No eran observadores internacionales, eran visitantes. Ese es el argumento que empleó ante el juez el exresponsable del Diplocat, Albert Royo, para justificar que esta institución destinase fondos para contratar y trasladar a Cataluña a diputados europeos en las fechas del referéndum del 1-O. Se le acusa de tratar con ello de legitimar y difundir la consulta ilegal en el extranjero.
“¿Visitantes internacionales no es lo mismo que observadores internacionales?”, le interrumpió su abogada durante su interrogatorio el pasado julio ante el juez que investiga el 1-O. “No, para nada”, respondió Royo, quien declaraba en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, acusado de un presunto delito de rebelión por haber actuado con abuso de sus funciones públicas y malversación.
“Pueden ser desde políticos a gente del mundo de la empresa, gente del mundo de la cultura, jóvenes líderes que participan en una visita para conocer de primera mano una realidad. Es una práctica muy habitual en la diplomacia pública”, explicó. El Diplocat fue suprimido después de que el Gobierno aplicase el artículo 155 de la Constitución.
Admitió los pagos
Royo, cesado el 30 de octubre del año pasado, admitió haber sufragado los gastos de desplazamiento y alojamiento estas personalidades internacionales, pero en todo momento negó que su presencia tuviese el interés de fomentar o legitimar el referéndum. En su defensa dijo que se les ofreció una agenda de pluralidad para que pudiesen entrevistarse con representantes de todo el arco ideológico.
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“Hemos invitado a unas 300 personas en programas similares, en este caso era una petición de diputados extranjeros. Me decían que tenían interés de estar en Cataluña a finales de septiembre porque la situación era complicada y querían conocer de primera mano lo que estaba sucediendo. Nos limitamos a hacer nuestro trabajo”, dijo al juez Juan Antonio Ramírez Sunyer.
Defendió que la función de Diplocat era promocionar una imagen positiva de Cataluña en el extranjero, pero negó que se tratase del embrión de una diplomacia catalana o que formase parte de la Generalitat que tiene su Consejería de Exteriores. Según dijo, el Gobierno autonómico era un integrante más junto a 39 instituciones entre las que se encontraba la propia Generalitat, empresas, sindicatos o hasta el Fútbol Club Barcelona.
