Uno de los contratos que más polémica había levantado últimamente en la Comunidad de Madrid, el de la vigilancia y seguridad de las 71 sedes judiciales de la región, ha terminado recayendo en una UTE (unión temporal de empresas) integrada por una firma vinculada a Jesús Capote Calvo, exedil del Partido Popular en el Ayuntamiento de Navalcarnero (entregó el acta en el año 2000 tras diez meses como tránsfuga a raíz de un enfrentamiento con el alcalde). El que fuera concejal popular de Urbanismo en este municipio ha sido administrador único de Sasegur SL hasta 2013, fecha en que pasó a figurar como apoderado de la entidad, según consta en el Registro Mercantil. Al frente de la empresa, que se encuentra en el puesto 18º en el ranking eInforma del sector, le sustituye desde entonces su hijo Pedro Jesús Capote Conejos.
El Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) explicó este martes en una nota que el contrato, otorgado por un importe total de 9,4 millones de euros, había sido concedido mediante "concurso público" y "con el precio como único criterio de adjudicación, ya que las prestaciones están perfectamente definidas desde un punto de vista técnico y no es posible introducir modificaciones de ninguna clase". La Consejería de Presidencia y Justicia, que dirige Ángel Garrido, señaló que el procedimiento seguido ha sido el abierto para promover "la máxima concurrencia y posibilitar que todos los interesados pudieran presentar su oferta, garantizando una competencia efectiva". Sin embargo, ello sólo se buscaba sobre el papel, pues la realidad muestra un proceso que si bien fue legal, ha estado rodeado de demasiadas sombras.
La anterior adjudicataria se negó a firmar otra prórroga porque "estaba incurriendo en pérdidas, al estar el contrato tan ajustado"
El Ejecutivo de Cifuentes informó este martes de que habían sido tres las empresas concurrentes (pero sólo dio el nombre de la adjudicataria): Sasegur SL, en UTE con Grupo On Seguridad, la opción ganadora; Alerta y Control SA, que ha sido la firma la que ha estado prestando el servicio hasta ahora, y Marsegur SA. En concreto, Alerta y Control SA ha venido cubriendo la seguridad de las 71 sedes judicial de la Comunidad mediante un "encargo directo con gasto a convalidar". Es decir, el plazo de ejecución del contrato que consiguió en abril de 2013 por 15 millones de euros era de dos años y en base a una prórroga terminó el pasado 31 de diciembre de 2015. Según las fuentes consultadas, Alerta y Control SA no quiso firmar otra prórroga, pero se vio obligada a seguir prestando el servicio durante enero, febrero y los primeros días de marzo de este año, ya que el Gobierno regional podía actuar en su contra, acogiéndose a la ley de contratos. Las mismas fuentes redondean en 1,5 millones de euros el dinero que ha costado esta prolongación de más de dos meses.
Mientras Alerta y Control SA ha realizado una oferta a la baja de 1.000 euros, la UTE Sasegur-Grupo On Seguridad ha hecho lo propio pero cediendo hasta en 150.000 euros, lo que le ha valido para hacerse con el contrato, indican las fuentes citadas. Para el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Vigilancia de la Contratación en la Asamblea de Madrid, Enrique Veloso, no se entiende que el Gobierno regional sólo emplee el criterio precio, cuando también debería haber tenido en cuenta, por ejemplo, la capacidad tecnológica de la empresa y sus recursos materiales. Además, critica que la Dirección general de Justicia y Seguridad pidiera a la contratista asumir una bolsa de horas extra al año, de su propio bolsillo, sin poderlo repercutir en la Administración autonómica. Según Veloso, con la calculadora en la mano y en base a lo presupuestado y las tareas exigidas, los números no salen. Este contrato es "inviable económicamente". Para llegar a esta conclusión, subraya, basta sumar los costes salariales de los trabajadores, el número de horas de servicios, los pluses por uso de armas, el mantenimiento de las armas, de los arcos de seguridad, de las alarmas, de las cámaras de vigilancia...
De este modo, Veloso destaca que el contrato debería tener un importe mayor. Sobre todo, explica, porque se ha previsto un incremento de plantilla en 30 agentes con respecto al contrato que había con Alerta y Control SA, pasando así de 270 a 300. "Han sacado un nuevo contrato que tiene exactamente el mismo precio de adjudicación que el anterior, pero -y aquí está la clave- el anterior tenía menos vigilantes y menos armas". Por tanto, Veloso denuncia que el Ejecutivo de Cifuentes "quiera ahora por el mismo precio más vigilantes, más armas y más horas". De los 4 agentes armados pasarán a ser 20, con el aumento de coste que ello conlleva. Según el portavoz de C's, la directora general de Justicia y Seguridad, María Cristina Díaz Márquez, no explicó los motivos de este incremento en su comparecencia del pasado 1 de marzo.
Asimismo, Veloso lamenta que Díaz Márquez achaque a "dificultades técnicas y presupuestarias" el no haber podido buscar otra solución legal más allá de dicho "encargo directo" a Alerta y Control SA, prologando su prestación del servicio durante más de dos meses. El portavoz de C's recalca, además, que si Alerta y Control SA se negó a firmar otra prórroga, fue porque "estaba incurriendo en pérdidas, al estar el contrato tan ajustado".
El indultado Miguel Ángel Ramírez, omnipresente
En relación a Marsegur SA, el Gobierno madrileño afirma que "la propuesta no fue admitida, ya que su oferta fue recibida fuera del plazo de diez días que establece la ley desde que la Administración recibe el anuncio de su participación en el proceso". Marsegur SA es una filial de Seguridad Integral Canarial (SIC), cuyo propietario es Miguel Ángel Ramírez, presidente del club de fútbol UD Las Palmas e indultado por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón (la medida de gracia ha sido revocada por el TS) de una condena a tres años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio. En 2004, este empresario canario realizó obras ilegales en su vivienda, ubicada un espacio protegido.
Veloso (C's) denuncia que el Ejecutivo de Cifuentes "quiera ahora por el mismo precio más vigilantes, más armas y más horas"
En el supuesto de que Marsegur SA hubiese presentado la documentación en tiempo, no se habría alzado de ninguna manera con el contrato de las sedes judiciales al tener un historial -como el de Seguridad Integral Canaria SA- que se caracteriza por el descuelgue del convenio estatal de seguridad. Una maniobra premeditada para ajustar su presupuesto y presentar una oferta más ventajosa económicamente. De ello daba cuenta el propio consejero de Justicia en la Asamblea de Madrid el pasado 11 de febrero tras una interpelación del también diputado de Ciudadanos Francisco Lara: "Y aun en el hipotético caso de que la empresa de referencia (Marsegur) hubiera podido participar, le comunico también, para su tranquilidad, en relación a todos los trabajadores que tengan relación con la Comunidad de Madrid, que el pliego técnico del concurso, en su artículo 1, establece que, en la prestación de los servicios de vigilancia y protección por personas físicas y jurídicas, las empresas deberán ajustarse a determinada normativa, entre la que se encuentra el convenio colectivo del sector y demás disposiciones concordantes".
El pasado enero, Podemos denunció en la Cámara madrileña que el Gobierno de Cifuentes había consentido que los trabajadores de seguridad privada de los centros de menores regionales vieran su sueldo reducido considerablemente. La formación morada señaló que se les había bajado el salario un 33%, cobrando 750 euros por 40 horas semanales. Además, indicó que estos vigilantes eran contratados por Marsegur SA que "aunque se presente como independiente, es una filial encubierta de Seguridad Integral Canaria", también muy cuestionada por los sindicatos por sus descuelgues salariales del convenio estatal.
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