El juez José de la Mata advierte de la "complejidad, extensión y volumen que han alcanzado" las actuaciones llevadas a cabo por su Juzgado en el caso 3%. Esta misma semana, el magistrado ha abierto una nueva pieza separada en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Esta vez, para investigar el presunto blanqueo de capitales desarrollado por excargos de Convergència Democrática de Catalunya (CDC).
La decisión tiene lugar cinco años después de que se iniciaran las pesquisas en un Juzgado de Vendrell y casi dos desde que se enviaran las diligencias al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Las formaciones CDC y PDeCAT permanecen imputadas como personas jurídicas desde 2018. A ambas se les atribuyen presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo.
El magistrado, sin embargo, avisa que la estructura de financiación ilegal y posterior blanqueo en Convergència "no se limita a los períodos temporales y actividades investigadas en esta causa". Según consta en el auto, desde 1999 se recibieron en el partido "grandes cantidades de dinero en efectivo" en concepto de "comisiones" para "asegurar el flujo de adjudicaciones" .
Estrategia de financiación ilegal
El juez instructor cifra en 3,7 millones de euros las entregas de efectivos realizadas entre 200 y 2007 que acabaron en las manos de los tesoreros de CDC Carles Torrent y Daniel Osácar, ambos investigados en la causa. Adicionalmente, las pesquisas desvelan que el partido se benefició directamente de los ingresos que recibían en concepto de "donaciones" la Fundación Ramón Trias Fargas (ahora CatDem) y la Fundación Privada Fórum de Barcelona.
En este sentido, De la Mata considera que la estructura que se investiga en la Audiencia Nacional "no se conforma de manera asistemática y casual, sino ante una estrategia cuidadosamente planificada e implementada para financiar ilegalmente a CDC, en forma encubierta". A su juicio, todo corresponde a "un plan preconcebido, proyectado en el tiempo con una visión de largo plazo, ordenado de acuerdo con las directrices emanadas de la cúspide de la organización".
Según dice, el liderazgo de esta organización estaba integrada por "varias personas, que se ocupaban de implementar la estrategia acordada por los líderes y distribuir los fondos ilícitos obtenidos". Insiste en que no se trata de un grupo de personas concertados para la comisión de un acto delictivo, sino de una "estructura estable, permanente y sostenida en el tiempo, con un patrón de funcionamiento cuidadosamente planificado". Dicho patrón, añade, era implementado por "los responsables del área económico-financiera de CDC" para "financiar ilícitamente al partido político mediante la venta de influencias en la adjudicación de contratos públicos".
"Abuso de poder"
El magistrado sostiene que todos los implicados en la trama actuaron con un solo fin: "subvertir el estado de Derecho y, mediante un intenso abuso de poder, usar la dirección de las Administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil en el caso de los empresarios, y organizacional en el caso concreto del dirigente del partido político, consiguiendo una financiación ilegal para el mismo, acarreando un grave descrédito a la Administración Pública y un perjuicio al propio erario público".
Los implicados en la trama actuaron con el fin de "subvertir el estado de Derecho y usar la dirección de las Administraciones para obtener un lucro ilícito"
La representación legal de CDC se opone a las acusaciones de la Fiscalía y a las resoluciones del juez. Según consta en el auto de fecha 21 de abril, alega que las diligencias de investigación son "innecesarias e impertinentes", y obedecen a la intención de la Justicia de "formar una causa general de toda la vida" del partido. En el pasado, Convergència y el Govern de Artur Mas insistieron reiteradamente en que las adjudicaciones a cargo de Infrastructures.Cat fueron modélicas. "No puede haber habido donaciones a cambio de adjudicaciones", llegó a decir el propio expresident en el Parlament de Cataluña.
Blanqueo de capitales
El juez acredita que la estrategia para el financiamiento ilícito del partido "se ha implementado durante años, con un perfecto despliegue territorial e institucional, y con la colaboración de empresarios conniventes, por un lado, y de autoridades y funcionarios públicos próximos a CDC, por otro". El pasado verano, acordó la imputación de 15 compañías por haber pagado presuntas comisiones ilegales a la formación catalanista a cambio de obra pública y del exgerente de TV3 Oriol Carbó por su supuesta implicación en la trama.
Esta vez, el magistrado abre diligencias contra una docena de excargos de Convergència que figuran en la documentación intervenida por la Guardia Civil en el transcurso de las investigaciones. En la lista destacan los exconsellers Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau y Pere Macias. Todos figuran como supuestos donantes en las cuentas del partido. La tesis del instructor, sin embargo, es que estas donaciones en realidad eran "actos de afloramiento de dinero procedente de delitos realizados por personas próximas a CDC, siguiendo el plan superior trazado por jerarcas del partido, para incorporar a la vida lícita las cantidades en efectivo que habían llegado al partido por las distintas vías antes mencionadas".
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