La asociación Asociación Saharaui para la defensa de los Derechos Humanos(ASADEHD) ha vuelto a solicitar este jueves al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la "inmediata detención" del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para evitar que pueda "eludir la acción de la Justicia" y se le tome declaración como investigado por delitos cometidos presuntamente contra la población saharaui disidente refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia).
La asociación solicitó el pasado 23 de abril la reapertura de la querella presentada contra él y otros dirigentes polisarios por presuntos delitos de genocidio, asesinato, torturas y desapariciones al tener conocimiento de que Ghali habría ingresado en un hospital de Logroño bajo el nombre falso de Mohamed Benbatouche
Así, solicitó al magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, que comprobara la identidad de este hombre, para que ordenara su detención, notificación de la querella y declaración como investigado.
Posible declaración el 1 de junio
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han apuntado que el juez ya tiene sobre la mesa el informe de la Policía en el que se certifica que la persona que está hospitalizada desde abril en Logroño por covid-19 es Brahim Ghali y que tiene previsto tomarle declaración el próximo 1 de junio siempre y cuando no empeore su estado de salud.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la asociación ha vuelto a reiterar su petición de que el secretario general del Frente Polisario sea detenido para que "una vez puesto a disposición judicial se le tome declaración con carácter urgente como investigado".
Asimismo, interesa que tras su declaración se celebre la comparecencia regulada en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) "para valorar la adopción de medidas cautelares de carácter personal respecto del mismo", como puede ser la prisión provisional, "teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y de los delitos imputados, así como de las penas previstas, la flagrancia en su comisión, la contumacia en la ilegalidad y el riesgo de reiteración en las conductas antijurídicas".
También pide que se acuerden las medidas cautelares que se estimen pertinentes para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en que pudiera incurrir Ghali, incluyendo la exigencia de fianza y, en su caso, embargo de bienes.
Otra querella
Ghali y otros dirigentes del Frente Polisario también han sido querellado por el activista saharaui con nacionalidad española Fabel Breica por los delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad. Precisamente cinco de los investigados declaran mañana en la Audiencia Nacional.
Sidahmed El Bellal Hedda, Gali Sidi-Mohamed Adelyelil, Bachir Sayed, Mohamed El Khalil y Mohamed Salec Abdesamad comparecerán ante el juez Pedraz, después de que éste admitiera la querella en la que el activista afirmó que en abril de 2019 a su llegada a los campamentos de Tinduf (Argelia) fue sometido a amenazas por parte de agentes del Frente Polisario para que abandonara el lugar y fue acusado de traidor.
Tras organizar varios actos contrarios a la línea oficial del Polisario y tras convocar una manifestación, fue detenido por los militares y trasladado a centros de detención indeterminados. Durante ese periodo, dice, fue sometido a golpes, descargas eléctricas y se le mantuvo con los ojos vendados y con los pies y manos atados.
Además puso de manifiesto que tenía conocimiento de que la residencia de la gran mayoría de los dirigentes polisarios se encontraban en territorio español, pero que no era pública y notoria para evitar poder ser investigados en causas con ésta.
Admisión de recurso
El entonces juez instructor José de la Mata desestimó dicha querella en 2020 al entender que la Audiencia Nacional carecía de competencia para investigar "hechos cometidos por extranjeros en el extranjero". Ordenó que se acreditara la nacionalidad española o su residencia en España de los querellados, lo cual no se logró.
Su sustituto en el Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, decidió admitirla el pasado mes de enero tras estimar un recurso del activista saharaui. Indicó en su auto que "la falta de competencia del estado español para conocer de los hechos expuestos en la querella radica única y exclusivamente en la falta de residencia o nacionalidad de los querellados, razón igual por la que estos obstruyen u ocultan la misma".
"Entendemos, dada la entidad de los hechos denunciados, resulta necesario una investigación a fondo respecto de la residencia, estancia o nacionalidad de los querellados en base a facilitar la investigación", señaló el magistrado en los razonamientos jurídicos. Así, acordó librar nuevo oficio a la policía y a la Delegación del Frente Polisario en España para recabar datos.
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