Los agentes de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional que investigan las amenazas de muerte recibidas en redes sociales por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón y que éste denunció ante la Policía han identificado a dos personas y han detenido a una de ellas, aunque ya ha sido puesta en libertad. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones, según las fuentes jurídicas y policiales consultadas.
Tal y como adelanta 'El Mundo', esas identificaciones tienen que ver con las pesquisas que se realizaban para localizar a los responsables de las amenazas, que se produjeron en octubre de 2020, después de que el magistrado pidiera al Tribunal Supremo investigar al entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por tres delitos relacionados con la pieza 'Dina', en el marco del conocido como 'caso Villarejo'.
El titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional trasladó a la Policía que había recibido amenazas de muerte en la red social Twitter a raíz de esa exposición razonada remitida al Supremo en el marco de la pieza en la que se investiga el robo de la exasesora de Iglesias, Dina Bousselham, y el posterior uso de los datos que contenía el mismo. Algunos archivos aparecieron en el registro de la casa del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
La Comisaría General de Información asumió la investigación por las amenazas en redes sociales sufridas por el juez quien también dio traslado de las mismas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según explicaron a Europa Press fuentes policiales, la investigación la lleva la unidad que rastrea delitos en redes sociales enclavada en la CGI, ya que fue a esta comisaría a la que se remitió el juez para ponerle en conocimiento de lo que entiende que es una campaña de desprestigio iniciada tras su exposición razonada.
Dirigentes políticos
Ante el CGPJ presentó un escrito de cuatro páginas dirigido al presidente Carlos Lesmes denunciando la campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación que estaba sufriendo en redes sociales y en algunos medios de comunicación, y que le colocaban "en una situación de indefensión y de descrédito profesional".
Ya en marzo de 2019, el Ministerio del Interior puso escolta a García-Castellón tras denunciar un allanamiento en su domicilio.
Explicaba que esa campaña pretendía restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada, deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la campaña, además de difundir la idea de que la exposición no es fruto de su convicción jurídica sino de "una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política".
El magistrado indicaba que los mensajes contra su persona son repetidos y amplificados por muchos dirigentes, "entre ellos algunos miembros del Gobierno de la Nación". En este sentido, denunciaba que esos dirigentes con visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, "señalan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional".
Caso previo
Ya en marzo de 2019, el Ministerio del Interior puso escolta a García-Castellón tras denunciar un allanamiento en su domicilio. El juez llamó a la Policía porque un individuo sin identificar accedió a su vivienda particular en Madrid por la tarde mientras un familiar se encontraba en el interior.
La Policía Nacional se personó en el domicilio, donde tomó declaración al familiar del juez García-Castellón y buscó huellas del asaltante. Las diligencias policiales apuntaron a que este individuo estuvo varios minutos en la vivienda y recorrió varias estancias; posteriormente, salió dejando la puerta principal abierta. Fue otro familiar el que alertó de esta circunstancia al acceder a la casa.
El asaltante no sustrajo ningún objeto de valor ni documentos o el ordenador personal que utiliza el juez de la Audiencia Nacional, según informaron fuentes policiales. La puerta de acceso tampoco fue forzada.
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