El Gobierno de España, ante la crisis migratoria que vive El Hierro, ha decidido repartir a los inmigrantes por la península y alojarlos en hoteles de cuatro y cinco estrellas a la espera de tramitar su estancia en el país o su deportación. Un 'modus operandi' que también han llevado a cabo en Italia con el rechazo mayoritario de grupos políticos y ayuntamientos tras la situación que ha sufrido Lampedusa durante todo el verano.
Mientras el Gobierno de Meloni estudia cómo endurecer sus fronteras para que esta situación no vuelva a repetirse, Pedro Sánchez y José Luis Escrivá no se plantean tocar una sola coma de la legislación sobre inmigración pese a la vulnerabilidad que ha manifestado España ante la llegada masiva de personas desde el otro lado del Estrecho. El presidente del Gobierno en funciones aseguró el pasado sábado durante el Comité Federal que mantendrá su política migratoria, rechazando "la xenofobia y el racismo", que "están vivos en el debate público actual".
Sánchez denunció que la derecha es incapaz "de ejercer la solidaridad incluso con otros territorios donde gobiernan ellos mismos", en referencia a Canarias y el rechazo de los ayuntamientos de la península a recibir y alojar inmigrantes ilegales. Una posición contraria a la del resto de Europa, que ante esta crisis migratoria ha decidido fortalecer las fronteras y dificultar los accesos al país.
Italia, en condiciones normales, exige 5.000 euros de fianza a aquellos inmigrantes ilegales que acceden al país para permitirles que se muevan libremente. Los que no abonen dicha cantidad, son enviados a centros de detención hasta tramitar sus papeles. Además, desde el Gobierno de Italia han endurecido los accesos al país y han dado más ayudas a la policía, hasta el punto de promover un proyecto para duplicar el número de centros de internamiento.
Mientras Italia trata de aumentar su número de camas para no recurrir a hoteles, Grecia se sitúa en el punto de mira por llevar a cabo devoluciones en caliente. La Comisión Europea ha puesto bajo el foco al país en varias ocasiones por no asistir a las embarcaciones que llegan a sus aguas: en su lugar, les 'remolcan' hasta aguas turcas, de donde proceden habitualmente.
Médicos Sin Fronteras ha denunciado estas devoluciones en caliente, que se han producido junto a desapariciones y trato vejatorio, según un informe que recoge las declaraciones de más de 50 afectados. Unas acusaciones que se han repetido durante años, pero que no provocan un cambio de rumbo en las políticas migratorias helenas. Pese a las críticas, desde Atenas no se han producido declaraciones al respecto.
Portugal, desde que el socialismo llegó al poder, trató de utilizar la inmigración a su favor, acogiendo personas para compensar la falta de trabajadores en algunos sectores. Este fenómeno salió bien en un principio, pero el sistema con los años ha terminado de colapsar: bajo la promesa de recibir un pasaporte europeo, se produjo un 'efecto llamada' que ha terminado por desequilibrar la balanza de oferta-demanda. Ahora, el compromiso del país es otorgar la visa o efectuar la deportación como máximo sesenta días después del desembarco.
En el norte del continente han decidido actuar al margen de la Unión Europea -cuyo pacto para la inmigración todavía sigue en el aire- para cerrar una política de inmigración común más férrea. En una reunión de los ministros de Justicia de Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca e Islandia se ha decidido llevar a cabo vuelos conjuntos para que los inmigrantes viajen en un vuelo a un tercer país. También se les ofrecerá volver a su país de origen a aquellas personas varadas en el norte de África a la espera de un transporte a Europa bajo la promesa de darles apoyo a restablecerse allí.
Además, el compromiso es adoptar el actual modelo danés, cuyo objetivo es reducir el número de solicitantes de asilo a cero. Suecia es uno de los países cuya línea de comunicación es más dura. "En Suecia ya no hay cultura de la bienvenida", reza su imagen a nivel internacional.
Problemas para deportar en toda Europa
Los países nórdicos sufren el mismo problema que el resto de Europa: hay un gran atasco en las deportaciones. Aunque se emiten las órdenes y se entregan a quienes les corresponde, estas no terminan de producirse. Alemania ha puesto el foco en conseguir este efecto, firmando un acuerdo con Marruecos, que ahora aceptará a algunos de los inmigrantes deportados. Con este acuerdo, el objetivo del país es acelerar las deportaciones y evitar así el cuello de botella que sufre actualmente.
Este problema también lo sufre España: en nuestro país apenas se expulsa al 3% de las personas que tienen en su poder una orden de deportación. Esto se debe a que estas se frenan por cuestiones humanitarias y también por falta de acuerdos entre el Gobierno y el país de origen de la persona. Aunque lo más común es que no cuenten con pasaporte, de manera que se desconoce su lugar de origen y por tanto no se les puede deportar.
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