El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, que investiga el denominado 'Delcygate', ha impuesto al PP una fianza de 40.000 euros para poder ejercer la acusación popular en el caso, tras analizar sus cuentas anuales. Considera esta cantidad "adecuada y proporcional" a la vista de los resultados económicos del ejercicio recogido en la documentación aportada por el partido, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press.
En espera del depósito de la fianza por parte del PP por el momento no existe ninguna acusación popular ya personada en el asunto -que investiga el encuentro que mantuvo el pasado 20 de enero en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez-. Tanto para Vox como para el Partido Laócrata se le fijaron 20.000 y 5.000 euros de fianza, respectivamente, que aún no se han aportado.
De hecho, los laócratas han presentado un recurso de reforma ante el propio Serrano-Arnal por considerar los 5.000 euros que les han sido fijados una cantidad "desproporcionada" y no acorde con su capacidad económica, lo que supone un impedimento para ejercer la acusación popular en este asunto.
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se recuerda que esta formación minoritariano recibe subvenciones públicas por ser de reciente creación. Añaden para Vox se ha fijado una fianza cuatro veces superior cuando la capacidad de este partido, es mil veces superior a la de los laócratas. Por el momento, el juez ha dado traslado a Fiscalía para que se pronuncie sobre este recurso.
Los vídeos de Barajas
El PP, por su parte, no fue el primer partido en mover ficha en este asunto -fueron los minoritarios laócratas- pero si el que logró la primera actuación judicial a raíz de la denuncia -no querella- que presentó al juzgado de guardia logrando que se ordenara a AENA no borrar las grabaciones que del encuentro que realizaron las cámaras del aeropuerto de Barajas.
Mientras realiza estos trámites en relación con las acusaciones populares el magistrado ya ha comenzado a investigar este asunto, y ha solicitado al Ministerio del Interior un informe que explique cuál es la normativa de funcionamiento del aeropuerto, así como quiénes son los funcionarios responsables de llevar a cabo su cumplimiento para comenzar a analizar si con el encuentro entre el ministro y la mandataria venezola se infringió dicho protocolo.
