La UDEF de la Policía Nacional movilizó desde primera hora un contingente de 580 agentes para llevar a cabo una de las mayores operaciones contra la corrupción política desde la desarticulación de la trama Púnica en 2014. Con ramificaciones en toda España, la bautizada como ‘operación Enredadera’ se saldó con un total de 39 detenidos entre los que se encuentran 16 políticos, entre alcaldes y concejales. En el operativo se vieron involucrados ayuntamientos gobernados por el PP, el PSOE y Ciudadanos, lo que supone el estreno de la formación presidida por Albert Rivera en este tipo de casos. También aparecen como implicadas las siglas del PAL (Partido Autonomista Leonés). De los arrestados, 18 han pasado la noche en calabozos y el resto quedaron en libertad a la espera de declarar ante el juez.
El alcalde del municipio madrileño de Arroyomolinos, Carlos Ruizpérez, ha tenido el dudoso honor de ser el primer regidor detenido de la formación naranja. Del mismo partido fue arrestado también un asesor de la Diputación de León y ex coordinador del partido en la ciudad, Sadat Maraña, así como un diputado provincial y portavoz en el consistorio leonés de San Andrés del Rabanedo, Juan Carlos Fernández. A lo largo de la jornada, Ciudadanos anunció que suspendía a los tres de militancia. En un principio, el arrestado en Arroyomolinos iba a pasar la noche en la comisaría de Moratalaz, pero finalmente quedó en libertad y pasará a disposición judicial próximamente, según fuentes policiales.
Lo que se investiga es una red de amaños a la hora de adjudicar contratos públicos relacionados el uso de semáforos, radares y elementos de gestión del tráfico, según las fuentes policiales consultadas. Los investigadores de la UDEF, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, se personaron a lo largo del día en un total de 46 consistorios, en 25 de ellos para realizar registros y en el resto para ejecutar requerimientos judiciales y solicitar documentación a instancias del Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona y otro Juzgado de Astorga con el que ha compartido la coordinación de las pesquisas. La lista de localidades es larga y afecta a diversas comunidades autónomas, principalmente Madrid, Cataluña, Castilla y León, Asturias y Aragón.
11 empresarios
También han sido arrestados un total de 11 empresarios entre los que destaca el ‘Ciudadano Kane’ de León, José Luis Ulibarri, un constructor con negocios en los medios de comunicación que se vio implicado en la trama Gürtel. También ha sido arrestado el responsable de una empresa de su entramado llamado Miguel Hernán Manovel García, cuñado del exjuez del Tribunal Constitucional Enrique López, actualmente en la Audiencia Nacional. Este dato es significativo porque al tener presencia la trama en varias comunidades autónomas es previsible que el caso acabe siendo investigado en la Audiencia Nacional. Si este magistrado tuviese que decidir al respecto, sus lazos con este implicado le forzarían a abstenerse o podría ser recusado.
En el centro de las investigaciones sobresale una empresa llamada Aplicaciones Gespol SL., administrada por Valoriza Servicios Medioambientales, una filial del Grupo Sacyr, que reaccionó con sorpresa al ver su nombre el epicentro de la operación. A lo largo del día anunció una investigación interna para esclarecer lo ocurrido. Según publicitaba la propia Gespol en Internet, “su producto está instalado en más de 500 cuerpos de seguridad y, como socio tecnológico de los ayuntamientos, ofrece soluciones a medida para dar respuesta en ámbito de comunicaciones, salas de control, gestión del tráfico y control del estacionamiento regulado".
Hasta 92 registros
La relación entre esta empresa y los cuerpos policiales explica, según los investigadores, que entre la nómina de arrestados haya hasta nueve jefes de policías locales, uno de ellos ya jubilado. Los agentes registraron un despacho en la sede de la Policía Local de Velez-Málaga. La lista de 39 detenidos la cierran tres técnicos de ayuntamientos. En total se realizaron 92 registros que se repartieron entre los 25 ayuntamientos, 31 despachos profesionales, 24 domicilios particulares y 12 empresas.
Una de estas empresas estaba ubicada en la calle Ayala, número 95 de Madrid. Hasta ese lugar los agentes llevaron al empresario Ulibarri para que presenciara los registros. Actualmente es la sede de una sociedad llamada Utebo Gestión de Servicios, pero antes era la oficina de la promotora UFC S.A, que aparece en el sumario de Gürtel relacionada con la adjudicación de una parcela a la trama de Francisco Correa en Boadilla del Monte.
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