Curro Nicolau (Valencia, 1979) se ha convertido en uno de los principales azotes del Gobierno por su lucha contra las medidas adoptadas durante la pandemia. Los estados de alarma, la desescalada o la estrategia de vacunación han estado durante este tiempo en el foco de este abogado valenciano al que el Tribunal Supremo le acaba de dar la razón al anular las restricciones de movilidad que acordó la Generalitat valenciana durante el segundo estado de alarma.
Nicolau explica en entrevista para Vozpópuli que no intervino por motivación política y que su única finalidad era que la Justicia dictaminara si el Gobierno actuó o no al margen de la Ley. Sostiene que se utilizó el estado de alarma para imponer un nuevo régimen y que se ha abusado del “rodillo” del decreto sin que, a día de hoy, se contemple un cambio legislativo para homogeneizar criterios. Denuncia, además, que esta batalla le ha servido para constatar que Sanidad ha tomado decisiones trascendentales sin contar con criterios técnicos.
Pregunta: ¿Cómo y por qué inició su cruzada por las medidas del Gobierno contra el coronavirus?
Respuesta: Era abril del año 2020, llevábamos ya varias semanas confinados en casa. No entendía de ninguna manera la figura del estado de alarma para restringir los derechos fundamentales de libertad de circulación y reunión y fue cuando decidí iniciar acciones legales para demostrar que era un estado de excepción encubierto. Han sido decenas de recursos que finalmente han demostrado que mi planteamiento legal era el correcto.
P: Ha sido pionero en recurrir ante los correspondientes tribunales los decretos del Ejecutivo central y valenciano por el coronavirus. ¿Por qué motivo?
R: Mire, yo no soy experto en inmunología y tampoco en cuestiones científicas de la pandemia que vivimos. Pero sí tengo amplios conocimientos y experiencia en Derecho Administrativo. Por eso decidí que alguien en la sociedad debía asumir la defensa de la Constitución Española y el Estado de Derecho. Como abogado me vi por dignidad en la tesis de iniciar este largo proceso judicial complejo. Fui el primero en España pero luego vinieron otros compañeros.
Teníamos una pandemia y había que actuar, pero se podía haber hecho exactamente igual dentro de la Ley. No todo vale, lo siento.
P: De todas estas actuaciones podría extraerse la lectura de que existe una motivación política. ¿Hay ideología en sus actuaciones?
R: Siempre he dicho que no hay ninguna motivación política. Nunca he pertenecido ni votado a ningún partido. Soy un ciudadano que quiere vivir en un país con seguridad jurídica, con un respeto a la Constitución. Se han creado muchas normas en un contexto de pandemia que han vulnerado el ordenamiento jurídico. Esto entiendo que pase en una república bananera, pero España no puede permitirse ser un país con actuaciones fuera de la legalidad.
Es cierto que teníamos una pandemia y había que actuar, pero se podía haber hecho exactamente igual dentro de la Ley. Se ha utilizado el estado de alarma para imponer un nuevo régimen y se han legitimado muchas actuaciones ilegales con el virus de pretexto. No todo vale, lo siento. El virus existe y hay que introducir medidas de salud pública, pero debe hacerse siguiendo los cauces legalmente establecidos.
P: Usted no se dedica profesionalmente al Derecho penal o a lo contencioso. ¿Qué motivación tiene su actuación en los tribunales?
R: Yo no soy negacionista ni antivacunas. He vivido el virus y estuve 27 días en la UCI muy cerca de morir. Nadie me lo tiene que explicar. Por tanto, siempre he dicho que los expertos deben asesorar a los dirigentes y establecerse medidas con aval científico y dentro de la Ley. Desgraciadamente, se han establecido muchas medidas sin este aval y con falta absoluta de rigor técnico.
Todos hemos visto muchas contradicciones y hubiera sido suficiente con poder haber buscado un consenso entre los juristas para hallar la mejor manera de restringir derechos con respeto a la Constitución. Se ha actuado con un rodillo de decreto legislativo y dejando al Parlamento de lado. No lo digo yo, lo ha dicho el Constitucional en sus dos sentencias sobre los estados de alarma.
P: El Tribunal Supremo acaba de anular el decreto de cierre perimetral de la Generalitat Valenciana durante el segundo estado de alarma. ¿Considera su actuación un triunfo o cree que no ha tenido margen de maniobra al tener que aplicar lo dictaminado por el Constitucional?
R: Sin duda es un triunfo pues demuestra que desde abril de 2020 todo lo que he ido diciendo se ha cumplido. Toda la actuación era nula y contraria a la Constitución. El Tribunal Supremo no tenía margen de maniobra, pero a esta situación les he llevado sin que ellos mismos se den cuenta. Tracé esta estrategia legal desde el principio. Por tanto, nada ha sido fruto del azar, he demostrado que aunque ese tribunal esté politizado al máximo los magistrados no podían dictar otra sentencia o hubieran cometido un delito de prevaricación.
El triunfo está en toda la gente que día a día me felicita y tiene esperanza de que hay personas en la sociedad que luchan por un mundo mejor sin esperar nada a cambio. Estos mensajes diarios que me llegan son el máximo triunfo: generar ilusión en las personas y que vean que no somos simples marionetas y que los dirigentes se pueden topar con personas que no acatan sin más. Esto nos hace más libres y hace que evitemos vivir en un estado dictatorial.
Los políticos no quisieron crear una legislación clara. No han sabido resolver problemas de la pandemia en la restricción de los derechos fundamentales
P: Pese a darle la razón en ese extremo, el Supremo no le ha admitido un recurso contra restricciones de Puig acordadas bajo el paraguas de la Ley Orgánica 3/1986. ¿Por qué aquí ha perdido la batalla?
R: En este asunto el tribunal aplica su doctrina sobre la restricción de derechos fundamentales a través de la vía del artículo 10.8 Ley Jurisdicción Contencioso Administrativa. Cuando yo empecé con las acciones legales no existía esta jurisprudencia y no había una interpretación de la Ley de Salud Pública del año 1986. Gracias a las acciones legales que inicié se ha creado esta nueva jurisprudencia y, por tanto, se ha generado seguridad jurídica.
Los políticos no quisieron crear una legislación clara y al final los juristas hemos tenido que hacerlo a través de sentencias y autos del Tribunal Supremo y Constitucional. Esto es vergonzoso y denota el nivel de la clase política, que no ha sabido resolver problemas de la pandemia en la restricción de derechos fundamentales. Han sido los tribunales los que han realizado una interpretación ex lege de la normativa sanitaria y la posibilidad de restringir derechos fundamentales y libertades públicas.
P: Usted también pidió que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid llamara a declarar al exministro Salvador Illa y a Fernando Simón. ¿Por qué?
R: Los ciudadanos queríamos tener información. Considero que no ha habido claridad. Es cierto que muchos asuntos del tema del virus eran nuevos y han ido cambiando sobre el estado de la evolución. Ahora bien, ha faltado mucho rigor en la información y documentos en poder de la ciudadanía. He tenido que ir a los tribunales para conocer los expedientes administrativos, dándome cuenta que en muchas ocasiones no había ningún tipo de documentos ni expertos técnicos. Creo que ha faltado transparencia y comunicación de los gobernantes con la ciudadanía. No somos borreguitos.
En el expediente de Sanidad no hay ni un solo documento que acredite la medida. Al día siguiente de conocerse en prensa, cambiaron el criterio
P: Mantiene un proceso abierto en la Audiencia Nacional contra la decisión del Gobierno de vacunar a las cuatro semanas del contagio. Sanidad defendió su decisión sin aportar criterios científicos. ¿Considera que el Gobierno en este caso no actúa de la mano de los virólogos?
R: En el expediente administrativo del procedimiento que cita no hay ni un solo documento que acredite esa medida. De hecho, al día siguiente de conocerse el expediente en prensa el Ministerio de Sanidad cambió el criterio. No me parece razonable que haya que acudir a los tribunales para conocer la motivación de las decisiones que requieren el aval de la ciencia. Los ciudadanos merecemos una información inmediata y con criterios técnicos. Por tanto, hay que esforzarse más en la transparencia.
P: Casi dos años después de la llegada del virus no hay una ley de pandemias ¿Por qué cree que los legisladores no actúan en ese sentido?
R: Los legisladores no se ponen de acuerdo por el fraccionamiento que hay en el Parlamento. Me parece lamentable que no lo hagan en un asunto tan relevante como la salud de los ciudadanos. Al Gobierno esta situación no le ha venido mal porque dejó en manos de los tribunales las decisiones y así evitó situaciones conflictivas que le restaban rédito político. Y de esta manera ha sido más fácil poder maniobrar en el día a día de la pandemia. Es decir, este contexto de inseguridad jurídica ha sido perfecto para gobernar. Es totalmente contrario a la ética, por supuesto.
Los expertos han dicho que determinadas restricciones eran necesarias, pero no ha habido una homogeneidad. Ha sido un auténtico caos
P: A modo de conclusión, señor Nicolau: ¿Considera que las restricciones estaban debidamente justificadas o se llegó a abusar de esta situación?
R: Los expertos han dicho en muchas ocasiones que determinadas restricciones han sido necesarias, pero también que algunas medidas carecían de valor para atajar la expansión del virus. Pasaporte Covid, mascarillas en exteriores, vacunación a las pocas semanas de la infección... son medidas que algunos tribunales han autorizado y otros no.
No hay una homogeneidad. Se han creado circunstancias dispares en función de la comunidad donde se resida. Es inadmisible que no se haya actuado de manera coordinada por parte de los dirigentes y los tribunales. Ha sido un auténtico caos que ha ido en detrimento de la ciudadanía. Por tanto, era necesario alzar la voz y hacer ver a estos actores que no podían actuar sin criterio y al margen de la Ley.
