La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto el déficit crónico de médicos que existe en las cárceles españolas. Tanto, que el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska ha convocado esta semana de manera urgente 40 plazas para facultativos ante la extensión de la epidemia que el pasado miércoles se cobró su primera víctima en la prisión de Estremera; una mujer de 78 años.
Los médicos que superen el proceso selectivo se incorporarán en el régimen de funcionarios interinos a 35 de los casi 70 establecimientos penitenciarios que existen en España. Al igual que en otros ámbitos, el Gobierno ha flexibilizado al máximo las condiciones para el acceso. No será necesario que tengan terminada la especialidad y sólo deberán acreditar méritos. Posteriormente, se someterán a una entrevista personal para verificar que reúnen los requisitos para trabajar en el entorno penitenciario.
La sanidad penitenciaria arrastra una crisis crónica. En teoría, debería estar transferida a las Comunidades Autónomas en base a la ley cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, del año 2003. Pero, de momento, sigue perteneciendo a Interior. El equipo de Grande-Marlaska sí ha entablado conversaciones con diferentes ejecutivos regionales, que al margen de Cataluña y País Vasco, se resisten a gestionar una competencia que sólo genera gastos y ningún rédito político. Los únicos avances se dan con Navarra y Baleares.
Así que muchas de las plazas que se convocan se quedan sin cubrir cada año. Los sueldos son sensiblemente más bajos que en la Sanidad pública. Y el entorno, hostil. Alrededor de un tercio de las plazas existentes para atender a los cerca de 50.000 reclusos (hasta 70.000 contando los que pasan poco tiempo) están vacantes. No en vano, en las cárceles existe mayor prevalencia de enfermedades de tipo mental o relacionadas con las adicciones sustancias estupefacientes, así como las patologías infectocontagiosas. Un verdadero polvorín en caso de que el Covid-19 se expanda entre funcionarios y reclusos.
Además, la plantilla que actualmente ejerce está notablemente envejecida. Según datos facilitados por Instituciones Penitenciarias, en 2019, la edad media de los profesionales médicos que trabajan en las cárceles era de 57 años (55 en el caso de las mujeres y 58 en el de los hombres).
A medida que la crisis del coronavirus se agravaba, Interior tomó medidas de aislamiento para tratar de evitar que los contagios se propagasen en los centros. Instituciones Penitenciarias prohibió las visitas de familiares, amigos. También de los abogados. Asimismo, decidió suspender los permisos de los internos que pueden disfrutarlos.
Para los condenados en régimen de semilibertad, Instituciones Penitenciarias ha potenciado el control telemático para que cumplan condena en su domicilio los presos que disfrutan de salidas por el tercer grado y el 100.2. Asimismo, aquellos que presenten síntomas de contagio podrán pasar la cuarentena de 14 días en su domicilio con el correspondiente permiso por razones sanitarias.
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