Rajoy ha anunciado una tarifa de 100 euros al mes a la Seguridad Social para cualquier contratación indefinida durante dos años, siempre que suponga creación de empleo neta, no se haya despedido en los seis meses anteriores y se mantenga al trabajador durante tres años. Y esta tarifa tiene unas implicaciones que pueden suponer toda una revolución a la hora de contratar.
Si el problema siempre ha estribado en que resultaba mucho más económico y menos problemático fichar a un temporal antes que a un fijo, ahora los incentivos podrían darse la vuelta como un calcetín. Según los cálculos realizados por José Ignacio García Pérez de la Universidad Pablo de Olavide, para el sueldo medio habitual de 20.000 euros al año, un contrato de un indefinido saldrá 3.760 euros más barato que uno temporal.
Hasta el anuncio de esta nueva fórmula, los costes de la Seguridad Social eran ligeramente más caros para los temporales que para los indefinidos, unos 6.220 euros frente a unos 5.980 euros en el caso de una remuneración de 20.000 euros. Y esa diferencia obedece a que la cotización por desempleo asciende al 5,5 por ciento cuando se trata de fijos y al 6,7 por ciento cuando son temporales.
El coste del despido y la precarización
Pero la cosa no se queda ahí. Esta subvención también ataja el otro serio inconveniente que presentan los contratos fijos frente a los eventuales a los ojos de los empresarios: el coste del despido, lógicamente siempre superior en los indefinidos. La ayuda es tan grande que incluso supera y por lo tanto neutraliza el coste del despido en el que se incurriría a los tres años de que acabe el compromiso de mantenimiento del trabajador. Otra vez con un sueldo de 20.000 euros, en total el subsidio superaría los 7.000 euros, sustancialmente por encima de los 5.800 euros que costaría el despido del empleado a los 36 meses.
En definitiva, dependiendo de la letra pequeña que conoceremos en el Consejo de Ministros del viernes, esta nueva tarifa plana podría contribuir a combatir la precarización en un momento en el que difícilmente se fichan indefinidos. Bruselas ha exigido en varias ocasiones que se tomen medidas para acabar con la acusada dualidad del mercado laboral entre los indefinidos, muy caros de despedir, y los temporales, más baratos y por lo tanto prescindibles. Así que la tarifa en cuestión bien podría tildarse de parche temporal para este mal endémico del mercado laboral español.
De hecho, el reciente informe de la OCDE que se usará de vara de medir para una segunda vuelta de la reforma laboral apuntaba que la única contratación estable que se ha llevado a cabo en España durante la crisis ocurrió en las pequeñas empresas, gracias a que hasta finales de 2013 el Fogasa subsidiaba con 8 días el despido indefinido: en tanto que el despido indefinido costaba 12 días y el temporal 10, a los pequeños empresarios les daba igual y en consecuencia hicieron fijos a sus trabajadores.
La iniciativa lanzada por Rajoy representa una rebaja del 75 por ciento de las contigencias comunes a cargo del empresario, las cuales ascienden al 23,6 por ciento de la base de cotización. La empresa seguirá abonando de forma íntegra la parte que le toca correspondiente a las cuotas del Fogasa, de la formación y de la prestación de paro y que ronda el 6 por ciento. Lo mismo ocurre con el 4,5 por ciento de la cotización que también continuará desembolsando el empleado.
La rebaja de cotización no conllevará una recorte en el futuro de las pensiones, aseguraron fuentes del Ministerio de Empleo.
La memoria económica
Otra cuestión no baladí es el agujero que puede acarrear esta medida para las arcas de la Seguridad Social. De los trece millones de contratos que se suelen firmar al año, aproximadamente un millón son indefinidos. De modo que si un tercio de las nuevas contrataciones se acogiesen a esta modalidad, la factura podría rebasar los 1.000 millones de euros al año. Así que con la partida de las pensiones al alza, esta propuesta sólo es sostenible porque abarca un periodo reducido de dos años en el que no se creará mucho empleo.
Los críticos con la medida argumentan que una mayoría de los contratos se puede hacer igualmente y que en esos supuestos se les está regalando la cotización. “Algunos quizá se decidan animados por el coste, pero no serán la mayoría. Es una medida efectista, que se visualiza bien pero que no logrará tanto como pudiera parecer. Se ha demostrado que las políticas de bonificaciones no suelen funcionar”, explican.
Después de haber emprendido una política de alzas continuas de las cotizaciones, en un acto de soplar y sorber a la vez el Gobierno pretendía hacer una devaluación de éstas para fomentar la competitividad. Pero ante la pérdida que podría ocasionar al sistema de pensiones se ha optado por buscar el máximo impacto al precio más bajo posible. La esperanza del Ejecutivo es que funcione y cree más empleo en estos dos años en los que se prevé un crecimiento del factor trabajo escaso. Ingenio no les ha faltado. Aunque siempre se podrá medir su efectividad al comparar sus resultados a finales de año con los 60.000 empleos netos que pronostica actualmente BBVA para 2014.
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