España

Defensa impondrá el envío del Ejército a País Vasco y Cataluña si se descontrola el número de casos

El Gobierno no quiere abrir una brecha política con los dirigentes independentistas que le abrieron las puertas de La Moncloa, pero primará el criterio de los técnicos de Margarita Robles

Los Gobiernos de Cataluña y País Vasco, al borde del colapso por la incidencia del coronavirus, no quieren a las Fuerzas Armadas en sus calles. Los representantes políticos de ambas Comunidades lo han afirmado por activa y por pasiva. Pedro Sánchez, pese a tener la competencia de enviar al Ejército allá donde lo estime tras decretarse el estado de alarma, aún no ha dado el paso de desplegar a los militares en ambas regiones. ¿El motivo? No quiere forzar una situación de tensión política, aunque en última instancia primará el criterio de los técnicos del Ministerio de Defensa.

973 y 1.866 positivos por coronavirus acumulan País Vasco y Cataluña, respectivamente. Tras la Comunidad de Madrid representan los principales focos de contagio de España. Pero los Gobiernos autonómicos, a través de diferentes portavoces, han expresado su rechazo a ver al Ejército por sus calles. Consideran que pueden hacer frente a la pandemia con los medios de los que disponen.

Una situación que ha provocado cierta crispación en las conversaciones bilaterales que Sánchez ha mantenido con Quim Torra e Íñigo Urkullu. ¿Por qué no aceptan la ayuda castrense para hacer frente al coronavirus? 2.800 efectivos de las Fuerzas Armadas -Ejército de Tierra, del Aire, de la Armada y de la UME- se han desplegado en un total de 48 localidades sin que haya voces discordantes significativas. ¿Y por qué sí se encuentran este escollo en las regiones gobernadas por el independentismo?

Evitar la brecha política

Pedro Sánchez no quiere abrir una brecha política con un movimiento que pudiera irritar a los gobernantes vascos y catalanes; los mismos que le abrieron la puerta a la Moncloa tras la moción de censura y las últimas elecciones generales. Pero también mira con preocupación el alarmante número de contagios que hay en estos dos focos.

Por eso, fuentes del Ministerio de Defensa recuerdan que la decisión final sobre los despliegues militares están centralizadas en el Gobierno tras decretarse el estado de alarma. Y que en función de las peticiones de las administraciones y de las carencias detectadas se tomará cualquier decisión. Así lo resumió el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general del Aire Miguel Ángel Villarroya: "En País vasco y Cataluña intervendremos cuando se requiera o se necesite".

Por ahora se está actuando en consonancia a los planteamientos de los Gobiernos autonómicos. Según fuentes militares consultadas por Vozpópuli, no obstante, se actuará en función de la situación que atraviese cada región. O lo que es lo mismo, Defensa reforzará las capacidades de seguridad y sanitarias con recursos castrenses si se sigue disparando el número de casos en Cataluña y País Vasco.

Críticas de la oposición

Voces de la oposición vasca exigen que se abra las puertas a las fuerzas castrenses para hacer frente al coronavirus. "Es preocupante que, siendo Euskadi una de las principales Comunidades con más afectados, no se ofrezcan todos los recursos disponibles", advirtió Amaya Fernández, presidenta del PP vasco, en una reunión con el Ejecutivo regional. "El Gobierno vasco no sólo debe abstenerse de criticar la ayuda extra en Euskadi, también debe defenderla porque nadie sobra cuando el objetivo es salvar vidas".

Caso paradigmático es el de Cataluña. En la región hay aproximadamente 2.300 militares preparados para un despliegue rápido en caso de recibir la luz verde del Gobierno. "Le pediremos que el Ejército se despliegue por todo el territorio nacional, sin ceder a presiones nacionalistas", aseveró este miércoles el presidente del PP, Pablo Casado, desde el Congreso de los Diputados.

La evolución de las estadísticas -no sólo las de contagiados, también las de disponibilidad de recursos sanitarios- determinará el despliegue en cualquier región de España. Y ese criterio se impondrá a las peticiones que lanzan desde las administraciones. También en Cataluña y País Vasco.

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