Por si no hubiera suficientes autoridades personadas en el caso Madrid Arena, el juez que instruye el caso ha pedido que se investigue a una institución más: la Delegación del Gobierno en la capital. En una diligencia fechada el 15 de abril, el magistrado Eduardo López-Palop ha pedido al fiscal que se “interese por el propósito, las obligaciones y las competencias de la Delegación y de la visita [de la Policía Nacional] que se efectúa, con qué objeto se lleva a cabo la misma…”.
La “visita” se refiere a la inspección de 15 minutos que hicieron al pabellón en el que se desencadenó la tragedia dos efectivos del Cuerpo Nacional de Policía justo antes de que comenzara el evento, según publicó El País el pasado 18 de abril. A raíz de la publicación, el sindicato Manos Limpias reclamó la comparecencia de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, como testigo, una petición a la que López Palop no ha accedido. Sin embargo, sí ha solicitado a la Fiscalía una investigación del rol jugado por este cuerpo, como se desprende de las diligencias.
Hubo inspección y dispositivo policial
La cosa no acaba ahí: ayer se conoció que el comisario jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, cuerpo perteneciente a la Policía Nacional, autorizó el despliegue de un dispositivo: dos agentes en la apertura de puertas, ocho en furgoneta y con material antidisturbios desde el inicio del festival y otra veintena en alerta, por si las moscas, como recogía ayer El País. Si la inspección ha despertado el interés del juez, es viable pensar que el despliegue de semejante operativo también lo hará. “Es obvio que el operativo de la Delegación de Gobierno no se adecuó a las circunstancias que acontecieron en el Madrid Arena”, reza un escrito presentado el miércoles por Manos Limpias.
Pero López Palop no solo investiga la actuación del departamento tutelado por Cifuentes el pasado 1 de noviembre, madrugada en la que fallecieron por asfixia cinco chicas jóvenes en uno de los pasillos del edificio municipal; también ha pedido al fiscal “esclarecer si la Delegación recibió los planos del Servicio de Arquitectura de Javier Martínez de Miguel, o por qué no los recibió o por qué no se solicitaron”. El magistrado del caso entiende que la inspección policial debería de haberse realizado una vez visualizados los planos del Madrid Arena. Martínez de Miguel es uno de los arquitectos municipales.
Cascada de responsables
Las noticias sobre la presencia de Policía Nacional en los alrededores del pabellón y la misiva del juez han desatado una guerra entre este cuerpo y la Policía Local madrileña. Durante los primeros meses que sucedieron al trágico festival aparecieron fotografías en las que se veía claramente a agentes municipales junto a jóvenes que después accederían al Madrid Arena pero que en ese momento hacían botellón. La actitud errática de las autoridades locales le costó el cargo al delegado de Seguridad, Antonio de Guindos, y también le ha valido la imputación a otros responsables como la edil Fátima Núñez o el actual responsable del cuerpo, Emilio Monteagudo.
Sin embargo, en clara actitud de ataque, la defensa de Monteagudo requirió al juez el pasado 12 de abril “las imágenes en las que aparecen los dos policías tomando inspección al Madrid Arena”, así como el “informe de evaluación del servicio” elaborado el comisario jefe de brigada. La guerra entre los dos cuerpos policiales encubre una cascada de responsabilidades sin parangón: directivos de Madrid Espacios y Congresos, operarios de las firmas Seguriber y Kontrol 34, el promotor Miguel Ángel Flores, el médico y exconcejal Simón Viñals y su hijo Carlos, Samur, Policía Local y concejales dimitidos del equipo municipal, como los números dos y tres Miguel Ángel Villanueva y Pedro Calvo. Solo faltaba ya la Delegación del Gobierno. ¿Y Gallardón y Botella?
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