El cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, que será juzgado a partir del lunes en la Audiencia Nacional junto a otros 19 acusados por la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia a través de la trama, negocia con Anticorrupción un acuerdo de conformidad que atenue su condena a cambio de reconocer los hechos y reparar el daño.
Se trata de la posibilidad de un acuerdo del que Correa ha dado ya cuenta al Juzgado Central de lo Penal, ue juzgará estos hechos, a través de un escrito, al que ha tenido acceso Efe, y en el que reconoce que el PP de Valencia pagó en 'B' trabajos en campañas electorales contratados a Orange Market, la empresa valenciana de Gürtel del también acusado Álvaro Pérez, "El Bigotes".
Según la confesión de Correa, ese dinero 'b' de Valencia se trasladaba después a Madrid para guardarlo en una caja "b" que él controlaba y de la que pagó a "El Bigotes" un sueldo por no poderle meter en nómina por sus problemas con Hacienda, tal y como ya relató en el juicio por la primera época de Gürtel (1999-2005).
Tras expresar su deseo de colaborar con el Juzgado y la Fiscalía para "esclarecer los hechos" y asegurar que son "ciertos" los que le atribuye la Fiscalía en su escrito de acusación, relata que la sociedad Orange Market fue creada por la trama cuando dejaron de trabajar para el PP en Génova. A través de un contacto de "El Bigotes", prosigue el escrito, llegaron hasta el expresidente valenciano Francisco Camps y comenzaron a trabajar para el PP en Valencia.
El pago por sus servicios en campañas electorales, según su versión, se los abonaba el PP a Orange Market de tres formas: mediante facturas correctas, pagos en "b" o la creación de facturas ficticias que se giraron a distintos empresarios por trabajos no realizados realmente a sus empresas.
Si bien admite que estaba al corriente de esa forma de pago, asegura desconocer los detalles de "tales operaciones", y explica los roles de cada uno: "El Bigotes" se dedicaba a la captación de los eventos y su desarrollo, el segundo en la trama, Pablo Crespo, y otro integrante del llamado grupo Correa, Cándido Herrero, supervisaban desde Madrid los costes de los eventos.
En este nuevo juicio, en el que se sentarán 20 acusados en el banquillo -entre ellos los exdirigentes del PP Ricardo Costa o Vicente Rambla- Correa se enfrenta, antes de alcanzar un acuerdo, a una petición de la Fiscalía de 24 años y medio de cárcel.
Reparación del daño
Por el momento, el juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, al que corresponde juzgar estos hechos, asumía en diciembre en un auto, al que ha tenido acceso Efe, la petición, firmada por Correa, de desbloquear dos cuentas en Suiza a nombre de Golden Chain Properties en la entidad Crédit Suisse "para proceder a la reparación del daño causado".
Al decretar el desbloqueo, acordado al estallar el caso en 2009, el magistrado concretaba que solo se debe extraer de esas cuentas los 2 millones de euros que la Fiscalía estima que se defraudó al financiar de forma irregular las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 a través de la trama Gürtel y sus vínculos con la excúpula del PP valenciano.
"La petición es plenamente atendible dada la expresa petición del titular de las cuentas" expone el juez, que explica que la repatriación de los fondos "no solo posibilita la pronta recuperación de la suma defraudada al perjudicado, (...) sino que puede fundamentar la atenuante de reparación antes mencionada con la consiguiente disminución de la pena a imponer al acusado".
Esa rebaja en la pena es posible -añade el auto- "al facilitar la acción de la justicia, y la agilización de la causa", y por "existir un alto grado de probabilidad además que el encausado Francisco Correa extienda su colaboración" para "el total esclarecimiento de los hechos y la determinación de los responsables criminalmente de los mismos".
El pasado febrero, los nueve empresarios acusados en este juicio de financiar al PP llegaron a un acuerdo con la Fiscalía y admitieron esa financiación irregular al partido a cambio de ser condenados a penas leves. Uno de ellos, el empresario Enrique Ortiz, también procesado en el caso Brugal, en un escrito presentado ante el juez instructor de Gürtel, José de la Mata, admitió los hechos y pidió la aplicación de la atenuante de "confesión tardía" y que se le condene a 15 meses de cárcel frente a los 4 años que la Fiscalía pedía provisionalmente para él.
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