A finales de octubre de 2019, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuvo en Barcelona para conocer de primera mano la evolución de los agentes heridos tras siete días de fuertes disturbios en las calles una vez conocida la sentencia del procés y lanzar un mensaje de moderación tras las fuertes protestas vividas en Cataluña, que se saldaron con unos 600 heridos. El presidente del Gobierno denunció entonces la gravedad de los disturbios y cerró filas con los agentes heridos.
Las víctimas del independentismo catalán y las cifras de los daños pueden quedar ahora en el olvido y sin que se haga justicia contra ella por la ley de amnistía. Es lo que piden los separatistas y el precio que Pedro Sánchez parece dispuesto a pagar.
No obstante, ahora el caso sobre Tsunami Democràtic estrecha el cerco en la figura de Carles Puigdemont y el resto de imputados por su responsabilidad en las protestas que convocó la plataforma en el centro de Barcelona los meses de octubre y noviembre de 2019 y en las que resultaron heridos de gravedad tres agentes. El magistrado avanza ya que estos hechos podrían vulnerar lo recogido en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH); precepto que, a día de hoy, está excluido del articulado que amnistía el terrorismo.
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