El magistrado Manuel García Castellón da el primer paso para enviar al banquillo a José Manuel Villarejo y a los periodistas implicados en el conocido como 'caso Dina'. El instructor, que propone juzgar a los tres imputados por delito de revelación de secretos, mueve ficha tras dar por concluida la pieza décima del caso Villarejo que se centró en el presunto robo y la difusión en prensa del contenido de la tarjeta de Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias.
En un auto firmado el 18 de mayo y que avanza Vozpópuli, el magistrado de la Audiencia Nacional explica que tras cuatro años de instrucción, ésta debe seguir los trámites del procedimiento abreviado para los tres imputados. Además, da traslado a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que en el plazo de 10 días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o, por el contrario, el sobreseimiento de la causa.
El magistrado explica que actúa contra Villarejo y contra los periodistas Luis Rendueles y Alberto Pozas a tenor de los indicios que se han ido recabando en estos años "así como ante la extensa y abundante documentación que obra en la causa y las declaraciones de los testigos y los investigados". En la misma se ha intentado dilucidar qué ocurrió exactamente con la tarjeta del móvil de Dina, la cual denunció que se la robaron en unos grandes almacenes e noviembre de 2015.
Villarejo, de nuevo al banquillo
La pieza bautizada como 'Dina' es una de la que más vueltas ha dado desde que empezó a investigarse en 2019. La causa comenzó señalando exclusivamente a Villarejo como el principal sospechoso de filtrar contenido íntimo que Dina almacenaba en su teléfono y que terminó publicado en prensa. El motivo principal reside en que el comisario jubilado guardaba en su casa de Boadilla del Monte una copia de todo el contenido de la tarjeta sustraída. Ello motivó la apertura de esta línea de la investigación y la citación de Dina y de su exjefe, Pablo Iglesias, como perjudicados.
La imputación se basa en los indicios de los hechos probados, así como en la extensa y abundante documentación que obra en la causa y las declaraciones de testigos e investigados
Ambos declararon ante el juez instructor haber sido víctimas de Villarejo y de la conocida como policía patriótica y apuntaron que el robo del teléfono correspondía a una campaña política para difamar a Podemos de cara a las elecciones. No obstante, el avance de la investigación y la práctica de diligencias propiciaron giros de 180 grados que llevaron al juez a dudar de la versión de los perjudicados e incluso a pedir al Tribunal Supremo que actuara contra el líder de Podemos (y entonces vicepresidente segundo del Ejecutivo) por denuncia falsa, daños informáticos y revelación de secretos.
Manuel García Castellón entendió que ambos habían mentido al ocultar que los pantallazos que se filtraron en prensa de los chats que atesoraba Dina los difundió ella misma. Del mismo modo también cuestionó que el exlíder de Podemos mantuviera en su poder la tarjeta de su exasesora alrededor de medio año y que, para cuando se la devolviera, ésta ya no se pudiera visualizar porque estaba destrozada.
Reapertura de la investigación
Con todo, ni la empresa a la que se mandó repararla ni la Policía Científica pudieron averiguar más detalles sobre el destrozo de la SD, de ahí que el juez cerrara la vía de actuar contra ellos y se centrara en Villarejo y en los periodistas imputados. En paralelo, la Sala de lo Penal le devolvió a Pablo Iglesias su condición de perjudicado.
De hecho, cabe recordar que no es la primera vez que se actúa contra los investigados. El magistrado ya propuso juzgar en 2020 a los tres imputados, pero la Sala de lo Penal le obligó a reabrir la investigación para interrogar al exDAO de la Policía Nacional Eugenio Pino, en aras a esclarecer si todo esto respondió a una maniobra de la policía patriótica. Pino lo negó.
Por eso ahora el juez se centra ahora en la presunta revelación de secretos que se produjo con la difusión en prensa del contenido del teléfono. Al hilo determina que la investigación ha permitido esclarecer "su recorrido" hasta llegar al comisario jubilado. Según sostiene, en enero de 2016 parte de la información que contenía la SD de Dina llegó a manos de Alberto Pozas. El entonces periodista de Interviú compartió los archivos con el subdirector de la revista, Luis Rendueles, aunque el dispositivo se acabó entregando a Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta.
A principios de 2016 -cuando todavía no había comenzado a investigarse esta causa de espionaje- Villarejo contactó con Rendueles y le pidió que le entregara una copia de los archivos de tarjeta. El juez recalca que, pese a saber que contenía "una información personal ajena a Villarejo", los periodistas accedieron a la petición y le facilitaron parte del contenido. En paralelo, Asensio se citó con Iglesias a quien le comentó que tenía la tarjeta de Dina. Ambos la visualizaron e Iglesias se la llevo. Meses después se la devolvió a su legítima dueña pero ya no se podía acceder a su contenido.
El criterio de los periodistas
El magistrado hace hincapié en que ninguno de estos archivos confidenciales y privados se publicaron en Interviú aunque actúa contra los periodistas de la antigua cabecera y contra Villarejo al considerar que habrían cometido un delito de revelación de secretos. Éstos, por su parte, siempre han defendido su inocencia y han pedido el archivo de su causa alegando que el perdón de Dina sobre Pablo Iglesias debería hacerse extensivo a ellos también.
Es decir, si Dina no se sintió perjudicada por su exjefe lo mismo debería ocurrir para ellos, de manera que la imposibilidad de perseguir penalmente al exlíder de Podemos debería hacerse extensiva a los dos periodistas. Igualmente apelaron a las contradicciones de Dina ya que los soportes encontrados en casa de Villarejo no son los que ellos le facilitaron, de manera tal que se descartaría la revelación de secretos.
Pero el magistrado no comparte ese criterio. Además García Castellón tampoco ha cerrado la puerta a que se investigue a Dina Bousselham y a su pareja por presunto falso testimonio. Por ese motivo accedió a la petición de Prolege (quienes ejercen la acusación popular en el procedimiento) y en septiembre derivó el asunto a Plaza Castilla, por tratarse de los juzgados ordinarios competentes para investigar estos hechos.
De un lado pidió al Decanato de los juzgados de Madrid que indagase si Dina y su expareja, Ricardo Sá Ferreira, cometieron falso testimonio y, de otro, se remitió a los juzgados de Alcorcón para que les investigara por simulación del delito y denuncia falsa. El motivo reside en que fue en estos juzgados donde ambos denunciaron el extravío del móvil; una denuncia que ampliaron en 2016 y que, según el juez, sería ficticia ya que todo correspondería a una estrategia política de Podemos.
El magistrado de Alcorcón devolvió la denuncia al considerar que ambos asuntos deberían investigarse de manera conjunta. Sin embargo, tal y como avanzó Vozpópuli, el asunto quedó varado desde septiembre hasta el pasado mes de abril, cuando García Castellón ordenó de nuevo remitir las actuaciones a Plaza Castilla ante la posibilidad de que se hubieran extraviado. En este tiempo la Sala de lo Penal resolvió también sobre el recurso de Dina en el que se oponía que se abriera la vía para actuar contra ella y falló dando la razón al magistrado instructor.
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