La aprobación de la polémica ley de Memoria Democrática con el apoyo de Bildu está levantando ampollas incluso en sectores vinculados con el PSOE. En la tarde de este viernes se ha difundido un manifiesto a través de las redes sociales en contra de la nueva legislación impulsada desde el Gobierno y pactada con la izquierda 'abertzale'. Algunas fuentes apuntan a que el escrito ha sido promovido por el entorno de Alfonso Guerra o los Múgica, aunque también se ha señalado a la 'Asociación de Defensa de los Valores de la Transición'. Una de las peticiones de esta carta es el replanteamiento de estas normas en la tramitación parlamentaria que aún está pendiente.
El documento carga duramente contra la ley por poner en cuestión el pacto constitucional de 1978. "No aceptamos que el pacto constitucional sea objeto de una tergiversación injusta y ajena a la verdad histórica", reza el escrito. También se denuncia uno de los puntos que más polémica se ha ocasionado tras la aprobación de la ley, que prevé investigar como "período sospechoso" hasta diciembre de 1983, una vez que ya se había celebrado el referéndum constitucional, tres elecciones generales, dos municipales y varias autonómicas.
"La reconciliación fue una de las claves de la Transición y así quedó plasmado en la Constitución. Exigimos al Gobierno, a su presidente y a los responsables de los grupos parlamentarios el replanteamiento del proyecto de la ley de Memoria Democrática basado en el consenso por el bien de nuestra convivencia y el futuro de nuestra democracia", señala el escrito.
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Los que firman el documento, que no se han identificado, explican en el mismo que son personas de muy distinta procedencia y que se manifiestan en contra de esta legislación tras haberla examinado. "Sentimos el deber cívico de manifestar nuestra oposición a la orientación que el proyecto ha tomado, y queremos trasladarla al Gobierno, a los legisladores y a la sociedad española".
En el documento se aclara que se apoya el objetivo de reivindicar la memoria de las personas que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y la represión posterior y que se quiere contribuir a superar la secuelas del conflicto mediante la promoción de la concordia y la convivencia. "Apoyamos y respaldamos cuantas acciones desplieguen los poderes públicos para la localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil, así como las medidas reparadoras del daño y del sufrimiento causado a las víctimas, pudieran añadirse a las ya adoptadas desde el inicio mismo de la Transición".
Pacto constitucional
Los firmantes del escrito reivindican que la democracia española se fundamental en el gran "pacto constitucional" de 1978, refrendado por una amplia mayoría de españoles. "No podemos aceptar que ese pacto sea objeto de una tergiversación tan injusta y tan alejada de la verdad histórica, como hace el proyecto de ley, incluso abriendo la posibilidad de extender el "periodo sospechoso" de la dictadura hasta el 31 de diciembre de 1983".
Una de las principales preocupaciones que expresan los firmantes es que la extensión que se ha incorporado a propuesta de Bildu, partido político calificado como heredero de la banda terrorista ETA.
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