El Código Penal castiga con entre tres meses y un año de cárcel la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada cuando se viole gravemente su intimidad y aunque la víctima diera en su día su consentimiento a la grabación.
Fue una innovación de la reforma del Código Penal de 2015, ya que hasta entonces solo se consideraba delito la difusión de un vídeo de carácter íntimo si se había tomado en un lugar privado sin autorización del protagonista o si las imágenes habían sido robadas.
Castigo por la difusión de imágenes privadas
El castigo para la difusión de imágenes -un hecho que se investiga en el caso del suicidio de una empleada de la empresa Iveco en San Fernando de Henares (Madrid)- está incluido en el capítulo primero -"Del descubrimiento y revelación de secretos"- del título X del Código Penal, que recoge los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio.
El artículo 197.7 establece penas de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses para quien, "sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona".
Cuando el delito lo comete la pareja o expareja
La pena, añade el texto, se impondrá en su mitad superior cuando los hechos sean cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a la víctima por una relación análoga de afectividad, aun sin convivencia, cuando la víctima sea menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o cuando se haya buscado una finalidad lucrativa.
El anteproyecto de la reforma del Código Penal que fue aprobado en 2015 se presentó por vez primera en 2012, en plena polémica por la difusión de un vídeo íntimo de la concejal de Los Yébenes (Toledo) Olvido Hormigos y el artículo modificado entonces vuelve a la actualidad tras el suicidio de una trabajadora de Iveco después de que circulara un vídeo suyo de contenido sexual.
El caso del Eibar
Uno de los últimos casos con relevancia mediática se instruye en un juzgado de Guipúzcoa tras el procesamiento de un jugador del Eibar y dos exmiembros del equipo por la difusión de un vídeo de contenido sexual en contra de la voluntad de la mujer que aparece en las imágenes.
En el vídeo, difundido ampliamente a través de las redes sociales en octubre de 2016, dos de los futbolistas aparecen manteniendo relaciones con una chica que pide no ser grabada cuando se percata de que el acto está siendo registrado.
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