La Generalitat encabeza las muertes de las personas dependientes que esperaban sus ayudas. Un total de 43.381 personas fallecieron en lo que va de año en las listas de espera de la dependencia de toda España y el 27%, más de la cuarta parte, se concentra en Cataluña.
Según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales basado en los últimos datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra, en la región gobernada por Pere Aragonès se produjeron 11.715 muertes.
La segunda comunidad donde perdieron la vida más personas mientras esperaban ayudas fue Andalucía con 9.418 fallecimientos, seguida de la Comunidad Valenciana con 4.111 y de Madrid con 3.679 personas dependientes fallecidas. Después, 2.851 dependientes murieron esperando los recursos gestionadas por el Gobierno canario.
"El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas no conseguirán el objetivo del plan de choque de reducir en 60.000 personas la lista de espera, pues solo baja un 11,3%, lo que supone 26.278 personas en lo que va de año. Eso sí, aumentan las personas beneficiarias en 87.701, lo que se traduce en una subida del 7,2%", explican desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
130 dependientes al día
En 2020, año de la pandemia por excelencia, los datos superaron los 55.000 fallecimientos. En 2021 la situación ha mejorado, pero las cifras continúan reflejando una catástrofe: hasta 130 personas fallecen al día en el laberinto burocrático de la ley de dependencia. Una cada 11 minutos.
Aragón y Asturias han sido las regiones que, según el informe, han reducido su lista de espera en mayor porcentaje. Un 36,7% y un 33,7%, respectivamente. Canarias (+24,2%), Murcia (+14,1%), La Rioja (+12,5%) y Cataluña (+5,5%), a pesar de haber recibido el incremento presupuestario, han aumentado la lista de espera en este año. "La burocracia en los procedimientos y estas comunidades no van a permitir que el Gobierno cumpla con el propósito de disminuir la lista de espera en 60.000 personas comprometidas en el plan de choque", insiste la asociación.
En el otro extremo, comunidades que más ha aumentado las personas beneficiarias con prestación en lo que va de año han sido la Comunidad Valenciana (+14,38%), el Principado de Asturias (+14,24%) y la Comunidad de Madrid (13,59%). Por el contrario, "en el País Vasco ni siquiera se ha mantenido la tasa de reposición, disminuyendo el número de personas beneficiarias". Y en Cantabria, apunta la organización, el número personas con derecho se redujo en lo que va de año en un 11,5%.
Servicios de bajo coste
La lectura de José Manuel Ramírez, director de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, es que estos datos parecen indicar que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se reactiva. "Pero ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos a las personas dependientes con Grado I. Las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad, y a todas luces insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia", puntualiza.
Y añade que: "Lejos de nuevos discursos, fotos e intenciones, son necesarias medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país. El Gobierno de España y los autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento". "Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones. Además, debe incluir la transparencia del Sistema de Información de la Dependencia", exige.
Según la asociación, ya se han recuperado los recortes del 2012 y se han incrementado los presupuestos. "Hay que recortar procedimientos para evitar el sufrimiento y desatención de las personas en situación de dependencia. Hay que recordar que este año fallecieron 43.381 personas en el laberinto burocrático de la dependencia: el plan de choque no les llegó a tiempo", advierte.
