El Govern de la Generalitat sigue con su pulso al Tribunal Constitucional y se niega por séptimo día consecutivo a publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la suspensión de la Ley del Referéndum dictada por el Alto Tribunal el pasado jueves.
El Constitucional ordenaba publicar la suspensión cautelar tanto en el Boletín Oficial del Estado como en el DOGC, en su edición del día siguiente. El Ejecutivo español así lo hizo el mismo viernes. Sin embargo, el Gobierno catalán está dilatando la publicación de la orden, que supondría una suspensión de facto del referéndum del 1 de octubre.
Fuentes del Gobierno consideran que la estrategia que el equipo de Carles Puigdemont responde a un intento de construir el relato de que el Govern no reconoce al Alto Tribunal español y sólo responde ante el Parlamento de Cataluña.
Preguntado al respecto, el propio Conseller de presidencia y portavoz del Ejecutivo Catalán, Jordi Turull, aseguraba desconocer el motivo por el que aún no se ha hecho efectiva la publicación de la suspensión del TC. "Al DOGC llegan muchos anuncios y no le puedo informar del 'minuto y resultado' de esta cuestión", respondía en rueda de prensa. En el Congreso, desde el grupo del PDeCat eluden pronunciarse sobre este asunto.
Sin embargo, fuentes de Moncloa recuerdan que la Abogacía del Estado estudia desde el miércoles la posibilidad de pedir al Constitucional que envíe un exhorto a la Generalitat para exigir la publicación de la suspensión en 'el BOE catalán'. Incluso, indican, el propio Tribunal Constitucional podría actuar de oficio.
Fuentes del Alto Tribunal confirman este último aspecto, aunque no adelantan si finalmente optarán por esa vía. Respecto a la posible petición de la Abogacía del Estado, recuerdan que los siguientes pasos dependerían de lo que esta solicite. Lo que sí señalan son los responsables de las publicaciones oficiales, recogidos en la providencia del 7 de septiembre.
El director general del Diari es Jaume Domingo está citado por el Tribunal de Cuentas para comparecer en relación a la consulta del 9N. Es uno de los altos cargos de la Generalitat que podrían tener que responder con su patrimonio personal por la anterior consulta en la que se emplearon fondos públicos.
La del Diari Oficial no es la única desobediencia de los independentistas al Constitucional.
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