Un centenar de funcionarios de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se han concentrado este mediodía frente a las puertas del Ministerio de Justicia para reclamar un refuerzo de las plantillas y más medios tecnológicos con los que hacer frente a la saturación actual de los juzgados como consecuencia de la pandemia de Covid-19.
En declaraciones a Europa Press, el presidente del sector nacional de Justicia del sindicato, Javier Jordán de Urríes, ha señalado que se manifiestan para denunciar la falta de medios de la Administración de Justicia que, además, "corre el riesgo de colapsar en cuanto empiecen a emerger todos los casos derivados directamente de la crisis sanitaria y de recesión económica" que sufre el país.
El sindicato denuncia que a pesar de que el número de asuntos y la litigiosidad han disminuido un 12,3 y un 12,8 por ciento respectivamente en 2020 fruto del confinamiento, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "los casos acumulados no dejan de crecer". Y apunta que la pendencia --el ratio de asuntos que ingresan por los que se resuelven-- ha aumentado casi un 30 por ciento.
Recuerda que la tasa de asuntos pendientes afecta de manera singular a lo Civil, a lo Contencioso Administrativo y a lo Social, mientras que la jurisdicción de lo Penal es la más ágil a pesar de que arrastra también una pendencia de 3,7 meses.
El sindicato indica además que, según previsiones del departamento del ministro Juan Carlos Campo, los asuntos se incrementarán en 2021 en un 140% debido al fin de los ERTE y el previsible aumento de la litigiosidad en el ámbito, por ejemplo, de lo social. "La situación por tanto es ya insostenible", argumenta.
"Las tasas de pendencia son realmente alarmantes", ha señalado Jordán de Urríes, para luego indicar que se debe pensar en todas las empresas que están en ERTE y que sobreviven con los programas de ayuda del Estado. "No sabemos qué va a ocurrir cuando se levanten esas ayudas, cuántos concursos o quiebras" puede llegar a haber, ha indicado, apuntando que pueden darse despidos y eso sobrecargará aun más los órganos judiciales.
Un plan de recursos humanos
Para hacer frente a este deterioro de la Justicia, desde CSIF reclaman un plan de recursos humanos que comprenda una dotación mínima de 19.299 personas de nuevo ingreso en la Administración de Justicia en los próximos 3 años, incluyendo jueces, fiscales y funcionarios. Y recuerdan que esta necesidad de nuevas incorporaciones queda patente en el número de jueces por cada 100.000 habitantes ya que España tiene 12 frente a los 21 de la media europea.
Suman que las bolsas de interinos ya están agotadas ante el retraso en las ofertas de empleo público, por lo que el ministerio se está viendo obligado a recurrir a las listas del paro para contratar refuerzos.
"Si queremos un servicio público de calidad necesitamos y exigimos que nuestros políticos le presten atención, somos un servicio esencial, hemos estado en la pandemia abiertos (...), y cuando hemos contado con medios de protección hemos sido la primera administración que se ha incorporado a sus puestos de trabajo", ha indicado.
A la falta de personal añaden el deterioro y antigüedad de los medios tecnológicos con los que se cuenta, con aplicaciones "obsoletas" y sistemas informáticos lentos que también afectan a la tramitación de los procedimientos.
Las condiciones de trabajo
El sindicato exige además al ministro reactivar el diálogo social y le avisan de que no tolerarán que la reforma de la Justicia "se haga a costa de los derechos del personal y que suponga una merma de sus condiciones de trabajo".
"Esta reforma debe pasar por el reconocimiento laboral y retributivo de las personas al servicio de esta Administración, cualquiera que sea el ámbito territorial en el que estén destinados, lo que incluye solucionar la discriminación salarial del personal bajo la dependencia orgánica del ministerio, respecto a aquellas personas que dependen de las comunidades autónomas", añaden.
Por otro lado, ha indicado el presidente de la sección nacional de Justicia que no tolerarán que el plan de reforma que aborda el ministerio --el conocido como 'Justicia 2030'-- "se haga a espaldas de los trabajadores y en contra de sus condiciones laborales".
Exigen así al ministro Campo que abra la negociación, que especifique un calendario concreto de materias a poner en práctica y "que ponga en el centro de la reforma a quienes serán sus protagonistas, los funcionarios de Justicia".
Negociación o conflicto
Al hilo, desde CSIF rechazan que la solución pase por la mediación obligatoria porque, añaden, "no hay que buscar soluciones fuera, ni privatizar ni externalizar parte del servicio público". Y concluyen señalando que si no se da una participación real y efectiva del personal en esos planes de reforma, "solo quedará la vía del conflicto".
No obstante, el portavoz ha apuntado que siempre han antepuesto el diálogo al conflicto, pero la concentración de este miércoles la han realizado porque "hasta el momento no ha habido manera de negociar" con el departamento de Campo. "No queremos vagas promesas de que se va a negociar en un mes o dos, queremos que se nos diga cuándo empezamos, qué medidas quieren, (...) y negociar con seriedad", ha añadido.
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