La crisis diplomática entre España e Israel a partir de las declaraciones de las ministras de Podemos y Sumar sobre los acontecimientos que se viven en la franja de Gaza ha dinamitado los últimos puentes con las autoridades de Tel Aviv para tratar de determinar la autoría de la infección del teléfono móvil de Pedro Sánchez con el software Pegasus. La colaboración de Israel en las diversas causas judiciales relacionadas con este escándalo de espionaje ha sido, hasta el momento, nula. Y este roce, apuntan fuentes diplomáticas a Vozpópuli, ha acabado por dinamitar cualquier atisbo de cooperación.
Israel tiene en sus manos información que resultaría clave en las diversas causas. Cabe recordar que el software Pegasus, que sirve para acceder a toda la información de un teléfono móvil, es de procedencia israelí y únicamente se exporta a determinados países u organizaciones oficiales que cumplan con una serie de requisitos, principalmente para combatir amenazas contra la seguridad o la soberanía nacional.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama archivó el pasado mes de julio la investigación por el caso Pegasus ante la falta de cooperación de Israel. No sólo trataba de averiguar quién y en qué condiciones infectó el teléfono de Pedro Sánchez; también el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Agricultura, Luis Planas.
“Lamentablemente, en este momento procesal, transcurrido más de un año desde la emisión de la citada comisión rogatoria no se ha recibido respuesta alguna, pese a haber sido objeto de ampliación por una vez, y reiterado el cumplimiento en otro par de ocasiones”, advirtió el juez Calama en su auto de sobreseimiento. “Este silencio evidencia claramente una absoluta falta de cooperación jurídica por parte del Gobierno de Israel”.
Las diligencias estaban abocadas al archivo porque Israel ignoró desde el mismo arranque de las pesquisas los requerimientos sobre NSO Group. Sin posibilidad de actuar contra la empresa comercializadora de Pegasus era inviable seguir con las actuaciones. Como informó este medio, el magistrado Calama Teixeira envió hasta dos recordatorios a Tel Aviv ante la ausencia de respuesta a la comisión rogatoria. La diligencia la tramitó el Ministerio de Justicia pero en ningún caso hubo respuesta.
La crisis con Israel
Las fuentes diplomáticas consultadas por este diario apuntan que los últimos acontecimientos entre España e Israel han terminado por dinamitar cualquier opción de colaboración en los diferentes casos relacionados con Pegasus. Las declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el posicionamiento de la ministra en funciones de Derechos Sociales, Ione Belarra, han suscitado un profundo malestar en el Gobierno de Benjamin Netanyahu.
Ésta última urge al PSOE a cortar cualquier tipo de relación institucional con Israel, que se impongan sanciones a Benjamin Netanyahu, a quien acusa de perpetrar "crímenes de guerra", y que se aplique un embargo de armas internacional sobre Tel Aviv -como desveló este diario, el Gobierno de coalición con Podemos ha aprobado 147 licencias para la venta de armas a Israel, con un valor cercano a los 40 millones de euros-.
La embajada de Israel en España trasladó al Ejecutivo de Pedro Sánchez una protesta formal: “Ciertos elementos dentro del Gobierno español han optado por alinearse con este terrorismo tipo ISIS -denunció la diplomacia israelí-. Hacemos un llamamiento al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, para que denuncie y condene inequívocamente estas vergonzosas declaraciones”.
El titular de Exteriores en funciones, José Manuel Albares, salió al paso del duro comunicado israelí, advirtiendo que sólo hay dos voces autorizadas en Moncloa sobre la política diplomática de España, el presidente del Gobierno y su propio Ministerio: "Cada ministro tenemos nuestro perímetro y gestionamos nuestra materia".
A pesar de que Albares consideró "zanjada" la crisis con Israel, las fuentes consultadas por Vozpópuli consideran que las relaciones se han visto lo suficientemente dañadas como para enterrar cualquier opción de colaboración de las autoridades israelitas en el caso Pegasus. Y, por tanto, de averiguar quién infectó el teléfono de Pedro Sánchez y de otros miembros del Ejecutivo.
Otras causas de Pegasus
Además de esta causa, en los juzgados hay hasta una decena de investigaciones relacionadas con el espionaje de terminales de diversas personalidades del independentismo catalán con el software Pegasus. Todas ellas nacieron a tenor de un informe redactado por el grupo de investigación Citizen Lab, que cuenta en su estructura principal con un investigado por su supuesta participación en Tsunami Democrátic.
Una de estas causas se investiga en el Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, donde se ha abierto una batería de diligencias que incluyen la citación como investigada de la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, cesada en su puesto a partir de las quejas del separatismo tras conocerse el pinchazo de sus terminales móviles. El titular del juzgado, el juez Santiago García, también ha solicitado la consulta de una serie de documentos del CNI "previa solicitud de la pertinente desclasificación".
El Gobierno ya manifestó el pasado mes de julio su intención de blindar otros informes del centro sobre un supuesto pinchazo de los teléfonos de Josep María Jové y la eurodiputada republicana Diana Riba, aunque sí negó cualquier intervención sobre estos terminales. No obstante, la actualidad política de ahora no es la misma que entonces, máxime cuando Pedro Sánchez negocia con el independentismo su apoyo imprescindible para ser investido presidente del Gobierno.
Además de estos procedimientos, destaca el que se ha se ha seguido en el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona por una querella de Roger Torrent y Ernest Maragall. Este fue uno de los primeros que arrancaron en los juzgados catalanes en 2020 y sobre el mismo se ha intentado sin éxito adherir el resto de causas por Pegasus. En la actualidad está sobreseído provisionalmente precisamente ante la falta de cooperación de Israel, que no responde a la comisión rogatoria librada por el juzgado.
Los ataques a Israel en la Audiencia Nacional
Del mismo modo en ese mismo juzgado se siguen también unas diligencias por el espionaje a los diputados de la CUP Albert Botran y Carles Riera. En el número 24 de Barcelona recayó la querella que presentó a título individual Andreu Van den Eynde; el que fuera abogado de Oriol Junqueras en el procés y actual letrado de Aragonés. Precisamente él firma la querella en nombre del presidente catalán que se acaba de admitir a trámite acompañada de la imputación de la exjefa de los servicios de Inteligencia.
Más allá de los casos judiciales sobre Pegasus, se han abierto diligencias en los juzgados donde el papel de Israel es determinante. Es el ejemplo del procedimiento que arrancó hace una semana en la Audiencia Nacional por los atentados de Hamás contra Israel. El órgano investiga la muerte de Maya Villalobo así como la desaparición del también ciudadano español Iván Illarramendi y su esposa.
La Audiencia, que es la competente para investigar estos hechos al tratarse de delitos cometidos contra ciudadanos españoles en el extranjero, acordó una serie de diligencias en consonancia con lo solicitado por la Jefatura del Servicio de Información de Madrid. Fuentes jurídicas confirman a este medio que la magistrada, que ha admitido la personación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), declaró secreta esta investigación el pasado martes.
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