El caso de Ignacio Stampa va camino de convertirse en el gran problema de la actual Fiscalía General del Estado. Desde que el exfiscal del caso Villarejo denunciara irregularidades con su salida de Anticorrupción, la presión en relación a su cese no ha hecho más que aumentar. La propia fiscal general, Dolores Delgado, decidió incluir el asunto en el Consejo del pasado miércoles para tratar de frenar el impacto negativo. Lejos de erradicarlo, terminó por provocar una crisis interna ante el reclamo de que se pueda acceder al expediente de una causa que continúa reservada.
El requerimiento lo formuló la mayoritaria Asociación de Fiscales en relación a los papeles sobre la investigación a Stampa por presunta revelación de secretos. Pese a su insistencia por acceder a esta documental, el Consejo reitera que la materia está secreta. Con todo, estos papeles constituyen el núcleo de la crisis ya que contienen las diligencias practicadas en la investigación, así como la implicación de la Fiscalía General del Estado. Las reiteradas peticiones de archivo del instructor del caso demuestran que se podría haber dado carpetazo al asunto antes del Consejo Fiscal del 27 de octubre en el que Stampa quedó fuera de Anticorrupción al no lograr ni un voto.
En aquel momento, el fiscal al frente del caso Villarejo estaba siendo investigado en el marco de unas diligencias abiertas en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y bajo la instrucción del teniente fiscal de este órgano, Carlos Ruiz de Alegría. De acuerdo con la documentación de este expediente, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, las pesquisas arrancaron en julio de 2020 a tenor de una denuncia interpuesta por Vox por posible delito de revelación de secretos.
La formación que lidera Santiago Abascal se basó en los chats internos del equipo jurídico de Podemos, en los que se insinuó que los dos fiscales del caso estaría filtrando información de carácter reservado sobre el procedimiento Tándem a la formación morada, que ejerce como acusación popular. De los mensajes intercambiados se desprendía que una de las letradas del partido, Marta Flor, podría tener una relación que iba más allá de lo profesional con Stampa, lo que propició la apertura de estas diligencias por posible delito de revelación de secretos.
Tres meses después de la apertura, el 5 de octubre, el instructor Ruiz Alegría presentó un primer borrador de archivo. El entonces fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero Klink, remitió un correo electrónico sobre este asunto al fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz. Éste, considerado mano derecha de Dolores Delgado, le respondió cuatro días después, el 9 de octubre, sugiriendo la práctica de más diligencias dado "la trascendencia del asunto". Al respecto propuso contar también con el testimonio de Miguel Serrano (el otro fiscal al frente del caso Villarejo) y de José Manuel Calvente.
Tres meses para el archivo
Este último formó parte del equipo jurídico de Podemos, si bien el partido acabó echándole cuando denunció irregularidades en relación a la investigación del robo del teléfono de Dina Bousselham o sobre la propia Marta Flor. Ambos terminaron en los tribunales a tenor de una denuncia por acoso laboral y sexual que ella interpuso contra él y que perdió en primera y segunda instancia. Con todo, el instructor Alegría acató las "sugerencias" y decidió tomar declaración a todos ellos. Además, también escuchó el testimonio de otro de los abogados de Podemos que litigó en el procedimiento e incorporó un escrito de Stampa.
Este documento, respaldado por Serrano y visado por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, venía a dar cuenta de todas las propuestas de Podemos solicitadas en el marco de la causa y de las respuestas proporcionadas por el Ministerio Fiscal. También analizó los chats internos de Podemos que Vox incluía en la denuncia y que se enviaron entre los meses de agosto y octubre de 2018. Todas las personas que declararon en estas diligencias negaron haber recibido o suministrado información sensible del caso Villarejo. Flor, en concreto, explicó que de 44 peticiones instadas a la causa, Anticorrupción solo respaldó 3 de ellas.
De este modo Ruiz de Alegría volvió a solicitar el archivo el 23 de octubre, días antes de la celebración del Consejo en el que Stampa y Serrano se jugaban su continuidad en el caso Villarejo. En esta nueva propuesta remitida a Álvaro García Ortiz, el fiscal instructor concluyó que consideraban "esclarecedor" el informe remitido por el propio Stampa y que no se podía apreciar "huella alguna de indicios ni tan siquiera de sospechas" que avalaran la pretensión de Vox. "Debemos afirmar con plena rotundidad que tanto el fiscal denunciado como su compañero desempeñaron con rigor y profesionalidad su desempeño como fiscales en la causa, no acreditándose ninguna filtración o revelación", expusieron.
Presión de los fiscales
Sin embargo, el borrador de archivo no recibió respuesta hasta el 4 de noviembre. Entonces, la mano derecha de Delgado declinó por segunda vez dar carpetazo a las pesquisas y solicitó que se le remitiera la totalidad de las diligencias practicadas. Ya en diciembre, propuso incorporar la totalidad de los chats internos de Podemos (cuya privacidad está protegida por Ley al tratarse de una comunicación reservada entre abogado y cliente) y tomar más declaraciones. El archivo definitivo se acordó el 16 de febrero.
Los hechos habían permanecido ocultos hasta ahora, cuando Stampa ha movido ficha y ha presentado una reclamación patrimonial ante el Ministerio de Justicia. En su escrito asegura que su salida estuvo plagada de irregularidades y que sus diligencias se dilataron con la intención de que todavía estuvieran vivas para cuando se jugaba la plaza fija en Anticorrupción, en donde trabajaba en comisión de servicio desde el año 2016. Además, también apeló a un posible interés de Delgado en el caso Villarejo, dado que el despacho de su actual pareja, el magistrado Baltasar Garzón, ejerce la defensa de los principales policías imputados.
Con este caldo de cultivo, Delgado accedió a incluir el asunto en el Consejo del pasado miércoles. Dijo que se trataba de acusaciones gravísimas que tenían que analizarse. El Pleno contó con la presencia del fiscal jefe en Anticorrupción, Alejandro Luzón, y también con la participación de Álvaro García. Ni rastro de Ruiz de Alegría ni de Caballero Klink. Al término de la reunión, la Asociación de Fiscales pidió que se les diera traslado del expediente de Stampa. Y no solo eso, sino que también solicitaron información por escrito de los abogados que litigan en el caso Villarejo, con el foco puesto en Garzón.
Crisis en la institución
El Consejo Fiscal remitió una nota en la que explicó, en primer lugar, que Delgado no se abstuvo de votar en el Consejo del año pasado porque "no concurría causa alguna que afectase a su imparcialidad". Del mismo modo, recordaron que Stampa no obtuvo ningún voto y que no recurrió el resultado pese a haberlo podido hacer. En lo que respecta al contenido de su expediente, se negaron a dar traslado explicando que se trata de una materia reservada. Una postura que, según las fuentes consultadas por este medio, no va a variar.
Además, también cuestionó que Ruiz de Alegría pusiera en conocimiento de Stampa "documentos internos de la institución y de naturaleza reservada". El teniente fiscal, por su parte, explicó en entrevista al Periódico de Catalunya que Stampa tenía derecho a conocer las comunicaciones que salían de la Fiscalía que dirige Dolores Delgado. Las fuentes consultadas apuntan, además, que la Asociación de Fiscales que ahora solicita todos estos papeles no formuló pregunta alguna a los testigos que llevaron al Consejo del pasado miércoles. La asociación, sin embargo, no se da por vencida e insiste en acceder al expediente. Además avisan de que esta postura adoptada desde la cúpula de la institución está dañando seriamente su imagen.
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