Agentes de la Policía Nacional arrestaron este miércoles en Madrid al empresario Andrés Raúl Cano Olivares. Se trata de un exfutbolista que se pasó al mundo de la finanzas con una empresa llamada ARC (coincidente con sus iniciales) y que ha sido acusado de diseñar una estafa piramidal con cientos de damnificados como la que puso en marcha Bernard Madoff en Estados Unidos y que le costó una condena de 150 años. Fuentes de la investigación consultadas por Vózpópuli calculan que el dinero defraudado por ARC ascendería a cerca de 30 millones de euros.
Esta fuentes precisan que Andrés Raúl Cano fue arrestado en su domicilio de Villalba (Madrid), que fue registrado al igual que la sede social de ARC en el parque empresarial La Finca, ubicada en el distrito madrileño de Pozuelo de Alarcón. La compañía cuenta además con una sede comercial en la calle Mayor de Alcorcón en la que se firmaron la mayoría de contratos con los ahorradores, un total de 874, según los cálculos de los denunciantes. La empresa tiene además otra sede comercial en la calle Huéscar Málaga donde, según las fuentes consultadas, se estima que se firmaron alrededor de otros 400 contratos.
La investigación la dirige el Juzgado de Instrucción número 10 de Plaza de Castilla de Madrid y la fiscal Dolores Nieto a partir de la denuncia inicial presentada por un reducido grupo de afectados al que después se fueron adhiriendo decenas de víctimas. Tras pasar la noche del miércoles al jueves en los calabozos, Andrés Raúl Cano prestó declaración ante la magistrada titular del juzgado y quedó en libertad con cargos. Sus víctimas le denunciaron por los delitos de apropiación indebida, estafa multitudinaria y administración desleal. La jueza -que ha decretado el secreto de las actuaciones- ya le citó a declarar el pasado 31 de enero.
Versión del detenido
Este periódico se ha puesto en contacto con el acusado a través de su abogado, quien se ha limitado a confirmar la detención, pero ha eludido ofrecer ningún detalle del caso debido al secreto sumarial. Ha destacado la vocación de colaborar en todo momento con las autoridades por parte de su cliente y de aclarar los hechos por los que se le acusa que, según dice, no se ajustan a la realidad.
ARC, de la que Cano era el administrador único hasta julio de 2017, comenzó a operar en el año 2015 y según sus víctimas consiste en una estafa piramidal en la que se ofrece a los inversores un alto interés y promesas de una rápida revaloración de su dinero. Al final, en realidad, los altos intereses de los primeros inversores se van pagando con el dinero de los últimos clientes en llegar. Así hasta que el sistema no da más de sí y la burbuja estalla.
La compañía de Cano ofrecía tres tipos de servicio: Inversión de capitales, cuentas participadas y un servicio de contrato para el ARC Bank para la constitución de un futuro banco con sede en Luxemburgo. Se garantizaba un rentabilidad de entre un 2% y un 4% a la semana sobre el capital inicial invertido, por lo que al mes podía ascender entre un 8% o un 12%. Hay algunos casos de gente que entraron con 30.000 euros de inversión inicial y a los cuatro meses tenían 80.000 euros, explican las fuentes consultadas.
Avisos de la CNMV
De esas ganancias, el 70% iba para el inversor y el 30% restante para ARC. Esa presunta rentabilidad se conseguía, decían desde ARC, a través de exitosas inversiones en bolsa y otras actividades. Existía cierta facilidad para retirar el dinero hasta que a mediados de 2017 explotó la burbuja y el sistema se cayó dejando a cientos de personas sin sus ahorros. En verano de ese año la CNMV había lanzado una advertencia contra la empresa anunciando que no estaba autorizada para prestar servicios de inversión. En octubre la CNMV reiteró este aviso.
Son varios particulares los que han denunciado a Cano, también se ha creado una plataforma de afectados y además hay varios despachos personados con denuncias colectivas de gente como Garrigues, Misletrados, o Durán y Durán Abogados, que inició una causa en la Audiencia Nacional aún pendiente de decidir. Sólo este último despacho ya aglutina las denuncias de unas 200 personas, que reclaman un total de cinco millones de euros. Algunos de los daminificados ni siquiera residen en España y están pleiteando desde el extranjero.
En la Audiencia Nacional el caso recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 2 cuyo titular es el juez Ismael Moreno, quien no se considera competente para entender de esta causa y además ha restado gravedad a los hechos denunciados, según informan a este diario fuentes jurídicas consultadas por este diario. Las partes personas -que representan a más 500 personas- ya han recurrido esta decisión adoptada por el juez de la Audiencia Nacional.
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