La nueva Defensora del Pueblo de Cataluña, cargo que ocupa la jurista Esther Giménez-Salinas, dedica un apartado de su informe anual a contradecir la sentencia del TSJC que obliga a aplicar un mínimo del 25% de horas lectivas en castellano en los colegios de Cataluña.
El llamado Síndic de Greuges, nombre con el que se conoce a la institución en la administración catalana, indica que el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza "se puede garantizar sin necesidad de aplicar una proporción mínima" porque, a su entender, se trata de una proporción "que no se fundamenta en la realidad sociolingüística de los centros ni en criterios pedagógicos y sociolingüísticos". "La realidad heterogénea de las aulas es contradictoria con la imposición de una proporción rígida de monolingüismo", destaca la institución.
La Defensora del Pueblo ve que la aplicación de un 25% de castellano para una determinada materia entra en contradicción con el carácter integrador de la 'ley Celaá'
De acuerdo a la Defensora del Pueblo, la aplicación de un 25% de castellano para una determinada materia, prevista por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), "entra en contradicción con el carácter global e integrador de los contenidos curriculares en la Educación Primaria (art. 18 de la Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, Lomloe), que desdibuja la división del currículum en materias y establece las áreas, que no necesariamente responden a materias específicas en el horario lectivo del alumnado".
El informe subraya que, más allá de las recomendaciones de la institución sobre la regulación de la vehicularidad de las lenguas oficiales en la enseñanza, es necesario definir los proyectos lingüísticos de los centros de acuerdo con su realidad sociolingüística y pedagógica, y la necesidad de una acción afirmativa a favor del catalán y el aranés más allá de la escuela.
La AEB: "Un informe vergonzoso"
La Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) ha calificado el documento de "vergonzoso" y considera que los seis meses de trabajo de la nueva Defensora del Pueblo, que llegó en sustitución de Rafael Ribó, demuestran que "nada ha cambiado en el trato discriminatorio hacia los castellanohablantes". "Indignante que considere que aplicar mínimo 25% castellano en la escuela es imponer monolingüismo", insisten desde la entidad que preside Ana Losada.
Escuela de Todos, plataforma que integra 20 asociaciones, entre ellas la AEB, con el fin de garantizar que el español sea lengua vehicular en toda España, denuncia que el informe hace evidente "que el nacionalismo es un virus que daña el raciocinio".
Otras polémicas
El rechazo al 25% de clases en español no es la única posición de Giménez-Salinas que ha generado controversia estos días. En una entrevista en Cafè d'Idees, en La 2, ha defendido un modelo de justicia "menos punitivo", ya que considera que el debate social gira en torno a la idea de "castigar más" en lugar de a la "reinserción, la reeducación o la pena más justa" para cada uno de los delitos cometidos. Preguntada por la decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de mantener el procesamiento del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por malversación agravada y desobediencia, la jurista catalana se pregunta "¿por qué castigar más pudiendo castigar menos?".
Asimismo, la Defensora del Pueblo en Cataluña ha defendido que en la mayor parte de los casos "la cárcel se podría sustituir por otro tipo de sanción" y ha criticado que, en muchas ocasiones, lo que se pena es "la miseria y la pobreza", en referencia a su experiencia tras visitar cárceles de varios países del mundo. Giménez-Salinas también ha insistido en la importancia de trasladar correctamente el mensaje en torno a la ley del 'Solo sí es sí' a la sociedad, ya que, considera que en algunos casos la diferencia en la reducción de la pena de los agresores era de apenas un mes.
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