El Ministerio de Fomento ha aceptado la dimisión como director de Seguridad en la Circulación de Renfe de Antonio Lanchares, imputado en la causa judicial por el accidente del tren Alvia en Angrois (Santiago) ocurrido el pasado 24 de julio de 2013, con 80 muertos y 144 heridos, según han confirmado a Europa Press en fuentes de Renfe.
Lanchares presentó su dimisión irrevocable, que ya ha formalizado, si bien ya había manifestado su voluntad de renunciar al cargo tras la reunión del ministro, José Luis Ábalos, con las asociaciones de víctimas del accidente de Angrois, según precisaron las mismas fuentes.
En ese encuentro del pasado martes las asociaciones de víctimas (Asociación de Perjudicados del Accidente Ferroviario del Alvia (APAFAS) y la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155) pidieron al ministro, como venían haciendo desde hace años, que cese a los cargos imputados de Renfe y Adif, puestos de libre designación, y reclamaron que se les facilite la documentación relevante sobre la tragedia que está en manos "exclusivamente" de Renfe y Adif.
Fomento trasladó que evaluaría el cese del director de seguridad de Renfe, Antonio Lanchares, según indicaron el pasado martes las asociaciones de víctimas, que calificaban de "vergonzoso" que una persona "hoy investigada en los juzgados" por "80 muertes por imprudencia" siga siendo director de seguridad de Renfe.
"Les he pedido perdón en nombre de este Gobierno. La atención a las víctimas nos ayuda a mejorar como sociedad y nos impulsa a mejorar en seguridad. He tomado buena nota de sus reivindicaciones", aseguró Ábalos tras reunirse con las víctimas.
Renfe frenó su primera dimisión
Lanchares ya había presentado en octubre de 2017 su dimisión tras conocer que el juez que investiga la causa lo citaba como investigado, si bien Renfe frenó la decisión del director de Seguridad en la Circulación de la empresa pública.
En sede judicial Lanchares aseguró que su "sensación" era que los maquinistas consideraban que el salto de velocidad que se producía en la curva de A Grandeira, donde se produjo el accidente del tren Alvia y había que reducir de 200 a 80 kilómetros por hora, era "normal entre comillas".
El juez Andrés Lago lo llamó a declarar en calidad de investigado tras asegurar el otro alto cargo imputado (Andrés Cortabitarte, su homólogo en su día en Adif) que la responsabilidad de evaluar los riesgos era "compartida" entre el administrador de infraestructuras y la operadora ferroviaria.
En los juzgados son siete las personas investigadas por posible responsabilidad penal: el maquinista (que circulaba con un exceso de velocidad al tener que atender una llamada del interventor), dos altos cargos de Adif, uno de Renfe (Lanchares) y tres técnicos de la consultora pública Ineco (estos seis por un eventual análisis de riesgos deficiente).
El encuentro del martes de Ábalos con las asociaciones de víctimas se produjo dos meses después de que empezase a funcionar formalmente en el Congreso la comisión parlamentaria sobre el accidente, que se inició con una ronda de comparecientes en la Cámara Alta con el testimonio de algunas víctimas del siniestro. Los trabajos se retomarán tras el verano con más comparecientes, entre ellos los exministros de Fomento José Blanco (PSOE) y Ana Pastor (PP).
El PSOE votó inicialmente en contra de la comisión de investigación en el Congreso, pero su cambio de posición con la llegada de Pedro Sánchez permitió que este órgano saliese adelante.
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