis de la firma británica o sustituirla por la vacuna de Pfizer.
"Las tres cuestiones han sido planteamientos totalmente contradictorios y erráticos por parte del Gobierno que no contribuyen a la toma de decisiones coherentes en la gestión de la pandemia y que generan en la población una mayor incertidumbre y mayores dudas", asegura Daniel López-Acuña, epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Y es que apenas un mes y medio después de que el Gobierno aprobase por decreto el uso obligatorio de las mascarillas en todos los lugares abiertos, incluso en la playa sin tener a nadie a menos de un metro y medio de distancia, Fernando Simón sorprendía el lunes a toda España afirmando que "en cuestión de días" algunas comunidades autónomas podrían eliminar el uso obligatorio de la mascarilla al aire libre.
Una medida que ya se está empezando a poner en marcha en Estados Unidos y Reino Unido, con más del 70% de la población vacunada, pero que los expertos ven contraproducente en España debido a que aquí solo ha recibido la pauta completa un 16,6% de los ciudadanos.
"Hay decisiones del Gobierno español que no tienen ningún sentido y esta es una de ellas porque, además, seguimos sin hacer test suficientes y los asintomáticos, más aún si se relaja el uso de las mascarillas, pueden seguir contagiando", explica Jeffrey Lazarus, doctor en epidemiología e investigador principal en el Instituto de Salud Global de Barcelona.
"Simón y el Gobierno deben frenar esta medida y esperar a que al menos el 70% de la población esté vacunada para poner sobre la mesa entonces el debate sobre relajar su uso en interiores. Apoyo que se elimine la mascarilla en espacios abiertos, pero es que actualmente hay gente que acude a los gimnasios a clases de yoga en espacios cerrados sin que se les exija mascarilla, estar vacunados o llevar una PCR negativa, como sí está haciéndose en otros países como Dinamarca", añade.
"Es absolutamente prematuro discutir el uso de las mascarillas", coincide por su parte López Acuña. "De hecho, es lo último que deberíamos discutir y hacerlo solo cuando la incidencia esté por debajo de los 25 casos por cada 100.000 habitantes y el 70% de la población esté vacunada, porque es una medida a la que ya se ha acostumbrado la gente y porque no afecta a las libertades fundamentales de movilidad o de reunión, como sí ocurre con otras restricciones", agrega el exdirectivo de la OMS.
Vacunar a los adolescentes contra el criterio de la OMS
Solo un día después de que Simón anunciase la posible relajación del uso de las mascarillas a corto plazo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, adelantaba el martes que el Gobierno baraja ya la posibilidad de vacunar a todos los adolescentes de entre 12 y 16 años antes de que comience el curso escolar si la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) lo autoriza.
Una decisión que choca frontalmente con la recomendación de la OMS a los países desarrollados de no vacunar a los niños antes de que las naciones más empobrecidas hayan podido inocular a sus poblaciones de riesgo, y contrasta también con las propias palabras de Darias, apenas dos días después, el jueves, instando a todos los países de la UE a sumarse a la iniciativa española 'Vaccines for all'.
"Que un Gobierno socialdemócrata proponga esto, cuando estamos viendo que en India, Brasil y otros países el virus está fuera de control, es muy poco solidario", advierte Jeffrey Lazarus. "Si no ayudamos allí vamos a tener problemas aquí, además, por la posible aparición de nuevas cepas", añade el epidemiólogo.
"Mezclar las vacunas de Pfizer y AstraZeneca parece una locura"
La tercera de las medidas adoptadas esta semana por el Gobierno español, y aprobada por las comunidades autónomas en el último Consejo del Sistema Interterritorial de Salud, es la de permitir a los menores de 60 años vacunados con una primera dosis de AstraZeneca elegir, mediante la firma de un consentimiento informado, si completan la pauta con esta misma marca o con Pfizer. Una medida respaldada este viernes por el Comité de Bioética de España.
"Basar esta decisión en un estudio del Instituto de Salud Carlos III, que se ha realizado en fase II y con una muestra de 600 personas, parece una locura. No se puede hacer eso porque el estudio, además, solo ha analizado si la vacuna de Pfizer produce efectos adversos en quienes han sido vacunados con AstraZeneca, pero no se ha comparado su efectividad con la segunda dosis de AstraZeneca ni con otras vacunas como podría ser la de Moderna", indica Lazarus.
Como ejemplo, recuerda que en Reino Unido y otros países europeos son millones de personas las que han recibido la segunda dosis con AstraZeneca, una muestra mucho mayor a la analizada en el estudio del Instituto Carlos III en el que se ha fundamentado la decisión de Sanidad y las comunidades autónomas. "Incluso la EMA, después de analizarlo, ha dicho que no hay ningún problema grave con la segunda dosis de AstraZeneca", añade López Acuña.
"Esta no solo es una mala decisión, sino que genera mucha más incertidumbre en la población. No puedes dejar la decisión en manos de los ciudadanos y encima hacerles responsable de ello", apostilla el epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona.
"Una decisión política no basada en criterios científicos"
Los epidemiólogos, como ya han señalado algunos presidentes de comunidades autónomas, como el gallego Alberto Núñez Feijóo, tampoco entienden las razones por las que se exige consentimiento de los ciudadanos menores de 60 años para recibir la segunda dosis de AstraZeneca, pero no para el resto de vacunas.
"Estamos ante una decisión política y administrativa, pero no basada en criterios científicos. Que no traten de engañarnos usando el estudio del Instituto Carlos III como argumento. Si en realidad esta decisión se toma por un incumplimiento del suministro por parte de AstraZeneca o por los nuevos compromisos comerciales suscritos con Pfizer, el Gobierno debería decirlo. Todo esto genera más confusión, desafortunadamente", concluye López Acuña.
