Jueces, fiscales y abogados coincidieron: la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó medidas insuficientes para hacer frente al coronavirus. Los gremios señalaron directamente a Carlos Lesmes, presidente del órgano de gobierno de la judicatura, y amenazaron con pedir su dimisión si no había cambios efectivos. Ante la pandemia, pidieron "establecer medidas concretas y globales para todo el territorio nacional que garanticen la seguridad y salud tanto de los usuarios como de los profesionales de los juzgados". Mientras llegaba la respuesta esperada, los juzgados de todo el país intentaron paliar la situación con decisiones individuales, dispares y descoordinadas.
Los primeros en actuar fueron dos juzgados de la Comunidad de Madrid que acordaron suspender juicios por decisión personal de sus respectivos magistrados. Aquello tuvo lugar el martes. Ante tales actuaciones y tras el aumento de casos de COVID-19, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avisó que se reuniría el miércoles de forma extraordinaria para limitar las decisiones individuales y unificar el criterio en el sistema judicial para hacer frente a la propagación del virus. La judicatura en bloque criticó las medidas.
La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Independiente de Fiscales firmaron un comunicado conjunto contra el plan de actuación aprobado por Lesmes. En el escrito, cargaron contra el Poder Judicial por establecer que cualquier cierre o suspensión por razones sanitarias tendría que adoptarse por el juez siempre previa autorización del presidente del tribunal correspondiente. Autorización, que según consta en el documento de la Comisión Permanente, debía que ratificar el propio CGPJ.
Un CGPJ "irresponsable"
Las cuatro asociaciones firmantes señalaron directamente a Lesmes por la respuesta "tardía, insatisfactoria, confusa y obstruccionista al problema". Insistieron en que dejar la suspensión en manos del juez o jueza, "sin establecer un criterio claro de suspensión homogéneo" en toda España, es "irresponsable" y acarrea "una disparidad de criterios constatables" por los asistentes a las sedes judiciales.
Las AAJJ y FF reclamamos que el CGPJ modifique inmediatamente el acuerdo del 11M en el sentido de establecer medidas concretas y globales frente al #CODVID19 para todo el territorio nacional que garanticen la seguridad y salud de todos. De no hacerse, Carlos Lesmes debe dimitir. pic.twitter.com/oRu6IfsDwL
— AJFV Jueces (@JuecesAJFV) March 12, 2020
Desde el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid recordaron que los letrados se encuentran "entre los principales usuarios de la Administración de Justicia y, por tanto, están asumiendo un riesgo de contagio en el ejercicio diario de su profesión". Por ello, elevaron peticiones al Poder Judicial para que se acordara la "suspensión de todas las vistas y actuaciones judiciales que no tengan el carácter de urgentes".
Decisiones individuales
El acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del CGPJ llevó a los órganos judiciales de todo el país ha tomar decisiones individuales, dispares y descoordinadas que requieren del aval del Poder Judicial. Solo en un día el Tribunal Superior de Justicia de Madrid recibió 430 solicitudes para suspender actividades judiciales. Mientras, el órgano judicial confirmó dos casos de coronavirus en sus juzgados.
Desde el jueves, los funcionarios, los letrados de la administración de Justicia y los magistrados del Juzgado de Instrucción número 32 y los del Juzgado de Primera Instancia número 77 se encuentran en cuarentena. Ante la situación, la juez decana de Madrid prohibió el acceso del público a los edificios de los juzgados; en concreto, acordó que solo se permitiera el acceso a las infraestructuras a aquellas personas que citadas por el órgano judicial. El juez decano de Almería hizo lo propio.
Suspensión de actividades
Tras la lluvia de peticiones de varios Tribunales Superiores de Justicia y las críticas de la judicatura, el Poder Judicial suspendió este sábado los plazos procesales y todas las actividades judiciales programadas salvo urgencia o causa con preso. Tras cuatro días de reclamos y justo después de que el Gobierno aprobara el estado de alarma, la Comisión Permanente acordó extender el escenario tres a todo el territorio nacional.
La Audiencia Nacional ya había acordado suspender todos los juicios y actuaciones judiciales hasta el 30 de marzo. La Junta General de Jueces de Granada ya había ha aplazado todos los actos judiciales que conlleven la comparecencia de personas para evitar contagios. Y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ya había solicitado la suspensión de todas las actividades judiciales excepto aquellas que sean “urgentes e inaplazables”.
Entre los juicios que tendrán que esperar a que pase el estado de alarma nacional destacan el que se iba a realizar el próximo 23 de marzo contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo por un presunto delito de calumnias contra el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia Félix Sánz Roldán. También se suspenden los juicios contra Ausbanc y Manos Limpias; contra el mayor José Luis Trapero y la cúpula de los Mossos d'Esquadra y contra los cabecillas de la trama Gürtel por la supuesta contratación irregular de una empresa de Gürtel para actos celebrados por la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006.
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