El delegado del Gobierno en Madrid, citado a declarar como imputado por el 8-M

Desde el pasado 25 de marzo, la juez Carmen Rodríguez Mendel dirige una investigación contra Franco por prevaricación al consentir "reuniones multitudinarias desde que se emitiera el informe sobre el Covid-19 de 2 de marzo de 2020 por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades". En la lista de manifestaciones destaca la del 8-M.

En el marco de las pesquisas, la magistrada ordenó una serie de diligencias de investigación a la Guardia Civil y al médico forense cuando admitió a trámite la denuncia presentada por el abogado Víctor Valladares. El informe determinó que no es posible acreditar una "relación de causalidad" entre acudir a una manifestación y contagiarse de coronavirus. Tras su análisis, acordó retirar la imputación por un presunto delito de lesiones y mantener la investigación solo por el delito de prevaricación. 

Aunque la denuncia presentada por Valladares solo contemplaba un delito de prevaricación, la juez admitió tener "serias dudas" sobre la calificación jurídica y llegó a señalar la posibilidad de investigar al Delegado del Gobierno por un delito de lesiones por imprudencia profesional. Tras la sugerencia de la magistrada, el abogado elevó una denuncia contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante el Tribunal Supremo por presuntos delitos de prevaricación y lesiones.

Aún queda pendiente la respuesta de los jueces de la Sala de lo Penal del Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, quienes tendrán que decidir si admiten o no a trámite la denuncia de Valladares contra Sánchez.