Concepción Gamarra (Logroño, 1974) es conocida en los pasillos del Congreso de los Diputados por su diminutivo familiar, Cuca. Llegó a la portavocía del grupo parlamentario del PP en agosto del año pasado en sustitución de Cayetana Álvarez de Toledo. Había pasado la primera ola de la pandemia y desde su partido, y otros de la oposición, se subrayaba la necesidad de una ley de pandemias o un 'plan b' jurídico. Ocho meses después, e inmersos en la cuarta ola, todo sigue igual en ese punto.
La 'número dos' del PP en la Cámara baja cree que PSOE y Podemos "prefieren gobernar en el caos para al final controlarnos a todos", de ahí que defienda iniciativas como la de Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno Bonilla de preguntar por la vacuna rusa Sputnik.
"Cuando en un país como España, estamos viendo que la planificación prevista de llegada de vacunas empieza a fallar, el buen gobernante no se queda quieto", subraya Gamarra, muy preocupada por rescates como el de Plus Ultra en mitad de un estado de alarma. "Si el Gobierno busca la opacidad, el Parlamento tenemos la obligación de buscar la transparencia", avisa.
Pregunta. En Vozpópuli hemos publicado un 'votómetro', en el que se ve cómo PSOE y Más Madrid han subido. También el PP, pero quizás con menos fuerza. ¿Se está perdiendo el tirón de Ayuso?
Respuesta. Qué va, todo lo contrario. Creo que lo que muestra esa encuesta es que Ayuso sigue creciendo y, lo más importante, que en la Comunidad de Madrid se sigue promoviendo un gran movimiento por parte de los madrileños para aglutinar el voto del centroderecha con un objetivo: que el centro-derecha, que la libertad, gobierne Madrid y lo pueda hacer con estabilidad.
P. Que la libertad gobierne Madrid significaría, según este 'votómetro', que necesitaría apoyos de Vox. ¿Estaría dentro del Gobierno Vox?
R. Lo importante, en primer lugar, serán los madrileños los que lo decidan el 4 de mayo. Creo que por respeto a ellos hay que esperar a que decidan y que hablen, y serán los que tienen la palabra de cuánto apoyo y cuánta mayoría le dan a Ayuso. Pero lo que está claro es que le están dando cada día más respaldo y confianza para poder gobernar desde la libertad, con libertad.
P. ¿Qué puede suponer para Pablo Casado el triunfo de Ayuso?
R. Lo más importante es que ese resultado electoral, que está en la mano de los madrileños, puede suponer un cambio de ciclo político para que en el Gobierno de España dejen de estar, más pronto que tarde, Pedro Sánchez y Podemos.
P. ¿No es un riesgo gobernar en Madrid con Cs y ahora pasar a depender de Vox?
R. En primer lugar, serán los madrileños quienes decidan eso el 4 de mayo y todas las encuestas manifiestan que cada vez más madrileños dan su confianza para que pueda haber un gobierno con una mayoría muy amplia y suficiente para poder gobernar con tranquilidad y estabilidad, liderados por Díaz Ayuso.
P. Aquí en el Congreso, ¿siguen los puentes rotos con Vox desde aquella moción de censura de Santiago Abascal?
R. No lo definiría como puentes rotos, creo que sería más, reflejaría más… La realidad es que cada uno somos distintos. Somos dos partidos diferentes y nosotros, de lo que hablamos, nuestra manera de hacer política y de representar a aquellos que nos han votado en el Congreso, no es mirar de reojo qué hacen otros partidos políticos, sino que es centrarnos mirando a los ojos a los españoles en nuestro proyecto político y en nuestra propuesta política para cambiar España. Para, cuanto antes, desde un Gobierno y desde esa alternativa posible y real que es el PP con Casado, poder desarrollar políticas que generen empleo, estabilidad y confianza también a nivel nacional.
P. ¿Es posible aún una ley de pandemias antes de que acabe el estado de alarma el 9 de mayo?
R. Tendría que ser posible. Si España tuviera un Gobierno responsable que, como hemos visto en este último año y comprobar, no lo tenemos, porque Sánchez decidió desde el minuto uno, incluso antes de afrontar la pandemia, que no iba a hacer nada, que no iba a asumir responsabilidades porque considera que eso le desgasta y él no quiere desgastarse. Lo que está claro es que esa ley de pandemias tendríamos que tenerla. Y hay tiempo.
Lo que tiene que haber es voluntad política por parte del Gobierno de España para impulsarla. Y ante esa falta de voluntad política, el PP, que somos el partido que lidera la oposición, sí tenemos esa voluntad política, y tenemos voluntad política para esa ley de pandemias. La hemos vuelto a registrar en el congreso porque significa el respeto a los derechos y libertades de los españoles. y esa responsabilidad la ejercemos desde la oposición. Si el Gobierno no quiere promoverla, ahí tiene la nuestra.
P. ¿Han recibido alguna señal de que es posible que se llegue a un acuerdo sobre esta ley de pandemias?
R. Lo que estamos viviendo en las últimas horas es la contradicción constante por parte del Gobierno de España, negando la necesidad de legislación ordinaria para poder afrontar un escenario fuera del estado de alarma. Para como si lo único que quisieran es que los españoles permaneciéramos de manera constante en ese estado de alarma donde el Gobierno de España tiene el control sobre nuestras vidas.
Al final, tendrán que ceder porque cuando los tribunales, como los tribunales superiores de justicia, ya hace meses le dijeron hace meses al Gobierno que no estaba ejerciendo su responsabilidad, que estaba abdicando de gobernar y nuevamente hemos podido conocer en los últimos días cómo el Consejo de Estado también vuelve a reiterar la necesidad de más legislación ordinaria. Lo que tiene que hacer el Gobierno es ceder de esa intransigencia, de ese autoritarismo y entrar en razón para que los españoles tengamos garantizados nuestros derechos y libertades, y no tener que recurrir constantemente al estado de alarma, que a ellos les resulta tan cómodo pero que tan caro es para los españoles en términos de derechos y libertades y también en términos económicos.
R. Hablando de contradicciones, ¿cree que se entiende la posición del PP respecto el paraguas jurídico de la pandemia? En un primer momento, Ayuso habló del Gobierno más autoritario del mundo una vez decretado el estado de alarma, pero ahora vemos cómo algunas comunidades autónomas, por ejemplo Andalucía, piden que se prorrogue el actual. ¿Cómo se entiende esto?
R. No hay ninguna contradicción. Todas las comunidades autónomas, todos los presidentes autonómicos del PP le están pidiendo al Gobierno de España es legislación ordinaria, una ley de pandemias, pero no solo lo piden las comunidades que tienen un presidente del PP al frente, sino comunidades que tienen a un presidente nacionalista como en el País Vasco o las gobernadas por el PSOE, que también le reclaman al Gobierno legislación ordinaria. A veces se le llama paraguas, a veces plan B, pero en el fondo lo que se está diciendo es: dame los instrumentos porque yo quiero gobernar sin tener que someter a los españoles, que viven en mi comunidad autónoma, a una situación de excepcionalidad permanente.
Y no solo es un discurso, es un convencimiento y planteamiento compartido al 100% por todos en el PP. No hoy, desde hace muchos meses. La reclamación de esa alternativa jurídica, de ese plan B, que hoy respalda el Consejo de Estado y tribunales superiores de justicia ha sido defendido siempre y en todo momento por el PP. No solo eso, llegó a ser planteado por el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) e incluso por la vicepresidenta (Carmen Calvo), pero parece que en estos momentos ellos prefieren gobernar en el caos para al final controlarnos a todos.
P. Madrid o Andalucía han tanteado en las últimas semanas a empresas privadas para suministrarles vacunas. ¿Esos movimientos han contado con el visto bueno de la dirección nacional del PP?
R. Cuentan con el visto bueno, pero no tienen que contarlo por la confianza y responsabilidad que se tiene depositados en ellos. Esto no es un control férreo de las decisiones de aquellos que tienen que tomarlas al frente de las administraciones. La clave de esa decisión, que por supuesto que se respalda, es que demuestra la manera de gobernar del PP ante los problemas de los españoles. Cuando los españoles estamos preocupados por las vacunas en estos momentos, si preguntáramos en una cafetería a todos los presentes qué les preocupa hoy, hablarían del paro, hablarían de su futuro y nos hablarían de la vacuna seguro. Cuando, en un país como España, estamos viendo que la planificación prevista de llegada de vacunas empieza a fallar, el buen gobernante no se queda quieto, como hace Sánchez, que siempre llega tarde y mal a todo, si no que lo que busca es ser proactivo para empezar a buscar soluciones y empieza a explorar otros caminos para abrir otras posibilidades y soluciones. Y eso es lo que hacen los dirigentes y los presidentes autonómicos del PP. Y eso significa defender los intereses de tus ciudadanos y buscar respuestas a los problemas que tienes que solucionar.
P. ¿Vería entonces con buenos ojos que Sánchez tantease la la vacuna rusa Sputnik?
Le está faltando tiempo. Creo que hay otros presidentes de otros países como Alemania que estamos viendo cómo ellos empiezan a tantear. Ya se tomarán decisiones, pero tienen abiertos los caminos. En cambio, tenemos aquí a un presidente, a Pedro Sánchez, que desde el principio, en la gestión de la pandemia, ha decidido que no hace nada porque no quiere asumir responsabilidades para no desgastarse políticamente, aunque esto tenga un precio que pagamos los españoles, desde el punto de vista de los resultados de la gestión de la pandemia y de resultados desde punto de vista económico. No es casual que España sea el país de Europa que peor ha gestionado la pandemia. Y el virus es el mismo, pero los presidentes no son los mismos, los gobiernos no son los mismos. Aquí tenemos un presidente que siempre llega tarde y mal a todo, y que no busca soluciones que pueden estar a su alcance o que no promueve la búsqueda de soluciones en un ámbito como el europeo. Y evidentemente si Casado fuera el presidente del Gobierno de España, no me cabe ninguna duda de que estaría liderando la búsqueda de la llegada de más vacunas a nuestro país.
R. La pasada semana, el PSOE y sus socios impidieron que se abriese una comisión de investigación sobre Plus Ultra. ¿Van a seguir intentándolo desde el PP?
R. Vamos a seguir intentándolo y vamos a seguir controlando cada euro público que no se adjudique de manera transparente y cumpliendo los requisitos de una manera objetiva. Hablamos de 53 millones de euros que no reciben los autónomos, las pymes españolas que tienen muchísimos problemas y que han sido excluidas, por ejemplo, de las ayudas directas que por parte del Gobierno porque solo 95 epígrafes están incluidos. Cuando el dinero público se utiliza con objetivos políticos y electoralistas y se adjudica de una manera discrecional y falta de transparencia, eso es la antesala de la corrupción. Y venimos advirtiendo hace meses y por eso, el presidente Casado y el PP ha planteado la necesidad de una agencia independiente para la gestión de los fondos europeos, que cuando en este país se van a gestionar 140.000 millones de euros es necesaria luz y taquígrafos para que sea una gestión correcta, para que la corrupción no forme parte de esa gestión.
Porque de cómo se destinen y gestione ese dinero depende el futuro de España y los españoles. Ese dinero no es de Sánchez, sino que cada euro de esos 140.000 millones es de todos y cada uno de los españoles. Por lo tanto vamos a seguir investigando, vamos a seguir denunciando cada adjudicación que no responda ni a criterios de solvencia ni de transparencia. Y por mucho que los partidos del Gobierno y sus socios rechacen en sede parlamentaria una comisión de investigación, lo cual demuestra que quieren tapar cómo han adjudicado ese dinero, porque si no tuviera nada que temer no tendrían nada que esconder en una comisión de investigación, el PP va a seguir investigando por su cuenta, denunciando y llevando a cabo las acciones legales que consideremos oportunas.
P. ¿Considera entonces que Plus Ultra es un caso de corrupción?
R. Creo que el caso de Plus Ultra tiene muchos visos de ser un caso de corrupción y que hay muchas incógnitas que queremos conocer y que no vamos a parar hasta conocerlas. Pero no solo conocer las incógnitas, si no qué miembros del Gobierno de España están detrás de la adjudicación de 53 millones de euros a una compañía aérea que ni es solvente cuando se lo adjudicaron ni es estratégica ni tiene que ser estratégica. Y como además de esta compañía aérea hay intereses de un régimen como el chavista, sin duda alguna hay visos e indicios más que suficientes de corrupción y el PP va a seguir detrás de esta operación.
P. Han presentado enmiendas al real decreto que regula el fondo de la SEPI. Piden más solvencia, más control de transparencia a las ayudas. ¿Qué señales han recibido de que esto pueda prosperar y otros grupos parlamentarios se sumen?
R. Hemos planteado las enmiendas con dos objetivos: igual que seguiremos denunciando e investigando los 53 millones adjudicados a Plus Ultra que debieran haber sido destinados a autónomos y pymes que lo necesitan, lo que buscamos por otro lado es, en esa tramitación parlamentaria, evitar que se pueda seguir haciendo. Y para ello, lo que introducimos es la necesidad del requisito de la solvencia como es establece en otros reales decretos y que aquí no están incorporados. Y por el otro lado, la exigencia de transparencia e información. Es decir, que todos esos expedientes y toda la información completa se remita al Congreso en un plazo de cinco días.
Evidentemente, esto es responsabilidad de todos los grupos parlamentarios. No solo de quien gobierna, porque hablamos de una ley, y de lo que estamos seguros es de que tendremos capacidad de sumar a más grupos o de negociar con otros grupos la necesidad de instrumentos de control y de transparencia a esos fondos públicos. Y en ese sentido, hablaremos con todos para que pueda salir adelante, dentro del marco de ese real decreto que se convierte en ley, un sistema que esta vez sí sea transparente. Si el Gobierno busca la opacidad, el Parlamento tenemos la obligación de buscar la transparencia.
P. Sobre los fondos europeos. Todo el mundo está pendiente de la llegada de esos 140.000 millones de euros. En ese sentido, puede que sea clave la actitud que adopte la oposición en Bruselas. Están metiendo mucha presión con el caso de Plus Ultra, sobre la reforma del CGPJ. ¿Cómo puede influir todo esto en la llegada de los fondos? ¿No teme que esa oposición pueda retrasarlos?
R. Todo lo contrario. Esa posición es garantía de que los 140.000 millones de euros se destinan para lo que España y los españoles necesitan. Si se invierten bien, significan el futuro y la esperanza para este país y la recuperación. Si esos 140.000 millones, en las manos de Sánchez, del PSOE y de Podemos, se invierten o gestionan como se gestionaron los ERE en Andalucía, sin duda alguna significa el final de la recuperación de nuestra economía. Y ahí tenemos una obligación y una responsabilidad. Pero no solo eso en relación a los 140.000, donde queremos transparencia y que se inviertan bien para que los reciba quien los necesita, y se utilicen para los que generen progreso en nuestro país. Ni para el clientelismo ni para el electoralismo de Sánchez, de PSOE y de Podemos.
Es muy importante que se frene ya lo que está ocurriendo este ultimo año: el ataque a nuestro Estado de derecho y eso es una defensa fundamental que estamos llevando a cabo por parte del PP y una de nuestras máximas prioridades. No puede ser que la fatiga pandémica que al final estamos todos experimentando, nos lleve a que cuando salgamos y hayamos superado la situación sanitaria, nos encontremos en una nefasta situación económica. Pero además, que hayamos perdido el marco de derechos y de libertades, de principios democráticos que teníamos del Estado de derecho cuando esto se inició.
P. Usted es diputada por La Rioja. El jueves, un inspector de la UDEF afirmó en la Audiencia Nacional que en la compra de la sede del PP en Logroño hubo 200.000 euros que se sacaron de la 'caja B' del partido. En aquella época era presidenta de la junta local del PP de Logroño. ¿Le consta que se utilizase ese dinero opaco para la sede?
R. En primer lugar, es un asunto donde desde el PP ya hemos dicho que no tenemos nada que decir. Que esta dirección del PP no tiene ninguna responsabilidad de lo que ocurrió aquellos años y tenemos cosas más importantes que hacer, que es darles y generarles un futuro, un proyecto político como alternativa a los españoles que es lo que necesitan. Pero sí le diré dos cosas: yo nunca he tenido responsabilidades orgánicas dentro del partido y lo sabe muy bien el PSOE, otra cosa es que busque el desgaste agarrándose a cualquier cosa. Y en segundo lugar, el PP de La Rioja en ningún caso y en ningún momento se le ha exigido ningún procedimiento penal ni ningún tipo de responsabilidades.
P. Con lo cual, ¿la petición del PSOE de La Rioja de que dimita (del escaño) no está en su mente?
R. Aparte de que no está en mi mente, creo que el PSOE lo que tendría que hacer es dedicarse a gestionar los intereses de La Rioja y de los riojanos, a los que tiene abandonados y que cada día ven como sus libertades y sus derechos se ven más cercenados. Lamento decirles y darles la mala noticia de que lo que voy a hacer, es seguir peleando para que el PSOE deje cuanto antes de estar al frente de los gobiernos de España y La Rioja para que realmente puedan progresar.
P. Hablando de sedes, ¿tiene alguna noticia de la nueva que sustituirá a Génova? ¿Y de su ubicación?
R. Que yo sepa no, pero no es una responsabilidad que yo tenga encomendada.
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