La Fiscalía Anticorrupción descarta investigar a Dina Bousselham, la que fuera asesora de Pablo Iglesias, por falso testimonio. El Ministerio Público ha remitido un escrito al juzgado del caso Villarejo en el que, aunque reconoce que los testigos incurrieron en "contradicciones de sus versiones", se opone a la petición de la acusación Prolege de indagar si mintió en relación al robo de su teléfono móvil.
En un escrito remitido al juzgado y al que ha tenido acceso Vozpópuli el Ministerio Público explica que no tiene cabida esta nueva derivada que abrió el magistrado Manuel García Castellón el pasado 1 de septiembre. De esta forma respalda a la exasesora del líder de Podemos, la cual también se opuso a que se indagase si había cometido delito al contradecirse en las testificales prestadas estos años.
Se trata de un asunto que va a resolver la Sala de lo Penal el próximo 5 de mayo, según consta en la nueva documental adherida al sumario. La Sección Tercera fija esa fecha para deliberación y votación y designa como ponente a la magistrada Carolina Rius. La Sala mueve ficha un día después de que el Juzgado Central de Instrucción número 6 haya remitido todas las actuaciones.
Deliberación el 5 de mayo
Así pues, el asunto se estudia con un retraso de siete meses ya que fue en septiembre cuando el magistrado Manuel García Castellón dedujo testimonio para que se investigara a Dina Bousselham por varios delitos. El instructor del caso Villarejo abrió dos vías: por un lado remitió estas actuaciones a Plaza Castilla para que indagase un presunto delito de falso testimonio y, por otro, pidió los juzgados de Alcorcón para que les investigara por presunta simulación de delito y denuncia falsa.
La Sala de lo Penal fija el 5 de mayo para deliberar y fallar sobre el recurso de Dina contra la petición del juez de investigarla por mentir, presuntamente, con la filtración en prensa de su tarjeta
El motivo de que se enviase a Alcorcón reside en que Dina y su pareja Ricardo Sa Ferreira denunciaron el extravío de su teléfono móvil en los juzgados de esta localidad. El juez Agustín Carretero respondió en octubre declinando atender la petición de la Audiencia Nacional. Según explicó, los delitos que atribuían a la pareja guardaban relación directa con el presunto falso testimonio que se pidió investigar en Plaza Castilla.
Carretero argumentó que lo que se investiga es si Dina, cuando amplió su denuncia en los juzgados de Alcorcón, trataba de ocultar que los pantallazos de los chats con los líderes de Podemos publicados en prensa los hizo ella misma. Dicho de otro modo, si existió una "estrategia fraudulenta ideada por la entonces dirección de Podemos". Por ello devolvió la denuncia a la Audiencia avisando que se debería investigar de manera conjunta con la derivada a Plaza Castilla.
Anticorrupción respalda a Dina
Por su parte, Dina Bousselham recurrió el auto del 1 de septiembre. La analista se opuso a que los juzgados le investigaran por sus contradicciones sobre todo el episodio ocurrido en 2015 y señaló de nuevo a la policía patriótica como la artífice de todo este asunto. Las partes personadas se pronunciaron en el mes de septiembre, a excepción de la Fiscalía que presentó su escrito en abril.
Pese a haber transcurrido siete meses de aquello, no ha habido movimiento alguno en los juzgados. Como adelantó Vozpópuli, el magistrado del caso Villarejo ha vuelto a remitir el asunto a los juzgados de Plaza Castilla ante la posibilidad de que la denuncia de septiembre se haya extraviado, ya que no hay rastro de la misma en el Decanato de estos juzgados.
Así pues, en paralelo a esta tramitación, la Sala resolverá el recurso de Dina y las alegaciones de las partes. Mientras las acusaciones que ejercen Vox y la Asociación de Juristas Europeos Prolege respaldan que se le investigue por presunto falso testimonio, la Fiscalía no ve motivos para abrir esta vía. Según razonan, las diligencias se centran exclusivamente en los hechos que afectan a José Manuel Villarejo y su presunta organización criminal. Así pues, añaden que aunque las declaraciones de los testigos -entre los que se encontraban Pablo Iglesias- evidenciaban "vaguedades contradicciones de sus versiones" éstas no influyeron en el resultado final de las pesquisas.
Las contradicciones de Dina
Se trata de un nuevo episodio en esta pieza décima del caso Villarejo que se abrió en marzo de 2019. La misma pone el foco en el comisario y los periodistas que le habrían facilitado el contenido del teléfono de Dina. Aunque tanto la exasesora de Podemos como su jefe irrumpieron en la causa como perjudicados, el magistrado terminó señalando a Iglesias por el borrado de la tarjeta, ya que la propia Dina confirmó en una de sus comparecencias como testigo en la Audiencia Nacional que el exlíder de Podemos se la devolvió meses después de acceder a ella.
Dina confesó que ya no nunca pudo recuperar el contenido de la SD y que ella fue la autora de los pantallazos de las conversaciones de los chats de Podemos que se publicaron en prensa; extremo este último que había negado en un principio. La pieza décima del caso Villarejo se abrió tras el hallazgo en el registro de su domicilio de dispositivos con el contenido de fotografías y material privado de Bousselham. El comisario jubilado negó haber filtrado esta información a prensa y dijo que poseía este material porque dentro de la Policía se investigaba una presunta financiación ilegal de Podemos.
Sin embargo, la investigación pivotó sobre él y se ofrecieron acciones tanto a Dina Bousselham como a Pablo Iglesias en su condición perjudicados. Ambos declararon en la Audiencia Nacional y manifestaron haber sido víctimas de las cloacas del Estado. Pero el avance de las pesquisas sufrió varios giros de 180 grados, propiciados principalmente por los cambios de versión de Dina, hasta el punto que el magistrado instructor señaló a Iglesias como el responsable de la destrucción del contenido de la tarjeta y le acusó de actuar "con temerario desprecio hacia la verdad".
Causa en suspenso
Al respecto envió una exposición razonada al Tribunal Supremo para que le investigase por denuncia falsa, daños informáticos y revelación de secretos. El alto tribunal, competente para tratar el asunto al estar entonces aforado, denegó abrir causa contra Iglesias y le devolvió las actuaciones para que investigase más a fondo el asunto. Fue entonces cuando se requirió a la Policía Científica para que ampliara su estudio sobre las condiciones de la tarjeta.
Los agentes tardaron cerca de un año en responder y dijeron que no se podía averiguar ni cómo se produjo el borrado ni quién fue la última persona que la utilizó debido a que no pudieron acceder a su contenido. De esta forma se cerró la vía para poder actuar contra Iglesias por estos hechos ya que, en paralelo, la Sala de lo Penal le devolvió su condición de perjudicado y Dina dejó claro que no se sentía afectada por su actuación.
Así pues, García Castellón cerró la investigación y siguió adelante contra Villarejo y los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles. La Sala de lo Penal le obligó a reabrir esta pieza para investigar si la policía patriótica tuvo algo que ver en el presunto robo que se produjo, según Dina, en noviembre de 2015 mientras se encontraba con su pareja Ricardo Sa Ferreira en Ikea. La Dirección Adjunta Operativa (DAO) respondió al requerimiento negando que en sus archivos se encontrara alguna nota relativa a Dina; movimiento que volvió a dejar la causa en un callejón sin salida.
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