El Tribunal Supremo castigará con condenas de cárcel el papel jugado por los líderes independentistas del procés. Los jueces discuten en las últimas deliberaciones sobre los años a cumplir en prisión en un intenso debate jurídico en busca de la unanimidad de los siete magistrados que componen el tribunal. Todo esto cuando se acerca la fecha del 16 de octubre, que es el plazo que internamente se habían dado los magistrados para emitir el fallo de lo que supondrá una sentencia histórica.
Según informan a Vozpópuli fuentes conocedoras de estas deliberaciones, los magistrados del Alto Tribunal se encuentran en la fase de discusión que afecta a la franja de las condenas. Para ello han tenido que acordar antes el delito por el que les condenan, si bien este dato no ha trascendido. Las reuniones y contactos entre los jueces se están celebrando en el más absoluto hermetismo.
La franja de las condenas es el margen que el propio Código Penal establece para cada delito. Dentro de esos límites, los jueces deciden la pena en función de su impresión sobre la gravedad de los hechos demostrados durante el juicio. En el caso de la rebelión que defiende la Fiscalía, el castigo va de quince a veinticinco años para los dirigentes.
Hasta 30 años
La condena puede llegar a ser de 25 a 30 años si se dan factores como el uso de armas, “violencias graves contra las personas” o "cuando se distraen los caudales públicos de su legítima inversión”. La Fiscalía acusa a los líderes de rebelión, concretamente de “alzarse violenta y públicamente” para derogar la Constitución, declarar la independencia y “sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno”.
En este punto será clave la interpretación que los jueces hagan del papel jugado por los Mossos d'Esquadra. Según la Fiscalía, la policía autonómica fue un "cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos aproximadamente" al servicio del plan independentista.
El Ministerio Fiscal pide 25 años -la pena más alta- para el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras. En su caso, le sitúa como dirigente y le incorpora además la “distracción ilegal de caudales públicos”. Le siguen la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell y los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, a los que también les ubica como “jefes principales”, pero no les incluye la cuestión de la malversación. Pide para ellos 17 años de cárcel.
Exconseller Forn
Un escalón por debajo en cuanto a las penas está el exconseller de Interior Forn, para el que pide 16 años de prisión, igual que a los exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva. A todos ellos la Fiscalía les acusa también de haber malversado los fondos públicos en favor de la causa rebelde, pero les otorga un papel de “mandos subalternos”.
En un tercer nivel se hallan los exconsejeros Santiago Vila, Carles Mundó y Meritxell Borrás, a los que acusa de un delito de malversación, castigado con una pena que va de los seis a los diez años. En su caso la Fiscalía pide para ellos tres -en libertad provisional- siete años de cárcel. También les acusa de desobediencia, penada con multa.
Si se toma en cambio como referencia la tesis de la Abogacía del Estado, que apuesta por un delito de sedición, las condenas oscilan entre los 8 y los 15 años en función de si actuaron como líderes o ejercían como una autoridad pública. Ese es el castigo recogido en el Código Penal para quienes “se alcen pública y tumultuariamente” (pero no violentamente) para impedir por la fuerza las resoluciones judiciales.
Dentro de esos límites, la Abogacía pide 12 años de prisión para Junqueras y 11 y medio para los exconsejeros Forn, Turull, Romeva, Rull y Bassa. Solicita diez años para Forcadell y ocho para Sànchez y Cuixart. Sobre estos dos últimos, los servicios jurídicos del Estado valoran a su favor que no eran autoridad pública, sino líderes de plataformas civiles. En sus peticiones de pena incluye la acusación de malversación para Junqueras, Turull, Romeva, Rull, Bassa, Borras, Mundó y Vila. Para los tres últimos pide siete años de cárcel, igual que la Fiscalía.
La acusación popular de Vox
Estas son las opciones que tienen encima de la mesa los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presididos por el magistrado Manuel Marchena, quien además ejercerá de ponente de la sentencia. Las mayores cuantías de penas las solicitó la acusación popular ejercida en el juicio por Vox.
El partido político que lidera Santiago Abascal interesó hasta 74 años de cárcel para Oriol Junqueras incluyendo el delito de organización criminal. No obstante, las fuentes consultadas consideran del todo punto inverosímil que los magistrados atiendan a esta petición.
El debate está siendo intenso ante la magnitud de la sentencia y porque el día 16 es la fecha con la que mentalmente trabajan los jueces como límite de tiempo. Ese es el día que Sànchez y Cuixart cumplen dos años en prisión preventiva y la ley obliga a revisar su situación para prorrogar su estancia en la cárcel o quedar en libertad provisional al menos hasta que se dicte el fallo. En cualquier caso, eso no supondría un obstáculo insalvable para los jueces, que podrían ampliar la situación de prisión de ambos y seguir deliberando el tiempo que sea necesario.
