Dignidad y Justicia da un paso más en su lucha para que se ilegalice Bildu. La asociación de víctimas se ha dirigido al fiscal general del Estado, Álvaro García, para que inicie el proceso de ilegalización de la formación abertzale. Según sostiene, el partido que lidera Arnaldo Otegi habría vulnerado la Ley de Partidos en lo relativo a la inclusión en las listas electorales de condenados por terrorismo que no han rechazado públicamente sus actuaciones.
Se trata de un movimiento que se produce apenas horas después de conocerse que la Fiscalía de la Audiencia Nacional no iba a abrir ninguna investigación en relación a los 44 etarras que van en las listas de Bildu. El órgano ha respondido este mismo miércoles a la denuncia de la asociación explicando que, tras estudiar las sentencias que afectan a estos candidatos, no se infiere que haya ilícito penal y tampoco que concurra causa de inelegibilidad.
La asociación que preside Daniel Portero ha respondido que el decreto dictado por el fiscal jefe, Jesús Alonso, y por la teniente fiscal, Marta Durántez, no ha abordado todas las cuestiones que se ponían sobre la mesa. Según razona "se ha limitado" a responder acerca de si estas 44 personas podrían ser o no electas en los comicios del próximo 28 de mayo en función del cumplimiento de las inhabilitaciones que pesaban sobre ellos. Sin embargo, consideran que tendrían que haberse pronunciado también acerca de si con esta actuación Bildu vulnera también el artículo 9.3 de la Ley Orgánica 6/2022 de Partidos Políticos.
Piden ilegalizar Bildu
Es por ello que ahora recurre a la Fiscalía General del Estado a la que comunica por carta que la inclusión por parte de Bildu de condenados por delitos de terrorismo en sus listas no es algo aislado ya que ya había actuado en ese sentido en los comicios de 2016 y 2019. Así pues, más allá de la vía penal en la cual se estudiaría lo relativo a las inhabilitaciones, esta asociación de víctimas considera que se debe ir directamente hacia la ilegalización de la formación abertzale.
"No solo están vulnerando sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales de las víctimas del terrorismo, sino que están promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, se está legitimando las acciones terroristas cometidas por todos y cada uno de los candidatos y se está minimizando su significado", indican en una nota.
Al hilo esta asociación considera que el comunicado que dieron a conocer ayer los siete candidatos condenados por delito de sangre en el que anunciaban que no recogerían su acta de diputados "no desvirtúa un ápice" la vulneración de la ley. Al respecto explican que esta declaración de intenciones que ratificó Arnaldo Otegi no evidencia un cambio real ya que no han pedido perdón expreso a los víctimas y tampoco se disculpan de los atentados cometidos en estos años.
"Vulnera los derechos fundamentales"
"Se presentan como sujetos que velan por la paz y convivencia y como reaccionarios a todos aquellos que claman contra su candidatura", defiende la asociación. Además expone que los 44 etarras candidatos van a concurrir en los comicios del País Vasco y Navarra independientemente de que luego cumplan lo prometido y no recojan el acta, en caso de salir electos.
Es por ello que ahora recurren al fiscal general del Estado para que delegue en los fiscales competentes el estudio sobre la posible ilegalización de Bildu. Alegan también que el partido ha vulnerado sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales de las víctimas del terrorismo y que ha justificado o legitimado algunas de las acciones cometidas por la banda terrorista en los 50 años en los que estuvo activa.
“Promueve, justifica o exculpa los atentados contra la vida o la integridad de las personas y apoya tácitamente el terrorismo, legitimando las acciones terroristas cometidas por todos y cada uno de los candidatos que concurren a los procesos electorales, minimizando su significado y la vulneración de los derechos fundamentales de las víctimas del terrorismo, y por ende, vulnera lo establecido en los artículos 9.2 y 9.3 de la Ley de partidos políticos”, indica Dignidad y Justicia.
En este caso concreto, y al tratarse de un partido político, el asunto tendría que derivarse a la Fiscalía de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, según confirman fuentes jurídicas a este medio.
