"Esto es un golpe de Estado institucional". Así califican fuentes del Tribunal Constitucional el pacto suscrito entre el PSOE y Junts que abre la puerta a la amnistía del procés y a investigar a la actuación de los jueces en el Parlamento. El acuerdo, que ha provocado el rechazo prácticamente unánime de la carrera judicial, solo podría anularse si el tribunal de garantías lo tumba, un escenario que por el momento se descarta.
Las fuentes consultadas por Vozpópuli califican el texto de "burla" y dicen que ha producido desolación en la carrera judicial. El documento, firmado en Bruselas tras meses de negociaciones, incluye la práctica totalidad de medidas exigidas por Puigdemont: desde la amnistía a una década de procés en los tribunales, hasta la figura de un relator internacional y el compromiso de que se negociará un referéndum.
Sin embargo, las cuestiones que más rechazo han provocado han sido la creación de un 'cupo vasco' para Cataluña y el compromiso de que el Congreso creará comisiones para investigar si hay 'lawfare' esto es, persecución judicial contra el independentismo. La nota precisa sobre este último punto que de lo que se resuelva en las comisiones se puede abrir la puerta a "acciones de responsabilidad", entendidas como actuación contra los propios jueces, y "modificaciones legislativas".
"La parte jurídica es una infamia"
El contenido de la nota, suavizada horas después por el PSOE, provocó el rechazo unánime de las cuatro asociaciones de jueces de España, incluida la progresista. A esta condena enérgica, en la que se advirtió de la quiebra de separación de poderes, se unieron también dos de las tres asociaciones de fiscales, la Comisión Permanente del CGPJ, además de Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, jueces decanos y hasta un nutrido grupo de abogados del Estado. Los pronunciamientos, en su práctica mayoría, fueron por unanimidad.
En ese sentido, el único tribunal que tendrá la última palabra sobre la legalidad o no de la norma es el Constitucional. Al respecto, las fuentes consultadas dan por hecho que el órgano que preside Cándido Conde-Pumpido avalará la ley de amnistía que ha firmado el PSOE a cambio de desencallar la investidura de Pedro Sánchez.
En sintonía con la deriva de este tribunal, las mismas fuentes avanzan también que no habrá consenso en la resolución y que el sector progresista respaldará la norma mientras que el conservador, en minoría desde la renovación del órgano, se opondrá. Sin embargo, pese al previsible respaldo que podría otorgar el Constitucional a este polémico pacto, las voces consultadas mantienen que es una "infamia".
En lo que respecta al 'lawfare', que Puigdemont ha conseguido incluir en el acuerdo, las mismas voces aseguran que "es el mayor insulto que se le puede hacer a un juez". Se trata de un pronunciamiento que va en sintonía con lo defendido hasta el momento por el grueso de la carrera judicial, que alerta que la división de poderes tal y como se ha entendido en al Constitución desde 1978 saltaría por los aires.
"Cuando llegue al Constitucional será tarde"
Además, un factor que juega en contra de la aplicación de la ley son los tiempos. Las fuentes consultadas son conscientes de que la futura amnistía, cuando llegue al Constitucional, ya se estará ejecutando. Cabe recordar que en el momento en que la proposición de ley se publique en el BOE cualquier tribunal que mantenga causas relacionadas con el procés u otras que se van a beneficiar de la amnistía, pueden plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC.
Se prevé que este cometido lo lleve a cabo el Tribunal Supremo por ser el que juzgó y condenó a los doce líderes del procés y el que ha investigado y procesado en rebeldía a Carles Puigdemont. Este mecanismo, que viene reconocido en el artículo 162 de la Constitución, permite a los tribunales que, ante sospecha de legalidad de la norma, consulten al Constitucional para que se pronuncie sobre la misma.
Con todo, se trata de un escenario que se producirá casi con total seguridad en 2024, ya que a corto plazo se tiene que celebrar primero la investidura de Pedro Sánchez y, tras ello, constituir las Cortes y comenzar su tramitación como proposición de ley.
Pendientes de la UE
Aunque de esta manera se garantizan evitar tener que pedir dictamen a los órganos consultivos -entre ellos, el CGPJ-, se prevé que la tramitación encalle en el Senado, donde el Partido Popular tienen mayoría absoluta. Con todo, el acuerdo entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont es ya una realidad y marca la cuenta atrás para la aprobación de la ley en la cámara baja.
El avance de Sánchez hacia su investidura se produce en paralelo a la crispación y rechazo uniforme de los actores judiciales. Si la semana arrancó con cierto silencio y prudencia en la judicatura a la espera de ver materializada la ley, ha terminado con la reacción de todos los operadores jurídicos.
El CGPJ, que el lunes sacó adelante su declaración institucional contra la amnistía con el respaldo de 9 de los 15 vocales presentes en el Pleno, emitía el jueves un comunicado que contaba con el apoyo de 13 de ellos. Vocales progresistas se sumaron a la nota de la Comisión Permanente en la que se habla de un "frontal rechazo" a las medidas que abogan por investigar en el Parlamento la actuación de los jueces.
Horas después de rubricar la nota, el CGPJ remitía el contenido de la misma a la Red Europea de Consejos de Justicia para que emitan un pronunciamiento sobre el contenido. "En opinión del CGPJ, dichos pactos, tanto por su finalidad como por su contenido, suponen la abolición del Estado de Derecho en España y un ataque a la independencia judicial y a la división de poderes", reza la nota remitida.
Con todo, la Unión Europea ya vigila muy de cerca al Gobierno por todo lo relacionado con la amnistía. El comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, pidió explicaciones a Moncloa este miércoles acerca del contenido y alcance de la norma pactada con el independentismo catalán.
La respuesta la formalizó Félix Bolaños, el cual descargó la responsabilidad de efectuar este trámite en los grupos parlamentarios. Una postura que, según las fuentes jurídicas consultadas por este medio, se ha entendido como un acto de "chulería y desprecio" por parte del Ministro de Presidencia.
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