El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha señalado que, aunque se trata de un "asunto judicializado", estarán "atentos y activos" para que se "respeten los derechos de todos" los alumnos en Cataluña. Así lo ha manifestado en una entrevista a Europa Press, al ser preguntado por la sentencia del 25% de castellano en las escuelas catalanas. "Este es un asunto judicializado pero estamos atentos y activos para que se respeten los derechos de todos", ha dicho.
El pasado 23 de diciembre la institución inició una actuación de oficio ante la Conselleria d'Educació de Cataluña al hilo de una situación concreta conocida como caso del menor de Canet de Mar (Barcelona). "Se preguntó sobre las medidas adoptadas para protegerlo en el ámbito docente y educativo, y cómo se aplicaría la legalidad vigente, además de la jurisprudencia en materia de utilización de la lengua vehicular en la enseñanza. Esta actuación sigue abierta", ha asegurado Gabilondo, quien ha añadido que, mientras tanto, "ha intervenido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ha emitido una sentencia que obliga a establecer en el 25% de enseñanza en castellano".
Asimismo, ha recordado que, recientemente, la Generalitat aprobó una ley -con el apoyo del 80% del Parlament- "en la que se evita hablar de porcentaje y se concede a los centros -en virtud de su autonomía- la posibilidad de reforzar una u otra lengua en función de su contexto social y cultural, a fin de garantizar el correcto conocimiento del castellano y del catalán".
Proteger el catalán: una obligación
Durante la tercera mesa de diálogo entre el Gobierno central y el Govern catalán, celebrada el pasado 27 de julio en Madrid, el Ejecutivo apoyó la nueva ley del catalán que suprime el 25% del uso de la lengua en castellano y las dos administraciones acordaron medidas de protección de la lengua catalana, garantizando la autonomía de los centros educativos.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, explicó que la protección del catalán es una obligación y, en consecuencia, se garantizará que todos los alumnos tengan su pleno conocimiento al igual que el español. De esta forma, ambos ejecutivos reconocieron la autonomía de cada centro escolar para reforzar una y otra lengua a su contexto social y cultural, como recoge la ley del catalán aprobada por el 80% del Parlament.
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