El Ministerio de Defensa desembolsará una partida próxima a los 1,35 millones de euros para subcontratar la seguridad en dependencias y edificios oficiales bajo gestión orgánica directa del departamento que dirige Margarita Robles. La adjudicación tiene lugar después de que desde esta cartera se gestionase el cese de las funciones de la Guardia Civil en este ámbito -a petición del Mando de Personal del Instituto Armado-, tal y como revelaba un oficio interno que adelantó Vozpópuli.
Como contó este diario, el Ministerio de Margarita Robles remitió el pasado 14 de noviembre un oficio en el que abordaba el "cese de la prestación del servicio de vigilancia por parte de los efectivos de la Guardia Civil" en delegaciones y subdelegaciones de Defensa de toda España. Se trata de dependencias clave en el organigrama del departamento, toda vez que representan el principal instrumento con el que el Ministerio articula su presencia administrativa en buena parte del país.
Dicho oficio, redactado por la Subdirección General de Administración Periférica del Ministerio de Defensa, detallaba que se prescindiría de la presencia de la Guardia Civil en una larga lista de delegaciones y subdelegaciones a partir del presente 1 de enero. Esta decisión se tomó en una reunión de delegados de Defensa que se celebró en octubre de 2022 en La Coruña.
Decisión de la Guardia Civil
"Esta Subdirección General en coordinación con la Unidad de Seguridad de la SDG de Régimen Interior ha coordinado la prestación del servicio de seguridad privada a partir del 1 de enero de 2023 en las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa que se indican a continuación", rezaba el documento. A renglón seguido enumeraba una extensa lista de dependencias en las que se prescindiría de los servicios de la Guardia Civil.
La decisión, no obstante, no habría nacido en el seno del Ministerio de Defensa, sino que atendía a una comunicación recibida por parte del Mando de Personal de la Guardia Civil
La decisión, no obstante, no habría nacido en el seno del Ministerio de Defensa, sino que atendía a una comunicación recibida por parte del Mando de Personal de la Guardia Civil "sobre el cese de la prestación del servicio de vigilancia por parte de los efectivos" del Instituto Armado, apunta el oficio.
En el escrito se detallaba que las funciones de seguridad recaerían a partir del 1 de enero en profesionales del sector privado; en concreto, por la empresa Grupo Sureste, que a través de su rama de seguridad privada desempeña estas funciones en diversas instituciones oficiales -entre otros-. Sin embargo, no se daba cuenta del procedimiento ni de los detalles de la licitación.
El proceso de licitación
Ahora, el Ministerio de Defensa, a través de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías, ha publicado la información de la licitación a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. A pesar de que en el oficio se detalla que la Guardia Civil dejaría de proteger los edificios de Defensa el 1 de enero, el contrato no se formalizó hasta fechas recientes, el 26 de marzo.
La documentación incorporada en la licitación refleja que sólo hubo una empresa que presentó oferta en el procedimiento, SURESTE SEGURIDAD S.L.U. La adjudicación se cerró por 1.119.236,02 euros; una cifra que asciende hasta los 1.345.945,16 euros si se incluyen los impuestos.
Estos documentos no incluyen pliegos de prescripciones técnicas, si bien el oficio de la Subdirección General de Administración Periférica de Defensa se informa de que los profesionales de Sureste tendrán una jornada laboral de siete horas diarias, en un horario que tendrán que proponer desde la delegación o subdelegación de turno.
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