La catástrofe natural que ha sacudido el sur de Valencia se abre paso ya en los tribunales. La deficiente gestión del gobierno valenciano y del Ejecutivo central tanto en las horas previas a la DANA como en los días posteriores ha provocado que asociaciones y partidos políticos hayan dado los primeros pasos para judicializar estas actuaciones tanto en la vía penal como en la Contencioso-Administrativa.
A día de hoy, el Tribunal Supremo cuenta con, al menos, una querella contra Pedro Sánchez y su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, además de dos recursos en la Sala Tercera del alto tribunal. Uno interpuesto por el abogado valenciano Curro Nicolau por la "inacción" de Moncloa tras la riada, y otro segundo por Liberum. Este inició su recorrido en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia pero se ha derivado al Supremo, según consta en estos documentos, a los que ha tenido acceso Vozpópuli.
La primera denuncia la interpuso Manos Limpias. El sindicato actuó en los juzgados de Valencia contra la presidenta de la Agencia Española de Meteorología (AEMET); María José Rallo del Olmo Le acusa de los delitos de homicidio imprudente y daños por la tardanza de la alerta que recibieron los valencianos pasadas las 20.00 horas del fatídico 29 de octubre.
La gestión, en manos del Tribunal Supremo
Tras ellos, el partido Iustitia Europa presentó una querella contra el presidente del Gobierno y Marlaska ante el Tribunal Supremo y otra, en paralelo, contra el mandatario valenciano, Carlos Mazón, ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. La primera de ellas pide investigar al líder del PSOE y al ministro del Interior por delito de omisión del deber de socorro, prevaricación omisiva e impurdencia grave.
El texto sostiene que Sánchez no debía esperar a ninguna petición para desplegar el Ejército y que tendría que haber asumido las competencias nacionales de protección civil ante la magnitud de la catástrofe. Cabe recordar que Moncloa envió los primeros efectivos el 1 de noviembre, esto es, tres días después de la riada que se cobró la vida de más de 200 personas. Un día antes, el 31 de octubre Felipe VI tomó las riendas y derivó a la zona cero su unidad militar de élite.
El TSJ valenciano ha admitido a trámite un recurso en lo Contencioso contra la Generalitat y ha solicitado los expedientes administrativos de la gestión
En relación con Marlaska -que delegó la competencia de protección civil en las comunidades- la querella recoge jurisprudencia del Tribunal Constitucional que atribuye al Estado la respuesta en escenarios de catástrofes naturales. En concreto, la sentencia 123/1984, de 18 de diciembre, resuelve un conflicto de competencias entre el País Vasco y el Gobierno central, por la creación de esta primera de los llamados Centros de Coordinación Operativa.
El fallo dejó claro que la competencia en este ámbito es de las comunidades autonómas, pero que la misma "queda subordinada a las superiores exigencias del interés nacional" cuando entre en juego la declaración del estado de alarma, excepción y sitio, o bien cuando "la calamidad o la catástrofe sean de carácter supraterritorial", como ocurrió con esta DANA que también arrasó la localidad de Letur (Albacete).
Admisión del primer recurso
Iustitia Europa también pidió al TSJ valenciano que abra causa contra Mazón por la gestión previa al tardío mensaje de alerta, que se recibió cuando ya había víctimas mortales y el barranco del Poyo se había desbordado. En este caso, la Justicia investigaría la tardía respuesta de la Generalitat, así como la gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar (dependiente del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera) que alertó de la espectacular crecida del caudal de la rambla del Poyo.
En paralelo a estas acciones, el 3 de noviembre la asociación Liberum interpuso demanda contra la Delegación del Gobierno -como representante del Ejecutivo de Sánchez en la Comunidad Valenciana- y solicitó medidas cautelarísimas para auxiliar la zona afectada por las inundaciones. La demanda por "vulneración del derecho fundamental a la vida", se presentó en el TSJ valenciano, pero éste se ha inhibido en favor del Tribunal Supremo por ser el competente para investigar los hechos.
Así pues, ante la Sala de lo Contencioso del Supremo hay ya dos recursos: el de Liberum y el interpuesto por el abogado valenciano Curro Nicolau. Este letrado, que consiguió tumbar las medidas autonómicas del Gobierno de Ximo Puig en pandemia, pide que se reclamen a Moncloa todos los expedientes de la gestión y que se investigue la "inacción" de Sánchez y su ministro del Interior en las horas posteriores a la catástrofe. Nicolau también ha actuado contra el Gobierno de Mazón ante lo Contencioso del TSJ valenciano. El mismo ha admitido a trámite dicho recurso y ha reclamado los expedientes administrativos de la Generalitat sobre este asunto.
El último en anunciar querella contra Sánchez ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal. En rueda de prensa avanzó que los equipos jurídicos del partido trabajan ya en una querella contra el presidente del Gobierno y varios miembros de su equipo por homicidio imprudente y omisión de deber de socorro. Se tratará de la segunda querella que reciba la Sala de lo Penal tras la de Iustitita Europa. En este caso, Abascal avanzó que el auxilio a la Comunidad Valenciana no era una opción sino un deber inexcusable.
El recorrido judicial, según los catedráticos
Catedráticos de Derecho Constitucional y juristas consultados por Vozpópuli explican que el recorrido de toda esta ofensiva judicial en el Tribunal Supremo es cuestionable, sobre todo en la esfera de penal. "Sobre las responsabilidades criminales, es un terreno pantanoso", explican unas fuentes consultadas, que consideran que atribuir responsabilidades penales por una movilización tardía del Ejército es realmente complejo.
Otras fuentes, sin embargo, ven con claridad un delito de denegación de auxilio en el caso del presidente del Gobierno. Con todo, las voces consultadas ven más factible la apertura de diligencias en el juzgado competente para investigar todo lo relativo a la gestión de la AEMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar que una causa penal contra Sánchez o Mazón. En cualquier caso, hay quórum en cuanto a que la inacción de Sánchez respondió a un movimiento que se entiende en clave política en tanto la legislación actual le habilita para coger las riendas ante la incapacidad de respuesta de las comunidades ante este tipo de catástrofes.
La causa que sí avanza es la abierta en un juzgado de Torrent por las agresiones a Sánchez, Mazón y los Reyes de España en su visita a Paiporta el pasado domingo 3 de noviembre. Un día después de ocurrir los incidentes, el Juzgado de Instrucción número 3 de la localidad valenciana abrió diligencias por los delitos de atentado y desórdenes públicos. A día de hoy, la Guardia Civil ha detenido a tres personas por los ataques al coche del presidente del Gobierno. El Instituto Armado descarta que formen parte de grupos organizados. El juez, tras tomar declaración a dos de ellos, les dejó en libertad provisional sin medidas cautelares.
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