Afrontar la llegada de personas migrantes a España de forma irregular es uno de los grandes retos, no solo para este país, sino para el conjunto de la Unión Europea. Pese a ser un problema común, las políticas sobre inmigración siguen lejos de consolidarse, y aunque en los últimos años los Estados miembros han tendido a converger y unificar criterios, las soluciones -complejas- al fenómeno de la inmigración continúan correspondiendo fundamentalmente a los países que conforman las fronteras exteriores del ‘espacio Schengen’. Es ahí donde los países del centro de Europa han puesto el foco, pidiendo reforzar los controles -una postura de la que España o Italia ya se han desmarcado- y priorizando la devolución de estos extranjeros, algo que en muchos casos resulta directamente imposible. ¿Por qué España no puede devolver a todos los inmigrantes que llegan de forma irregular? Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta, en primer lugar, la naturaleza de las fronteras españolas, que son en su mayor parte marítimas. A excepción de Ceuta y Melilla, las costas de Andalucía, Canarias o Baleares impiden que las personas que desembarcan de las pateras puedan ser expulsadas automáticamente, esto es, mediante las devoluciones 'en caliente' que han sido ya legalmente avaladas por la Justicia: tanto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como por el Tribunal Constitucional, que han refrendado una práctica que únicamente puede llevarse a cabo en las ciudades autónomas del norte de África. Los personas que alcanzan de forma irregular las costas españolas, ante la imposibilidad de su devolución automática, se embarcan en ese momento en un nuevo camino repleto de lagunas jurídicas. En un primer momento, las autoridades tratan de identificar a estos inmigrantes, algo que en muchos casos no es factible. "El problema es que mayoritariamente vienen sin documentación", reconocen a Vozpópuli fuentes gubernamentales, sabedoras de las dificultades que entrañan los procesos de deportación: "Por eso es imposible devolver a muchos de ellos a sus países de origen".
Acuerdos con los países de origen
Únicamente en los casos en los que estas personas son identificadas es posible iniciar un expediente de expulsión que ni es inmediato ni está garantizado. La devolución depende de los acuerdos bilaterales con los países de origen. Algunos de estos tratados son firmados por la propia Unión Europea. Según indican fuentes de la Comisión Europea, así ocurre con países como Turquía, Rusia o Pakistán, hasta un total de 17 Estados. Pero ninguno de ellos se encuentra entre la lista de lugares de procedencia habituales -de África, fundamentalmente- de los inmigrantes que acceden de forma irregular a las costas españolas. Por tanto, España tiene que alcanzar sus propios acuerdos con los países de origen.
España tiene que alcanzar sus propios acuerdos con los países de origen para devolver a los inmigrantes expulsados, lo que no garantiza la deportación de todos ellos
El Ministerio del Interior señala a este diario que "las devoluciones -termino genérico bajo el que se engloba cualquier proceso que implique la devolución de una personas en situación irregular en España- se realizan siempre en el marco de convenios bilaterales [publicados todos en el Boletín Oficial del Estado] y con respeto a la legislación española e internacional". El departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska sostiene que "su cadencia no depende de cuotas fijas ni de porcentajes preestablecidos, sino de los contactos que se van realizando regularmente con los terceros países para ir gestionando estas devoluciones", puesto que España tampoco puede devolver a los inmigrantes forzosamente por vía aérea sin la autorización del país en cuestión.
El porcentaje "verbal" de Marruecos: "Ese cupo se cubre rápidamente"
Sin embargo, otras fuentes gubernamentales sostienen que este tipo de acuerdos no siempre funcionan de ese modo y contradicen a Interior, al menos en lo que respecta a Marruecos: "España tiene que negociar con las autoridades marroquíes las devoluciones en función de un porcentaje fijo que no se puede superar". Este acuerdo de España con Marruecos "no existe por escrito", sino que es "verbal" y ronda alrededor del 10%. Solo ese porcentaje mínimo del total de inmigrantes marroquíes que acceden a España de forma irregular sería susceptible de esas devoluciones acordadas secretamente, según desvelan las fuentes referidas: "Ese cupo se cubre rápidamente".
Según fuentes gubernamentales, "España tiene que negociar con las autoridades marroquíes las devoluciones en función de un porcentaje fijo que no se puede superar"
A la complicación de negociar bilateralmente cada una de las devoluciones se ha sumado la pandemia. La crisis de la covid ha provocado un importante descenso del número de expulsiones. "Si bien es cierto que tras el inicio de la pandemia en España nuestras capacidades de devolución tendieron a cero, hemos comenzado hace semanas a recuperarlas y confiamos en recuperarlas plenamente a corto plazo", indican desde el Ministerio del Interior, sin aclarar oficialmente si son los países de origen los que fijan el número máximo de devoluciones que aceptan ni qué ocurre en los casos en los que dichos países se niegan a aceptar el retorno de sus ciudadanos.
Expulsión y devolución, o el "sufrimiento inútil" de los CIE
Existen dos vías de deportación: expulsión y devolución. La legislación española únicamente contempla la expulsión en los casos en los que los extranjeros hayan cometido delitos tipificados como graves o muy graves. Sin embargo, no es necesario un expediente de expulsión para llevar a cabo la devolución, salvo en contadas excepciones, como la de los menores, mujeres embarazadas o personas enfermas para las que esta medida pueda suponer un problema de salud, así como tampoco cuando el inmigrante haya solicitado protección internacional, incluso cuando sea denegada, puesto que lleva aparejada la autorización de entrada y la permanencia provisional del solicitante. Todas estas trabas limitan la capacidad de España para devolver a su país de origen a todos los inmigrantes irregulares; que no ilegales, un calificativo que la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Europea y multitud de instituciones independientes desechan desde hace ya décadas, puesto que los inmigrantes sin papeles son personas que únicamente han incurrido en una falta administrativa. Precisamente por eso, no ha sido eficaz la política de implantación de centros de internamiento de inmigrantes (CIE), a los que teóricamente deben ser dirigidos aquellos extranjeros que no puedan ser devueltos en 72 horas, previa autorización judicial. Incapaces de asumir el volumen real de personas que acceden irregularmente a España, estos centros se encuentran saturados, por lo que en muchos casos el internamiento no es una opción.
Según las cifras oficiales, la mitad de los inmigrantes que pasan por los CIE no han cometido ningún delito y son puestos en libertad después de meses internados ante la imposibilidad de devolverlos a sus países
Los opacos y conflictivos CIE han sido criticados por multitud de oenegés e inclusos asociaciones católicas, como el Servicio Jesuita a Migrantes, que advierte de que la mitad de los internos no ha cometido ningún delito que justifique su reclusión. En sus informes anuales sobre los CIE, bajo títulos como 'Sufrimiento inútil' o 'Diez años mirando para otro lado', el Servicio Jesuita a Migrantes arremete con dureza contra estos centros y pide su cierre. Según las cifras oficiales, la mitad de los internos que pasan por estos centros son puestos en libertad después de varios meses de encerrados por una mera irregularidad administrativa. La otra mitad de los inmigrantes que pasan por un CIE sí son expulsados, aunque igualmente tras un largo encierro que evidencia las dificultades para hacer cumplir los acuerdos alcanzados con sus países de origen y que también pone en cuestión las propuestas de partidos como Vox, que aboga por devoluciones a discreción imposibles de acometer.Dejar en libertad a los 'sin papeles' haciendo la 'vista gorda' ha sido y sigue siendo una práctica habitual de gobiernos de uno y otro signo, puesto que lo cierto es que España ni tiene opciones de devolverlos ni cuenta con una infraestructura preparada para dar una acogida humanitaria efectiva. Suelen ser oenegés y entidades religiosas las que se encargan de alojar de forma urgente a los inmigrantes cuando llegan, y los servicios y derechos a las que estos pueden acceder son mínimos. Sin posibilidad de aprender el idioma o regularizar su situación, muchos optan por seguir su viaje hacia el centro de Europa, pues España no es un país de destino, sino más bien de tránsito, pero lo suficientemente concurrido como para colapsar los canales de recepción.Y una vez libres, esos inmigrantes han de enfrentarse a una última frontera -el margen que explica la marginalidad- que tardarán años en cruzar: la que separa su situación irregular de los trabajos legales a los que aspiran y no pueden acceder, con todo lo que esto implica.
Sánchez y Conte, frente al plan franco-alemán sobre inmigración
Los países centroeuropeos han alertado de la situación y la Comisión Europea propuso el pasado mes de septiembre un plan para afrontar el problema. Los líderes de Alemania, Francia, Austria y Países Bajos escenificaron su unión hace una semanas con una cumbre sobre inmigración de la que excluyeron a España, Italia y Grecia, pese que es en estos países donde se ubican las fronteras exteriores que el eje del centro de Europa pide reforzar. España ya se ha desmarcado del planteamiento inicial, mostrando su temor ante la posibilidad de que "la realidad desborde las previsiones", especialmente en lo que respecta a las fronteras marítimas, y reclamando más inversión para contribuir al desarrollo de los países de origen y reforzar el sistema de acogida.
Frente a la postura de los países del centro de Europa, Pedro Sánchez y Giuseppe Conte tienen una posición "asimilable": España e Italia creen necesario "repartir las cargas" con aquellos estados miembros que "se sienten un poco al margen de estos problemas"
Los Gobiernos de España e Italia han mostrado su intención de hacer un frente común para que se tenga en cuenta la realidad de los países receptores de inmigración. Esta misma semana, el presidente español Pedro Sánchez y el presidente italiano Giuseppe Conte celebraron por su cuenta una cumbre bilateral en la que, más allá de lo referente a la crisis sanitaria por la pandemia de la covid-19, manifestaron su preocupación por la falta de consenso en materia de inmigración. Sánchez y Conte recalcaron que su visión sobre el tema es "asmilable" e incidieron en la necesidad de "repartir las cargas" con los países de la Unión Europea que "se sienten un poco al margen de estos problemas": "No puede ser que sea el país de primera llegada el que soporte toda la carga”, aseveró Conte, abogando por un acuerdo que por el momento no está, pero se le espera.
Entretanto, España sigue tratando de controlar por su cuenta los flujos migratorios procedentes de las costas marroquíes, donde las mafias que se lucran con las esperanzas de los migrantes siguen encontrando rutas que en estos momentos tienen a Canarias como principal destino. La incesante llegada de pateras al archipiélago en las últimas semanas ha superado la capacidad del sistema de acogida, por lo que el Gobierno se ha visto forzado a reubicar los inmigrantes en hoteles vacíos y realizar traslados a la Península tras la criticada decisión de dejar en libertad a parte de los extranjeros que se encontraban hacinados en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. Pero nada ha conseguido revertir una situación que amenaza con ir en aumento. Tras el intento de Marlaska por frenar esta oleada de pateras con un encuentro con su homólogo marroquí, el Gobierno de Marruecos ha vuelto a abrir el grifo: el vecino tiene la llave y nadie puede poner puertas al mar. 
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