España

El Defensor del Pueblo cuestiona a la Guardia Civil: "Tiraron piedras" a los inmigrantes en Melilla

El informe del órgano presidido por Ángel Gabilondo concluye que la violencia de los subsaharianos "no justifica" la actuación de los agentes. Éstos destacan la falta de medios durante la tragedia

El "bastante duro" informe del Defensor del Pueblo -calificativo puesto desde el propio Gobierno de Pedro Sánchez- cuestiona también la intervención de la Guardia Civil en la tragedia de Melilla del pasado mes de junio, en la que murieron al menos 23 subsaharianos según las fuentes oficiales. El órgano dirigido por Ángel Gabilondo detalla, en base al análisis de las imágenes entregadas por el Ministerio del Interior, que los agentes desplegados en el perímetro fronterizo lanzaron piedras contra las personas que están encaramadas en lo alto de la valla, y urge a que se delimiten "con claridad" el uso de los medios de contención habilitados para este tipo de intervenciones. Se trata de las conclusiones que el Defensor del Pueblo envió a Interior el pasado 14 de octubre, que se conoce ahora tras hacer público el informe.

Este modo de actuar por parte de los agentes queda reflejado en los vídeos grabados por un dron, que el Ministerio del Interior entregó al Defensor del Pueblo. En el "Vídeo 7" [numeración establecida por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska] "se observa cómo las personas que intentan acceder de manera irregular lanzan palos a los agentes españoles y como estos les lanzan piedras", de acuerdo a la descripción de los hechos recogida en el informe.

En el "Vídeo 8" se puede ver la reacción de los guardias civiles: "Algunos agentes españoles buscan piedras y se las lanzan a las personas que están en la parte superior de la valla". El "Vídeo 9" detalla cómo los inmigrantes "empiezan a tratar de forzar las puertas del puesto fronterizo delante de los agentes españoles". Los vídeos correspondientes a la numeración "10" y "12" muestran a "un agente de la Guardia Civil les rocía con gas [a los subsaharianos] para que no sigan intentando derribar la puerta del puesto", y que "algunos agentes españoles les continúan lanzando piedras".

En base a esos datos, el Defensor del Pueblo admite que los objetos que los inmigrantes arrojaron a los guardias civiles "pueden comprometer su seguridad e integridad [la de los agentes]", pero eso no sería motivo suficiente para que éstos "arrojen piedras a las personas que se encuentran en la parte superior de la valla": "El uso de los medios de contención, una vez que estas personas ya están encaramadas en lo alto de la valla, no debe incrementar la situación de peligro en la que estas personas se han colocado".

Y añade: "Resulta preciso que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que participan en esos operativos conozcan con claridad los límites del uso de los medios de contención permitidos; particularmente cuando se trata de utilizarlos con personas encaramadas en valla o que hayan traspasado ya el perímetro fronterizo".

La versión de los agentes en Melilla

Fuentes del Instituto Armado consultadas por Vozpópuli, no obstante, inciden en la envergadura del salto -más de 2.000 personas- frente a los medios disponibles en el lado español cuando se produjeron los hechos. Apenas había seis agentes en el puesto donde se produjo el acceso y dos de ellos resultaron heridos en los primeros momentos de los hechos. Inmediatamente se solicitó el envío de más refuerzos, desplegando a guardias civiles que en ese momento estaban cubriendo labores de oficina. Finalmente, medio centenar de agentes resultaron heridos.

Las asociaciones representativas de la Guardia Civil aseveran la necesidad de dotar de más medios a las Comandancias de Ceuta y Melilla, para hacer frente a episodios como el que se vivió en junio. Tras estos hechos, la Dirección del Instituto Armado aprobó la adquisición y envío a Melilla de 300 cascos antidisturbios y 300 máscaras antigas, por valor de 477.000 euros, pero desde las mismas esferas asociativas se pide un aumento de las plantillas de agentes destinadas en estos puestos.

Asimismo, el informe del Defensor del Pueblo -este diario ya informó de las conclusiones preliminares, aunque ahora se conoce el contenido íntegro- lamenta la ausencia de una hora y media de grabaciones por parte del helicóptero español desplegado durante la tragedia. Fuentes del Ministerio del Interior aseguran que se entregaron todas las imágenes disponibles, así como un análisis de cómo se grabaron y el tratamiento que se dieron a los vídeos.

Crisis política

El órgano que preside Ángel Gabilondo cuestiona que los 470 inmigrantes que se entregaron a Marruecos en la misma frontera recibieran un tratamiento individualizado sobre su situación ante una hipotética petición de protección individual: "El lapso de tiempo transcurrido, dos minutos, hace imposible sostener que se han realizado rechazos en frontera conforme a las mínimas exigencias legales".

Y abunda en la contradicción de la Secretaría de Estado del Interior, al negar inicialmente "que el citado operativo estaba coordinado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españolas y marroquíes", para posteriormente "describir el operativo se habla de la actuación de «fuerzas hispanomarroquíes»".

La polémica en torno a la tragedia de Melilla, multiplicada tras la reciente difusión de un documental de la BBC que cuestionaba la versión oficial, ha provocado una gran polvareda política en torno al ministro Fernando Grande-Marlaska. Los socios habituales del Gobierno rechazan la versión oficial, mientras que la oposición exige la dimisión del titular del departamento. En el horizonte queda la posible creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para esclarecer si la gestión de Interior ante la tragedia de Melilla fue correcta.

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