La presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, vuelve a poner la mano en el fuego por su 'número 3', el consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, salpicado por algunas declaraciones en el 'caso Púnica'. Y, en esta ocasión, lo hace con el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM) como testigo. El Consejo de Gobierno que ella preside acordó el pasado 8 de septiembre nombrar al político vocal de Nuevo Arpegio SA, la empresa pública de gestión del suelo investigada por el juez Eloy Velasco precisamente por supuestas irregularidades en adjudicaciones a miembros de la trama de corrupción. El nombramiento fue oficializado dos días después en el BOCM en un acuerdo que firman Cifuentes y el propio Taboada, como titular de la Consejería de la que depende este ente de la Administración autonómica. Según fuentes del Ejecutivo regional, este es el paso previo al nombramiento del 'número 3' como presidente de la cuestionada empresa pública.
El acuerdo para nombrarle vocal de Arpegio se produjo el 8 de septiembre, un día después de que el juez Velasco ordenada nuevas diligencias sobre esta empresa pública
El acuerdo, que se publicó el pasado jueves en el BOCM, hace público el cese de los seis vocales que hasta ahora ejercían dicho cargo en el Consejo de Administración de la empresa pública en nombre de la Comunidad y propone el nombramiento de los cinco que los sustituían. El primero, el propio González Taboada, de cuya consejería depende Nuevo Arpegio desde que un decreto del 4 de agosto pasado incluyó a esta empresa en la estructura orgánica de su departamento. Cristina Cifuentes no ha dudado hasta ahora en respaldar públicamente a su 'número 3' desde que comenzaran a salir a la luz las sospechas de su implicación en la trama Púnica. Y ello, según fuentes del propio PP, pese a las voces que desde dentro del partido le recomendaban prescindir de uno de sus hombres de máxima confianza para no poner en peligro el pacto con Ciudadanos que le dio la Presidencia de la Comunidad.
Sin embargo, el nombramiento se produce sólo un día después de que el pasado martes 7 de septiembre el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 dictase un auto en el que ordenaba a la Agencia Tributaria elaborar un informe sobre las adjudicaciones recibidas por un empresario de la construcción, Carlos G.R., con la Comunidad de Madrid "con especial hincapié" en las logradas con Arpegio Áreas de Promoción Empresarial SA, la antecesora de Nuevo Arpegio. En concreto, el magistrado quiere saber qué contratos recibió entre 2004 y 2011, periodo que coincide con la etapa en la que el ahora encarcelado "Francisco Granados ocupó cargos de relevancia en la Comunidad de Madrid" y en el que también González Taboada, en su condición entonces de director general de Cooperación con la Administración Local del Ejecutivo autonómico, gestionaba PRISMA, el plan de inversiones en obra pública en los municipios madrileños que era materializado desde Arpegio. El contenido de dicha orden judicial fue desvelado este lunes en exclusiva por Vozpópuli.
La confesión de Marjaliza
De este modo, el juez Velasco mostraba su clara intención de centrar parte de las pesquisas del 'caso Púnica' en una línea de investigación que llevaba tiempo abierta, pero que recibió un importante impulso el pasado mes de junio. Entonces, el constructor David Marjaliza, socio y amigo de Granados, acudió tres días a la Audiencia Nacional para, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, confesar durante cerca de once horas las corruptelas en las que había participado. Aunque el contenido de dicho testimonio aún permanece secreto, sí ha transcendido que el socio de Granados habló de supuestas irregularidades en las recalificaciones de terrenos en las que tuvo participación la firma pública Arpegio y de adjudicaciones de obras presuntamente amañadas en el Plan PRISMA. Además, según confirman a este diario fuentes cercanas a la investigación, citó expresamente al actual consejero de Medio Ambiente de la Comunidad.
Taboada es citado por varios imputados en las conversaciones telefónicas intervenidas por la Guardia Civil y es citado por Marjaliza en su confesión ante el juez
Para entonces, sin embargo, el nombre del 'número 3' de Cifuentes ya había salido en el sumario. Así, fue citado por el anterior alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga, en una conversación con Marjaliza intervenida por orden judicial en la que se deja constancia de la ascendencia que supuestamente tenía sobre Taboada el que fuera secretario regional del PP. "Le he pedido una cita a Jaime González Taboada también para ver si me hace lo de las obras del PRISMA. Entonces le he invitado a comer para ver cómo le cojo el pulso a éste, porque Jaime conmigo nunca ha sido hostil, pero ahora me hace menos caso y ya no está Paco [en referencia a Francisco Granados] y ya no le manda, pues ya pasa", llega a asegurar el regidor que pretende que la empresa pública le sufrague varias obras en su localidad por un total de "millón y pico". En otra conversación telefónica de Boza por este tema, en este caso con el propio Granados, es éste quien asegura que se lleva "fenomenal con Jaime".
El nombre de González Taboada volvió a salir en febrero de 2015, y en este caso en las preguntas de la Guardia Civil a un testigo. En concreto, en el interrogatorio a Francisco Esquivias, actual secretario general de Nuevo Arpegio, la empresa que sustituyó en diciembre de 2010 a la antigua Arpegio tras su fusión con otro ente de la Comunidad, Tres Cantos SA. Los agentes de la UCO le interrogaron en profundidad sobre el mecanismo de actuación de dicha empresa entre abril de 2005 y diciembre de 2007, el periodo en el que Granados, por su condición de 'número 3' del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, fue presidente de Arpegio. Fue en esta etapa en el que esta entidad comenzó a gestionar las inversiones de PRISMA, que dependían directamente de González Taboada en su condición de director general de Cooperación con la Administración Local. Por ello, los agentes preguntaron expresamente a Esquivias por el papel del actual consejero de Medio Ambiente en la gestión de aquellas ayudas a los consistorios. En el acta de aquella declaración figuran, de hecho, cinco contratos de este plan por un total de 1,5 millones de euros adjudicados en aquellos años a la constructora DICO, una de las intervenidas en la 'Operación Púnica'.
