Iberdrola, Endesa, Repsol o Naturgy serán las compañías que asumirán gran parte de los 2.000 millones de euros que quiere recaudar el Gobierno con el nuevo impuesto a las energéticas. Una tasa que tiene como objetivo financiar el paquete de medidas de Moncloa para frenar el repunte de precios que está provocando la invasión a Ucrania. Desde el mercado se considera que el plan puede volverse en contra de Pedro Sánchez: “Provocará otra subida de precios”.
En un reciente informe, los analistas de Banco Santander aseguraban, poco después de conocer estas intenciones del Gobierno español, que un nuevo impuesto a las energética “no era buena idea”. “Los impuestos más altos y una mayor presión regulatoria sobre las empresas que dan servicios regulados pueden contraatacar al regulador, ya que las empresas de servicios públicos pueden sentirse menos comprometidas con sus clientes y más para defender su maltrecha rentabilidad”, detallaban en su informe.
Los analistas de la entidad cántabra recuerdan que las eléctricas han estado restringiendo o autorregulando en sus ofertas comerciales. “Hemos visto a las empresas ofrecer contratos con precios de generación subyacentes de alrededor de 60 euros/MWh. No se deben descartar por completo precios finales más altos para compensar impuestos más altos”, destaca el informe de Banco Santander titulado “¿Nuevos impuestos sobre las energéticas? Espera y verás”.
Desde el mercado reconocen que, si el Gobierno español aumenta los impuestos a las empresas de servicios públicos, sus beneficios se verán impactados. “No obstante, en el caso de Iberdrola y Endesa, podemos esperar que el efecto sea más moderado dada su diversificación geográfica”, comenta Anne Grammatico, analista de Scope Ratings.
“Dicho esto, cualquier subida de impuestos y la falta de previsibilidad de la política fiscal del Gobierno español corren el riesgo de comprometer el calendario y el volumen de inversión de capital de las empresas, que es vital para la transición de España hacia un futuro con menos emisiones de carbono. Con menos beneficios retenidos por el impuesto, las empresas de servicios públicos podrían pedir más préstamos para seguir invirtiendo, lo que provocaría un deterioro de su nivel de apalancamiento”, apunta la analista Anne Grammatico.
¿Qué se sabe del impuesto del Gobierno?
El presidente Pedro Sánchez ha informado este martes en el debate del estado de la nación que el impuesto a las grandes empresas eléctricas, gasistas y petroleras tendrá un “carácter excepcional y temporal”, gravará “los beneficios extraordinarios obtenidos en 2022 y 2023”. Y estima una recaudación anual de 2.000 millones de euros al año.
“Más allá de la falta de detalle, y si la ‘filosofía’ es gravar las “ganancias extraordinarias”, no sería lógico suponer que el impuesto se aplicará a aquellas ganancias generadas fuera de España, ni al transporte (Enagás y Red Eléctrica) y distribución , por tratarse de negocios regulados no beneficiados por el incremento de precios”, apuntaban desde Alantra Equities en un reciente informe.
Por lo tanto, el mercado espera que este impuesto se concentre sobre la generación. “En cualquier caso, e incluso si tomáramos el peor caso y todas las ganancias se vean afectadas, un recargo fiscal del 10% implicaría un 12-15% menos de ganancias anuales para las diferentes empresas de servicios públicos. Suponiendo que esto esté vigente para 2022 y 2023, el impacto sería equivalente al 2-3% de las capitalizaciones de mercado de las diferentes empresas como máximo”, añaden desde Alantra.
El resto de informes consultados comparte que Moncloa terminará implementando algún tipo de impuesto y su impacto será mucho menor de lo esperado. Uno de los motivos por lo que las energéticas no sufrieron el pasado martes en Bolsa, a diferencia del sector bancario. Por otro lado, se espera que las energéticas respondan con una batalla legal a este impuesto cuando conozcan sus detalles. Unas dudas que se espera que resuelva el Gobierno en las próximas semanas.
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