¿Realmente existe el déficit de tarifa? ¿Sabemos cuál es su origen? Estos son los motivos que han llevado a ASECE, la Asociación Española para la Calidad de la Edificación, a pedir al Parlamento una auditoría del sistema eléctrico. Así, presentaron una iniciativa legislativa popular (ILP) para una Ley de Auditoría del Sector Eléctrico, que ya ha recibido la autorización del Congreso y tiene hasta noviembre para reunir 500.000 firmas. ASECE cuenta con el apoyo de otras organizaciones, como la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (PNME), la Asociación Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética (ANAE) y Greenpeace.
Representantes de estas asociaciones participaron este jueves en un acto celebrado en el Ateneo de Madrid, en el que se explicaron las líneas básicas de esta ILP y los motivos por los sería necesaria una auditoría de los costes del sistema eléctrico que arrojara luz sobre el déficit de tarifa, que ronda los 30.000 millones de euros tras sumar 4.000 millones más en 2013. Según algunos de los datos que se revelaron en este evento, cubrir este desfase entre el coste de la energía y lo que abonan los consumidores costará 1.000 euros a cada usuario, que cada mes destina, sin saberlo, un 10% de su factura a pagar costes pasados del sistema eléctrico que no han sido auditados.
Un sistema opaco
El especialista en política energética Javier García Breva denunció en su intervención la "nula transparencia de nuestro sistema energético". Según García Breva, "el oscurantismo y el déficit democrático" de la reforma eléctrica han llevado a que "la sociedad no pueda saber ni conocer los costes reales del sistema eléctrico ni los costes reales de cada fuente energética".
En su opinión, esto ha llevado a que los consumidores estén pagando un sobreprecio por encima del mercado en el recibo de la luz. “Las subastas de Cesur han supuesto a los consumidores un sobrecoste de 1.200 millones de euros”, afirma.
"Las subastas de Cesur han supuesto a los consumidores un sobrecoste de 1.200 millones de euros"
Pero, ¿cuál es el origen de este sobrecoste? "Estamos pagando costes que el Gobierno ha reconocido a energía que nosotros consumimos con anterioridad", afirma Jorge Morales, especialista en energías renovables y representante de la plataforma 'Por un nuevo modelo energético'.
Inicialmente, estos costes los asumían las cinco grandes compañías eléctricas. Posteriormente, esa deuda se titulizó y se colocó en los mercados financieros. Desde 2009, las eléctricas cuentan con el aval del Estado, estableciendo así una "vinculación entre déficit de tarifa y déficit público", según Morales. "Si en algún momento dejáramos de pagar ese déficit de tarifa, esos inversores podrían exigir al Estado el pago de esos importes", explica.
Actualmente, los consumidores "estamos pagando costes que el Gobierno ha reconocido a energía que nosotros consumimos con anterioridad". ¿Cuál es el impacto de este desfase en la factura de la luz? "Casi el 10% de nuestra factura de la luz se destina a pagar costes pasados que no han sido auditados y que han sido reconocidos por los gobiernos a las empresas eléctricas", asevera Morales.
Auditoría del déficit de tarifa
Para Francisco Valverde, presidente de la asociación de consumidores de energía ANAE, el déficit de tarifa "se basa simplemente en unos costes reconocidos". "No son unos costes que se puedan auditar, que se puedan conocer hasta el último céntimo", denuncia.
Según las estimaciones de ANAE, esta deuda sería de 1.000 euros por cada usuario, razón por la que Valverde estima necesaria una auditoría del sector eléctrico: "Si me piden esos 1.000 euros, quiero saber al detalle del céntimo adónde van".
"El auditar el déficit de tarifa es una obligación que debemos asumir bajo la responsabilidad directa e inmediata de los intereses económicos de todo el sistema, de toda las sociedad y sobre todo de la economía", explica el presidente de ASECE, Adrián Sánchez Molina.
"Estamos pagando costes que el Gobierno ha reconocido a energía que nosotros consumimos con anterioridad"
En declaraciones a Vozpópuli, Sánchez Molina lamenta que "no ha habido una voluntad política seria y contundente" para hacer más transparente el sistema eléctrico. Por este motivo, han decidido ponerse al frente de una iniciativa legislativa popular que, después de un año de preparación, por fin ha conseguido la autorización del Congreso.
"La bola se va haciendo cada vez mayor y de alguna manera, entendemos nosotros que esto habrá que frenarlo de alguna forma", indica Sergio Muñoz, vicepresidente de ASECE. "Nuestra iniciativa ha sido promover esta ILP que ahora está ya aceptada a trámite por el Senado y el Congreso y estamos en fase de recogida de firmas", agrega.
Para conseguir las 500.000 firmas que exige la ley y que el proyecto sea votado en las Cortes, de momento han habilitado una web para recoger firmas on-line con DNI electrónico. No obstante, Sánchez Molina ha adelantado que están "a punto de firmar un convenio con el Consejo General del Notariado para que a partir del mes de mayo todos los ciudadanos puedan dirigirse a cualquier notaría a firmar personalmente de forma presencial". De esta manera, puntualiza, las firmas no tienen que pasar por la Junta Electoral Central.
Tras la recogida de firmas, la ILP será votada en el Congreso. "Nos imaginamos que para el PP a lo mejor no es muy de su agrado y cuando llegue a debatirse a lo mejor no lo aprueban", reconoce Muñoz.
Aunque desde ASECE son conscientes de que el voto parlamentario es un obstáculo importante para ver su iniciativa convertida en ley, "por lo menos ya se van haciendo cosas, se va moviendo y es un escaparate a nivel social que puede ir generando muchas iniciativas". "Si alguien debe demostrar que existe el déficit y no lo hace, mejor que lo hagamos los ciudadanos".
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