De ofrecerse como escenario de rodajes a acoger inmigrantes que han llegado a Canarias en las últimas semanas: el acuartelamiento Primo de Rivera del Ejército de Tierra, en Alcalá de Henares, es el espacio del Ministerio de Defensa que Inclusión ha elegido para alojar a las personas que llegaron a las Islas por vías irregulares. Fuentes de Gobierno consideran que es el espacio más adecuado de entre todas las instalaciones militares disponibles. Sin embargo, voces relacionadas con la gestión migratoria en España ponen en duda que reúna las condiciones mínimas.
Alcalá Film Office, órgano dependiente del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, recoge en su catálogo un amplio abanico de escenarios disponibles para grabaciones cinematográficas, convirtiendo la ciudad madrileña en “un gran plató de rodaje”. Películas históricas como Espartaco, de Kirk Douglas, o grandes producciones como La Casa de Papel o El Ministerio del Tiempo se rodaron en estos escenarios.
Y uno de los emplazamientos que ofrece el Ayuntamiento de Alcalá de Henares es el Acuartelamiento Primo de Rivera, del Ejército de Tierra, construido en los años 50 y cuyo último uso militar corresponde a la Brigada Paracaidista. Un cuartel que, a su vez, formó parte de la veintena de lugares que Defensa ofreció a Inclusión para albergar personas con motivo de la crisis migratoria que se vive en Canarias.
El departamento que dirige José Luis Escrivá, tras una primera valoración técnica, consideró que el cuartel Primo de Rivera era el que reunía las condiciones más cercanas al alojamiento de los inmigrantes. El Ministerio espera acondicionar este espacio en un periodo de dos semanas para acoger al primer grupo de personas.
Las fotografías disponibles en el catálogo de Alcalá Film Office revelan las condiciones en las que se encuentra el acuartelamiento del Ejército. Aún hay disponibles algunas literas metálicas en habitaciones colectivas y grandes comedores con mesas para seis comensales.
También se puede apreciar la situación de los baños o de las cocinas, con electrodomésticos en desuso o baldosas sueltas. Hay incluso una capilla -quizá el espacio más cuidado-, y una vieja piscina deportiva del todo impracticable. Por el momento se desconoce si se habilitarán campamentos o si se alojará a los inmigrantes en las instalaciones actuales.
Realojo en cuarteles del Ejército
La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, plataforma de entidades, expertos y juristas de diferentes puntos de toda España, pone en duda que estas instalaciones del Ejército reúnan las condiciones adecuadas para acoger a las personas que han alcanzado Canarias por vías irregulares. “Cualquier instalación que se ponga en marcha tendrá que cumplir la normativa en materia de servicios sociales de cada territorio”, aseveran desde esta organización.
Y añaden: “Si bien el Gobierno puede y tiene competencia exclusiva en materia de políticas migratorias, por lo que puede reubicar a dicha población, la creación de cualquier recurso asistencial para personas migrantes es una prestación de un servicio residencial para un colectivo vulnerable y tendrá que adaptarse a la normativa de cada Comunidad Autónoma […] y a las disposiciones municipales”.
A partir de las informaciones disponibles sobre el acuartelamiento Primo de Rivera y otras dependencias del Ejército, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado asegura que requieren una “reforma y actualización que desconocemos si va a producirse”: “Las instalaciones del Ministerio de Defensa tendrán que cumplir la normativa de servicios sociales de cada Comunidad Autónoma y sus ratios de calidad como cualquier otro dispositivo de acogida”.
Traslados a la Península
El Gobierno no ha ofrecido por el momento cifras sobre traslados de inmigrantes desde Canarias a diversos puntos de la Península, si bien la agencia EFE las estima en torno a 4.000 o 5.000. Cruz Roja también tiene previsto ampliar en 4.000 el número de plazas de acogida para inmigrantes, según reveló uno de sus responsables en una entrevista a Europa Press.
Los traslados a la Península han desatado fricciones entre Comunidades Autónomas y Gobierno. Los ejecutivos regionales acusan a Moncloa de trasladar a los inmigrantes sin previo aviso y sin cumplir con los requisitos mínimos para una acogida digna.
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