Yolanda Díaz y Unidas Podemos no quieren que el acuerdo para bajar IRPF a los salarios hasta 21.000 euros y subir a las rentas del capital a partir de 200.000, alcanzado aprisa y corriendo “solo por necesidad electoral del PSOE”, sea interpretado por sus socios como carta blanca para dar ya por aprobados los Presupuestos Generales del Estado 2023.
Por eso vana exigir a Pedro Sánchez otro compromiso: que el proyecto de ley de Vivienda tope la subida de todos los alquileres de las llamadas zonas tensionadas, también de pisos de propietarios particulares, no solo grandes fondos de inversión. Y en este asunto, advierten fuentes del partido morado a Vozpópuli, cuentan con el apoyo del otro socio clave del bloque de investidura: ERC, que junto a Junts pel Cat, necesita ese tope estatal para aplicar la legislación catalana sobre alquileres tumbada en marzo por el Tribunal Constitucional.
La pasada semana, mientras el foco informativo empezaba a virar desde la negociación presupuestaria a la ”subasta fiscal” PP/PSOE, hubo discretas reuniones de coordinación entre la vicepresidenta Díaz y la secretaria general y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Ambas compartieron su malestar por la imagen de ”desbarajuste” y “seguidismo” a los populares que transmite la parte socialista del Ejecutivo a propósito del pulso fiscal con Alberto Núñez Feijoo.
Montero no quería bajada del IRPF
“Hacienda puede decir ahora que llevaba meses preparando la rebaja del IRPF pero este martes, cuando se reúne la comisión negociadora, en materia de fiscalidad lo que la ministra María Jesús Montero lleva a la mesa es solo la bajada del IVA en los productos de higiene femenina al 4%; incluso, a la mañana siguiente, miércoles, cuando algunos medios ya publicaban que Moncloa quería rebajar IRPF a las rentas más bajas -presionado por el PP pero también por el anuncio de Ximo Puig de que baja ese impuesto a los valencianos que ganan hasta 60.000 euros al año- todavía Montero andaba diciendo en los pasillos del Congreso que era un error”, señalan estas fuentes.
De hecho, no solo la titular de Hacienda criticó a Puig. La reacción ese mismo martes de la portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, o la del propio portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, fue de contrariedad y malestar con el barón socialista valenciano por haber desbaratado la estrategia de respuesta a la eliminación del impuesto de Patrimonio por parte del Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla; de Juan Jósé López Miras en Murcia, y la bonificación del 50% en Galicia.
Desde Podemos se respaldan un acuerdo fiscal que estaba previsto desvelar junto con el pacto presupuestario del cual Yolanda Díaz fue informada in extremis por el presidente, pero lamentan que se haya hecho así, “a rebufo del PP” y, sobre todo, ”corriendo a última cuando hemos tenido tres años de legislatura para acometer la reforma fiscal en profundidad que este país necesita, donde paguen más los que más tienen; no parches”.
Podemos ve al PSOE ”nervioso” por las encuestas favorables al PP e intenta atarle en corto exigiéndole también un compromiso para prohibir los desahucios y desokupaciones cuando se trate de familias en situación de vulnerabilidad, con o sin menores a cargo
Los morados ven al PSOE ”nervioso” y compitiendo ya con el PP tras la derrota en Andalucía el 19 de junio y los malos pronósticos para las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023. Por ello intentan atarle en corto exigiéndole también un compromiso para prohibir los desahucios y desokupaciones cuando se trate de familias en situación de vulnerabilidad con o sin menores a cargo. Y que “la totalidad” de viviendas de la SAREB, la gestora de vivienda pública del Estado, sean incluidas en el parque público de alquiler.
No les ha gustado nada la enmienda anunciada por el Grupo Socialista para que se pueda desalojar a los okupas en las 48 horas que siguen a la denuncia del propietario -Rafael Mayoral recordó este jueves a Patxi López que “no está gobernando con Mayor Oreja”- y la enmarcan en un estudiado giro a la derecha de un Sánchez presionado por los barones del PSOE, en particular del castellano-manchego, Emiliano García Page, temerosos de perder el poder en mayo próximo.
Tensión por los perros de caza
Algo similar, dicen, a lo ocurrido recientemente con otra enmienda, a la Ley de Protección Animal, por la cual se excluye a los perros de caza del ámbito de aplicación de la misma para darles una legislación específica. La presión del mundo rural y de los cazadores -En España hay 713.139 con licencia que gastan 10.000 euros/año de media, mueven 6.500 millones y generan 187.000 empleos en los pueblos- ha sido muy fuerte, con manifestación en Madrid incluida.
Tanta presión hizo mella entre los alcaldes, barones y ministros socialistas, que fueron gota a gota esta primavera a La Moncloa a hacer ver a Pedro Sánchez que el partido se estaba ”suicidando” en el mundo rural con una posible fuga de voto hacia Vox, muy activo en la protesta de los cazadores, y el PP.
No obstante, desde Podemos insisten en que los socialistas se han metido en la boca del lobo con la rectificación que supone enmendarse a sí mismos en un proyecto salido del Consejo de Ministros, porque el respeto a los animales es un tema muy sensible para otros votantes de izquierda. Sin ir más lejos, este viernes hubo concentración frente al Congreso para protestar por esa exclusión de los galgos y demás perros de caza de la llamada ley de bienestar animal, con la participación de famosos como el actor Fernando Tejero o los presentadores Susana Grisso y Jorge Fernández, o la periodista Pilar Eyre:
Aunque no en el mismo plano de importancia que el tope a los alquileres o la paralización de desahucios y okupaciones de familias en situación de vulnerabilidad, Podemos va a poner también sobre la mesa de negociación presupuestaria el cheque-bebé para madres sin empleo, la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad y la financiación de planes de empleo.
El Ministerio de Igualdad quiere también dinero para su Plan Corresponsables, aprobado en marzo de este año y orientado a favorecer la conciliación de las familias con niñas, niños y jóvenes menores de hasta 16 años de edad desde un enfoque de igualdad entre mujeres y hombres.
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