La juez que investiga los ERE irregulares ha acordado pedir a la Junta de Andalucía 11 nuevos expedientes de ayudas a empresas o pagados por la Consejería de Economía, de cuya existencia ha tenido conocimiento mediante un "desplegable" entregado al juzgado el pasado 6 de junio. La juez Mercedes Alaya, en un auto al que ha tenido hoy acceso Efe, enumera una serie de ayudas conocidas por el nuevo "desplegable" y no incluidas en otro informe similar de mediados de 2011, o que ahora aparecen consignadas con cargo a otra consejería o partida presupuestaria.
Así, cita los 349.083 euros que, según la última documentación recibida, se entregaron a la empresa Nueva Lima, pese a que en el primer desplegable sólo constaba una ayuda sociolaboral de 53.004 euros en abril de 2010. Igualmente, Instalaciones Industriales y Navales de Huelva, que recibió tres ayudas sociolaborales por importe de 354.995 euros, sólo constaba en el desplegable de 2011 como destinataria de 41.778 euros.
Respecto a los 450.000 euros recibidos por Abantia Ticsa, los 952.404 euros de Astilleros de Huelva y dos ayudas de 455.025 y 1.325.254 euros para Astilleros de Sevilla, la juez Alaya recoge que, según la documentación oficial, respondía a una "encomienda de pago con cargo a los fondos de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia". Dice el auto que ello supuso "una disposición de fondos" de la Consejería de Economía de 3.537.680 euros, por lo que "la existencia de dicho compromiso, la realidad del acuerdo adoptado y las consecuencias derivadas del mismo habrán de ser investigadas".
La juez da a la Junta dos días para que le remita los expedientes de ayudas a Industria Elizana (1.150.000 euros), Virgen de la Luz, que recibió una ayuda directa de 440.000 euros, y Sociedad Cooperativa Andaluza Industrial de Confección (SCOINC), que percibió 405.916 euros y que no aparecía en el anterior desplegable. El auto añade una nueva ayuda directa, hasta ahora desconocida, de 50.000 euros a Grueso y García, empresa ubicada en la Sierra Norte de Sevilla donde, según los investigadores de la Guardia Civil, se concentraron el 70% de las ayudas investigadas pese a que sólo tiene 30.000 habitantes.
En cuanto a la entidad TPM Inversiones Plásticas, el auto recoge que la Consejería de Empleo informó de una ayuda de 1,5 millones con cargo a la partida 31L o "fondo de reptiles", aunque añade que "en el último desplegable consta que le fue concedido un préstamo por dicha cuantía y con cargo a los fondos de la Consejería de Empleo". Del mismo modo, pide a la Junta el expediente relativo a la ayuda de 109.620 euros a ACYCO, pues en un documento figura como fecha del convenio el 3 de septiembre de 2010 y la ayuda fue concedida con anterioridad, el 24 de marzo de 2010. El auto acuerda además unir otros 18 anexos recibidos el pasado 6 de junio a los expedientes sobre las citadas empresas ya abiertos en el juzgado.
